María Ruiz
La firma del decreto presidencial en el que se reconocen y salvaguardan lugares, sitios sagrados y rutas de peregrinación indígenas es importante, pero también tiene implicaciones serias, de acuerdo con la activista indígena y maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Palmira Flores.
Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el 9 de agosto una disposición en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para controlar la protección de los territorios sagrados: Isla del Rey, en San Blas, Nayarit; Isla de los Alacranes, en Chapala, Jalisco; Cerro Gordo, en la comunidad de San Bernardino de Milpillas, Durango; la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán en Mezquitic, Jalisco; y Wirikuta, en Catorce, San Luis Potosí.
“Hay que conocer que hacer un decreto en la que se protege a un sitio sagrado es bastante importante y tiene implicaciones muy serias, sobre todo porque los pueblos originarios en México tienen un problema, o tenemos un problema muy fuerte, cuando hablamos de territorio, ya que estos espacios se han otorgado incluso a empresas sin consentimiento de comunidades. Hay explotación del recurso que se encuentra dentro de estos territorios, como de su flora y fauna y para los pueblos originarios tiene un sentido muy espiritual”.
Palmira Flores reconoció que el decreto, que tiene base constitucional, podría ser de gran ayuda y resultar en un impacto positivo para los sitios sagrados, sus ceremonia y cultos.
Sin embargo, remarcó la ligera línea en la que el Estado, como figura de poder, pudiera intervenir y hasta limitar el uso de suelo de estos territorios.
“Se han dado ocasiones en las que se dice que se va a hacer un decreto para sitios naturales o para nombrar un espacio como área protegida, pero eso lo único que hace es también limitar el uso de ese suelo a las poblaciones originarias. En lo que pareciera que es algo positivo los comienza a limitar, y entonces es el Estado el que tiene control sobre el territorio, ya no son las poblaciones indígenas. Por eso quiero ser muy cuidadosa con esa parte sobre si es positivo o no, es saber cuál es el impacto, pero creo que es positivo porque sé que una de las luchas constantes que han tenido estas comunidades y es justa la protección de sus sitios sagrados”.
Pese a los cuestionamientos que pudieran surgir o dudas ante la aplicación de este decreto, Palmira Flores señaló la significación de las poblaciones originarias, así como su territorio, donde existe una importancia simbólica y biocultural que se debe recocer.
“Lo que es un hecho es que las poblaciones originarias del territorio mexicano han estado peleando eso por mucho tiempo, sobre todo porque es muy difícil que el Estado o los gobiernos reconozcan lo que las comunidades demandan, casi siempre es algo más que le sirva al Estado. Creo que en ese contexto de estas cosas, es un punto muy favorable para el gobierno mexicano, pero sobre todo para la demanda de los compañeros de los pueblos”.
El decreto de Sitios Sagrados dispone garantizar el derecho efectivo de la protección y salvaguarda de estos territorios, preservar su territorio natural y cultural, así como espacios territoriales que no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería u otras. Para garantizarlo, se tendrá que realizar una Comisión Presidencial que sesionará al menos dos veces al año, con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas y programas para su preservación.
Esta nueva comisión también tendrá el trabajo de identificar las fechas exactas de peregrinación de los pueblos, garantizar medidas de libre tránsito por su territorio, indagar y determinar la superficie que abarcan los territorios sagrados, además de emitir lineamientos referidos sobre su gestión y promover en las entidades federativas y municipios que se lleven a cabo las medidas del decreto.