Estela Ambriz Delgado
Luego de ser agredidos y reprimidos por oponerse al funcionamiento del Acueducto II de Querétaro, habitantes de la comunidad de Maconí, quienes son uno de los cinco casos que forman un “cinturón extractivo” por trasvases estudiado por el Colegio de San Luis (Colsan) y otras instituciones, exigen ser escuchados, se garantice su derecho humano al agua, y que pare la criminalización de los defensores del agua.
Los pobladores de la comunidad de Maconí, en el municipio Cadereyta, Querétaro, caminaron desde el viernes 20 de octubre hacia el Palacio de Gobierno más de 180 kilómetros, y llegaron el martes 24.
Sin embargo, al día de hoy no han sido recibidos por el gobernador Mauricio Kuri, a quien le exigen los escuche y cumpla con el acuerdo que firmó.
Uno de los objetivos de la marcha y la audiencia solicitada es frenar la criminalización de los defensores del agua, ya que el pasado 1 de octubre algunas personas de la Delegación de Maconí fueron amedrentadas, agredidas y arrestadas por miembros de la Policía Municipal y Estatal, mientras intentaban suspender el funcionamiento de la planta 1 del Acueducto II, que abastece de agua potable a la zona industrial y fraccionamientos privados de la capital y zona conurbada de Querétaro.
Derivado de dichas agresiones, nueve personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que se encuentra grave debido a que se le fracturaron dos costillas cuando la arrojaron hacia una alcantarilla, y tanto el delegado como el Comisariado Ejidal fueron detenidos por algunas horas y posteriormente liberados, aunque se les abrió carpeta de investigación.
Al respecto de la situación, el investigador del Colsan, Francisco Peña de Paz, consideró que las agresiones marcan una situación complicada debido a la injusticia y falta de mecanismos para resarcir esos procesos, no se les escucha, e incluso a veces se les niega cualquier recurso legal para defenderse.
“Es algo de lo que hay que tomar nota porque en general se venían teniendo otros escenarios en el país, de mayor apertura y diálogo. Entonces no se comprende porqué el gobernador de Querétaro se comporta de esta manera tan agresiva con sus propios ciudadanos”.
Peña de Paz explicó que en casos como este y otros que han visto en la investigación “Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica, prácticas colectivas para la justicia hídrica”, lo que sucede es que una vez que una ciudad establece un cordón de extracción de agua en una región, en lugar de que eso termine asegurando un volumen suficiente para la ciudad que se lo propone, empieza un ciclo de creciente extracción que beneficia solamente a los intereses de unos pocos.
Para analizar sobre el SLP y trasvase Monterrey VI
Francisco Peña señaló que desde el Colsan se han enfatizado en que los trasvases inician un proceso de extracción creciente, concretamente en el caso del proyecto Monterrey VI, que afectaría un área importante de San Luis Potosí y la Huasteca, que es una región multicultural formada por pueblos originarios que serían presionados para extraer agua hacia la zona urbana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
“La zona metropolitana de Monterrey ahora se plantea cinco metros cúbicos por segundo, pero no hay que olvidar que tienen una asignación de 15, que es muchísimo, nada más basta decir que El Realito traerá a la ciudad, cuando finalmente funcione, un metro cúbico por segundo frente a 5, y frente a 15. A corto plazo es una cantidad simplemente estratosférica, desmesurada; eso pasa con los trasvases, inician un proceso de extracción creciente, lo vemos en todos los casos en los que hemos estado estudiando”.
Asimismo, el investigador indicó que en el caso de Querétaro el problema no es la falta de agua, sino la distribución y su acaparamiento para uso industrial y los negocios inmobiliarios, pues en varios estudios del proyecto han documentado que no se disminuyó la extracción de agua subterránea cuando se instaló el Acueducto II, y su construcción se justificó en la protección del acuífero.
“Eso no sucedió porque las aguas subterráneas, que en general son de mejor calidad, están destinadas para las industrias, los parques industriales en el área conurbada, negocios inmobiliarios generalmente destinados a clases sociales altas, en donde se ofrecen un conjunto de amenidades vinculadas con el agua, desde lagos y actividades deportivas vinculadas con cuerpos de agua, uso de jacuzzis o albercas en pequeños fraccionamientos, de manera que hay un acaparamiento de agua por parte de una minoría dentro de la ciudad”.
Francisco Peña expresó que la comunidad de Maconí tiene derecho a exigir que sus autoridades les respondan, porque para ellos no quedó nada del agua que se trae por ese acueducto.
Además dijo que no se debe perder de vista que la extracción de agua para Querétaro ha afectado también a comunidades del municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo, que de la misma forma fueron burlados y se les incumplió convenios firmados con autoridades para obtener a cambio algún tipo de compensación o beneficio en obras de abastecimiento comunitario.
