Abelardo Medellín
Irregularidades, revictimización, lentitud y peticiones de desistir en denuncias es todo en lo que ha incurrido la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, acusaron los afectados por el fraude que orquestó la empresa Invercorp, misma que integra el grupo corporativo Infinite, dirigido por el empresario potosino Gabriel Salazar Soto, quien ha sido señalado por tener empresas de conformación sospechosa y contratos inadecuados con la Secretaría de Salud.
Alfonso Vásquez Martínez, uno de los afectados por la empresa Invercorp, y quien ha organizado un bloque de 93 denunciantes contra Gabriel Salazar, recordó que el día de ayer se realizó una manifestación pacífica frente al edificio de la Fiscalía con la que pretendían exigir celeridad en las investigaciones contra Salazar Soto.
Dicha manifestación tuvo como resultado una reunión con el vicefiscal Aarón Edmundo Sánchez Espinoza, pero este servidor público, con un tono agresivo, comenzó a inquirirlos en lugar de guiarlos en su proceso: “comenzó a gritar, levantar la voz; al licenciado le comenzó a decir ‘mal que usted no engaña a sus clientes, usted no ha presentado nada’, cuando el vicefiscal ni enterado estaba del caso”.
El día de hoy, el abogado Salvador Iglesias adelantó que por estos hechos presentarían un juicio de responsabilidad contra el vicefiscal por abuso de autoridad.
Según Vásquez Martínez, después de haberlos inquirido, Sánchez Espinoza salió del lugar donde los habían reunido y tiempo después bajó el fiscal, quien les pidió que asistieran a una reunión para tratar a grandes rasgos su demanda, sin embargo “cuando salimos de la Fiscalía ayer, pasamos a la mesa de Patrimoniales y ahora nos salen que tenemos que comprobar de dónde sacamos el dinero que invertimos”.
En este sentido, explicó que personal de la Fiscalía del área de Patrimoniales le pidió a los denunciantes que perdieron su dinero en la empresa Invercorp que ahora comprobaran sus ingresos personales con los que participaron en la empresa: “eso es contra la ley, en el artículo 16 dice lo que se le solicita a un denunciante, y también dice que no puedes violentar la seguridad, integridad y los datos personales de las personas, y ahora ellos lo pasan por alto, nos piden en la Fiscalía algo que no está permitido”, remarcó.
El denunciante detalló que esta solicitud la hizo el encargado del área en la Fiscalía, Raúl Gonzáles López, quien incluso les pidió que no sólo declararan cómo conseguían sus ingresos personales, sino que lo comprobaran a través de algún documento certificado.
Vásquez Espinoza reclamó que hasta ahora la forma en que la Fiscalía ha aplicado “tácticas dilatorias” para no proceder con la investigación del caso, pareciera responder a “intereses políticos”, de los cuales, apuntó, no quiere participar ni saber.
Por su parte, Gabriel Salazar Soto, quien ofreció una rueda de prensa para aclarar algunos puntos del caso Invercorp la mañana de este miércoles, aseveró que sus asesores han contactado algunas personas a las que la empresa les debe activos, pero Vásquez Martínez señaló que hasta ahora no han podido reunirse con él porque tienen la intención de continuar con la denuncia y una reunión para buscar acuerdos podría coparla.
Sobre los acuerdos que Salazar Soto suele hacer con los adeudados de la empresa, Alfonso Vásquez dijo que “a los que sí han negociado los tiene vuelta y vuelta y les quieren dar menos […] lo que hacen es que si tu invertiste 100 mil pesos, te dan tus activos dos meses, luego dejan de pagar y ahora nos salen con que lleguemos a un acuerdo donde nos van a regresar un 70 por ciento de mi inversión, es decir, sólo me van a regresar una parte […] ¿pero por qué 70 mil, si yo te di 100 mil?, esos son acuerdos a los que llega”.
En la rueda de prensa, Gabriel Salazar comentó que los bloques de denunciantes no han querido reunirse con sus abogados, sin embargo Vásquez Martínez aseguró que de hace dos meses a la fecha se han reunido tres veces con el empresario: “la primera vez fue con su abogado, nos metimos en una sala especial y hablamos con él para intentar un acuerdo, no nos entendimos […] el nos iba a dar una casa en garantía de cinco millones de pesos, dijo que hiciéramos los papeles en la Fiscalía y perfecto, lo platicamos con nuestro abogado y dijo perfecto”, relató.
El denunciante comentó que en este primer acercamiento con Salazar Soto, uno de los escoltas del empresario amenazó al abogado Salvador Iglesias enseñándole un arma cuando se dio un desacuerdo.
“En la segunda reunión nos vimos aquí en las oficinas del edifico M, pero ahí ya no nos gustó la cosa porque intentaba negociar de una forma que sólo le convenía a él […] se le mandó un citatorio por parte de la Fiscalía para que se presentara el viernes 17 de junio y que hiciera el convenio de la casa que había dicho […] y ahí retiraríamos la denuncia, pero no asistió”, narró Vásquez Martínez.
Según el denunciante, para la tercera reunión se acordó que se realizaría una mesa informal ahí en la Fiscalía, pero el encargado de área, Raúl Gonzáles López, les dijo que no era conveniente puesto que este tipo de reuniones no llevaban a ninguna resolución.
Salvador Iglesias, abogado del bloque que organiza Vásquez Martínez, aseguró hoy frente a la FGE que si Salazar Soto no paga íntegramente lo que debe a los inversionistas defraudados, “obviamente tiene el problema de perder su libertad personal de él y casi toda su familia por los delitos de fraude y asociación delictuosa, no me interesa la vía civil, ni el cumplimiento del contrato o el concurso mercantil, nos interesa que pague la reparación del daño: te lo vuelvo a decir Gabriel, háblame, espero tú llama para que repares el daño de la gente que defraudaste”.
