José de Jesús Ortiz
Fue una audiencia larga, de cerca de cuatro horas. Inició con la misma tónica de las dos últimas a partir del testimonio de empleados de los Servicios de Salud que aportaron poca información sustanciosa en el proceso penal en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la dependencia, a quien no mencionaron ni señalaron alguna responsabilidad en el hecho delictivo del que se le acusa en la época en que era director de Salud Pública.
Durante la comparecencia del quinto de los testigos ofertados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la defensa del extitular de Salud logró exhibir, a través del contrainterrogatorio, diversas debilidades y deficiencias en la investigación en la recolección de pruebas aportadas en la investigación, entre ellas, a juicio de la defensa, que no se siguió la cadena de custodia.
Para la audiencia realizada en la Sala Seis del Centro Integral de Justicia Penal de La Pila estaba programado que comparecieran siete testigos aportados por la FGE, aunque debido a que la sesión se extendió cerca de cuatro horas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó concluir cuando solo habían comparecido cinco de ellos.
El más relevante y que abarcó la mayor parte de la audiencia fue el de una agente de investigación, adscrita a la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía, responsable de realizar actos de investigación y diversas inspecciones en seis de las jurisdicciones sanitarias, y en los Servicios de Salud para acreditar que no se entregó el plaguicida para combatir el dengue.
En la audiencia, la FGE continuó con su estrategia de ofertar los testimonios de trabajadores de jurisdicciones sanitarias quienes expusieron que el plaguicida —motivo central de la denuncia contra el exfuncionario— no fue entregado. Para ello, la Fiscalía presentó los testimonios de cuatro testigos, básicamente responsables del área de almacén en las jurisdicciones sanitarias 7, 6 y 4, ubicadas en los municipios de Tancanhuitz, Tamazunchale y Rioverde, respectivamente, así como el de la agente de investigación.
Durante el interrogatorio realizado por los representantes de la FGE y el asesor jurídico público de la parte ofendida, los testigos explicaron el trabajo que realizan en distintas jurisdicciones sanitarias y el procedimiento que siguen para la entrada y salida de productos en las áreas de almacén.
Todo ello, para acreditar que no recibieron en abril de 2020 el plaguicida con base en una sustancia química conocida como clorpirifós, además de que se falsificaron las firmas de los responsables para simular la entrega, como atestiguaron también diversos testigos en las audiencias previas.
De manera coincidente, señalaron que el motivo de su comparecencia en el juicio se debía a que fueron entrevistados por un agente de la Fiscalía en febrero de 2022 como parte de la investigación por la compra del plaguicida (198 tambos de 208 litros) realizado por los Servicios de Salud; entre otros aspectos, indicaron que las cantidades reportadas como entregadas a las jurisdicciones sanitarias nunca ingresaron a los almacenes y que se trata de espacios reducidos en los que no es posible almacenar el producto.
El testimonio de los cuatro primeros testigos se desahogó de manera rápida, con pocos cuestionamientos de los representantes de la Fiscalía y de la defensa.
Enseguida compareció una agente de investigación adscrita a la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía, quien dijo haber realizado seis inspecciones en diferentes municipios para efectuar actos de investigación sobre la compra del plaguicida para combatir el dengue, que a través de vales aparentemente firmados por los responsables de las áreas de almacén, se reportó como entregado a las jurisdicciones sanitarias.
En su testimonio, señaló que el 1 de febrero de 2022 estuvo en el almacén general de los Servicios de Salud, ubicado en la avenida de La Paz en el Barrio de Tlaxcala, y pudo recorrer las instalaciones del lugar. Producto de ello, registró la inspección en un acta, acompañada de una secuencia de fotografías tomadas con su teléfono, así como un croquis que realizó del lugar.
Precisó que un trabajador de la caseta de entrada, de nombre Sandro Vega Méndez, fue quien le dio acceso al almacén general. Inspecciones similares, según declaró, las realizó en los días siguientes en las jurisdicciones sanitarias ubicadas en las cabeceras municipales de Tamazunchale, Tancanhuitz de Santos, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y la capital potosina.
