María Ruiz
Es importante capacitar a magistrados, jueces, abogados, funcionarios y miembros de la sociedad civil en materia de derechos humanos y la familia en San Luis Potosí, para deconstruir toda la violencia estructural que permanece en los espacios de impartición de justicia, concluyeron las abogadas Lidia Luna Arellano y Alma Luz Bernal, en el Congreso Nacional de Derechos Humanos y la Familia.
Luna Arellano, secretaria de Estudio y Cuenta del Poder Judicial del Estado, y Luz Bernal, juez mediadora de Paz Internacional, participaron en el Congreso Nacional de Derechos Humanos y la Familia, organizado por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y la Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga Leija”, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Ambas recalcaron que actualmente son fundamentales las herramientas que promocionen los derechos humanos, sobre todo porque existen motivaciones que revisten el reconocimiento y la importancia de actuar contra la impunidad.
“Hay una gran necesidad de promoción de los derechos humanos en medio del contexto de impartición de justicia, es decir, necesitamos socializar y difundir los derechos humanos como una forma de vida y ahí es donde tenemos gran trabajo, sobre todo en el acceso de justicia”, explicó Luz Bernal.
Señalaron que aún existen grandes áreas de oportunidad en la administración de justicia, sobre todo cuando se trata de realizar un recurso efectivo ante tribunales y este reconozca el marco normativo de los derechos de la familia, así como de las mujeres y las infancias a tener procesos oportunos, ágiles y de calidad.
En este contexto recordaron la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí para conceptualizar la violencia vicaria, y cómo a pesar de ello hace falta reforzar los modelos de atención y capacitación permanente de las autoridades.
Esta modificación visibiliza las violencias de las que son objeto las infancias y la defensa del derecho y el principio del interés superior del niño y la niña.
Un hecho que expone el por qué las autoridades deben estar preparadas y aptas para prevenir este tipo de violencias, atenderlas y sancionarlas, siempre con una perspectiva en derechos humanos.
Lo anterior con el objetivo de evitar que se empleen recursos como la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la reforma sobre la violencia vicaria, a petición de integrantes del grupo Igualdad de Derechos para Padres Solteros en México, al considerarla violatoria de los derechos humanos.
“Esa acción de inconstitucionalidad lamentablemente se presentó bajo la presión de un grupo y lo voy a decir con todas sus letras: minoritario, que de verdad siguen revictimizando a todas esas mamás víctimas de la violencia y todo ese conglomerado de agresiones”, dijo Luna Arellano.
Agregó que esta es una muestra de la importancia de que las autoridades se encuentra capacitadas, para que analicen y tomen decisiones acertadas, por lo que esperan que la Corte declare improcedente dicha acción de inconstitucionalidad.
Asimismo, la abogada detalló que estos hechos reflejan una ausencia de empatía, pero sobre todo la falta de apego que los servidores públicos tienen con la administración y procuración de justicia, así como el poco acercamiento a los principios generales y fundamentales de los derechos humanos.
“También es entender la deuda histórica que se tiene con nosotras como mujeres para poder deconstruir estas visiones patriarcales de la justicia, feminizarla y aterrizarla, por eso con este Congreso nuestra intención, además de capacitar a todos, buscamos y necesitamos hacer una cadena para poder resolver la violencia y generar herramientas en todos los operadores de justicia para poder deconstruir la violencia que tenemos como sociedad y en estos espacios de defensa”, apuntaron.