En todas ellas dijo haber seguido el mismo proceso que en el almacén general de los Servicios de Salud, el cual consistió en revisar las instalaciones, las áreas de almacén y vectores, además de hacer un registro fotográfico como evidencia; también dijo haber entrevistado a empleados en cada una de ellas, “aproximadamente 14 personas”, respondió a la Fiscalía.
Posterior a ello, el representante de la Fiscalía pidió autorización a la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, Claudia Hernández Ibarra, para mostrar a la testigo 14 imágenes de su inspección al almacén general de los Servicios de Salud (presentes en la carpeta de investigación), lo cual fue aceptado. Enseguida, solicitó que pudieran ser proyectadas cada una de las imágenes en la pantalla de la Sala y pidió a la testigo precisar detalles de lo mostrado en ellas.
Esto alargó la audiencia y el representante de la Fiscalía solicitó al Tribunal que decretara un receso para localizar otras imágenes de una de las inspecciones que realizó la agente de investigación, lo cual fue aceptado; luego de media hora se retomó la audiencia y antes de continuar el defensor jurídico del acusado, Alejandro Manríquez Laguna, solicitó agilizar el procedimiento para economizar tiempo y expuso que se incorporaran todas las imágenes, pues de ello no tenían objeción.
El Tribunal determinó que prosiguiera el interrogatorio, por lo que el representante de la Fiscalía siguió la misma dinámica, mostró a la testigo imágenes de dos inspecciones más y luego las proyectó en la pantalla, pidiéndole además describir y explicar diversos detalles.
Cerca de las 4 de la tarde, la Fiscalía concluyó con el interrogatorio a la testigo y tocó el turno a la defensa para hacer el contraexamen realizado durante poco más de media hora por Alejandro Manríquez Laguna, titular del despacho Mlegal; aprovechó algunos resquicios para exhibir deficiencias en el proceso de integración de evidencias. Le pidió a la testigo responder con un sí o no y comenzó su cuestionamiento:
—Usted dijo ser licenciada en Derecho ¿cierto o falso?
—Cierto.
—Y dijo tener seis años de experiencia como agente de investigación.
—Cierto.
—Y como parte de su trabajo ha sido capacitada en técnicas de investigación, ¿es correcto?
—Sí.
—Y conoce lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras normativas, para desempeñar su trabajo, ¿cierto?
—Sí.
—Sabe que es necesario preservar la evidencia, ¿cierto?
—Sí.
—Conoce que toda evidencia es necesaria embalarla, ¿es correcto?
—Sí.
—¿Y sabe que es necesario hacerlo para que no pierda credibilidad?
—Sí.
—¿Usted jamás realizó la cadena de custodia de la evidencia?
—No.
—¿Sabe que lo que no tiene cadena de custodia puede perder credibilidad?
—Sí.
—Sí pierde credibilidad, ¿cierto?
—Sí.
—En el interrogatorio con la Fiscalía, le pusieron a la vista fotografías, ¿cierto?
—Sí.
—Vio que estaban en blanco y negro.
—Sí.
—Las que tomó usted eran a color, ¿cierto?
—Es correcto.
—No son las mismas porque usted las tomó a color, ¿cierto?
—Sí, son las mismas.
—¿No son a color?
—No son a color.
(…)
—Usted dijo que ingresó al almacén general ¿cierto?
—Cierto.
—No le autorizó el ingreso un juez, dijo que se lo autorizó una persona de la entrada, Sandro Vega Méndez, ¿cierto?
—Sí.
—¿No le autorizó un órgano jurisdiccional?
—No
—El acta de inspección fue firmada por usted, ¿cierto?
—Sí.
—¿El acta fue firmada por Sandro Vega Méndez?
—No.
—Usted ingresó a un inmueble y recabó fotos, ¿cierto?
—Es correcto.
—Usted jamás rindió un informe a un juez por haber ingresado al inmueble, ¿cierto?
—Es correcto.
—A Sandro Vega jamás le informó que tenía que comparecer ante un juez para acreditar su ingreso al inmueble, ¿es correcto?
—Sí.
—¿No se acreditó como servidor público?
—Sí se acreditó.
—El teléfono con que tomó las fotos es de usted, ¿es correcto?
—Sí.
—Jamás lo registró, ¿es correcto?
—Sí.
—Sabe que todo lo que se usa para una inspección debe estar acreditado y registrado.
—Sí.
—Todas las fotos que le mostraron del almacén central las tomó porque le dio consentimiento Sandro Vega Méndez, ¿cierto?
—Sí.
—¿Que es mejor, una foto a color o una a blanco y negro?
—Yo las conozco, me da lo mismo.
Sin pausa, el defensor continuó el mismo cuestionamiento en relación al resto de inspecciones realizadas por la agente de investigación.
—En relación a la Jurisdicción 6 en Tamazunchale, usted dijo que hizo una inspección el 2 de febrero, ¿cierto?
—Correcto.
—En esa inspección dijo que se le dio acceso al lugar, ¿es correcto?
—Sí.
—Respondió a la Fiscalía que lo que asentado en el acta es lo que sucedió, ¿es así?
—Sí.
—No asentó quién le dio autorización para ingresar, ¿cierto?
—Tengo entrevistas.
—¿No asentó quién le dio autorización?
—No, porque está en la entrevista.
—En la Jurisdicción Sanitaria Número 7 usted también levantó inspección del lugar, ¿cierto?
—Sí.
—Es la misma que informó a la Fiscalía, ¿cierto?
—Sí.
—Jamás asentó quién le dio consentimiento, es ¿correcto?
—Correcto.
—Además ingresó al almacén, ¿es así?
—Sí.
—Sabe que tiene que tener autorización, ¿cierto?
—Sí.
—Y que el consentimiento tiene que ser ratificado ante un juez, según el Código Nacional de Procedimientos Penales.
—Sí.
—¿Lo sabía?
—No.
—¿Y está capacitada?
—Sí.
(…)
En algún momento del contrainterrogatorio, el abogado defensor se refirió a expresiones no verbales, muecas que realizaba la testigo, lo que motivó también la intervención de la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento.
“Estoy viendo que está sonriendo, no sé si le causa risa mi trabajo, si alguna pregunta no le queda claro o es motivo de risa, le pido me lo diga”, advirtió el abogado a lo cual siguió una objeción por parte de la Fiscalía. Ante ello, la juez intervino y apercibió a la testigo: “Se advierte alguna circunstancia… pido seriedad a lo que se está contestando”.
Y se retomó la fase final del interrogatorio de la defensa.
(…)
—En la Jurisdicción Número 1, usted hizo una inspección el 15 de febrero de 2022, ¿cierto?
—Ingresó al inmueble, ¿es correcto?
—Sí.
—¿Hizo la inspección?
—Sí.
—Usted firmó la inspección, ¿es así?
—Sí.
—En el acta jamás asentó el nombre de quien le permitió el ingreso, ¿cierto?
—Hay una entrevista previa.
—En esa inspección, en el acta ¿firmó quien le dio consentimiento?
—No.
—¿Usted notificó a un juez del consentimiento para acceder?
—No.
En otras de sus respuestas, la agente de investigación señaló que el acta de inspección de las visitas realizadas a las jurisdicciones sanitarias solo llevaba su firma porque ella era quien realizaba el acto de investigación; aseveró que solamente en la inspección realizada en el almacén central de los Servicios de Salud asentó el nombre de quien le permitió el acceso, en las demás no.
Cerca de la 4:30 de la tarde, el Tribunal de Enjuiciamiento dio por concluida la comparecencia de la testigo.
También, la presidenta del Tribunal valoró el cansancio en las partes, dijo que era importante tener la atención necesaria para el desarrollo de la audiencia y consideró conveniente continuar este viernes por la mañana, lo cual fue aceptado.
El juicio oral en contra del extitular de la Secretaría de Salud continúa este viernes, en la audiencia se tiene programada la comparecencia de cuatro testigos, entre ellos quien fuera apoderado legal de la empresa regiomontana Public HealthSupply and Equipment de México, a la que en abril de 2020 se le asignó de manera directa el contrato por 32 millones de pesos por la venta del plaguicida.
