Fernanda Durán
La extinción de la Promotora del Estado provocó que la mañana de este 16 de octubre usuarios y trabajadores se encontraran con la noticia de que las oficinas estaban cerradas, sin previo aviso o notificación sobre lo que pasará con los tramites en curso y la certeza laboral de los sindicalizados.
Un fenómeno que se repitió en la zona Huasteca, en el municipio de Matehuala, y en la capital del estado, lo que provocó que al menos 100 usuarios de las colonias Maravillas primera y segunda sección, Borregos y Bosque de las Flores, ambas de Villa de Pozos, cerraran el paso de la calle Benigno Arriaga en el barrio de Tequisquiapan a fin de obtener respuestas, debido a que contaban con citas para seguir sus procesos este día.
Algunos usuarios aseguraron que estaban a días de terminar sus trámites, pues sólo restaban pagos de avalúos y cambios de dominio, pero ahora se encuentran entre dudas y quejas sobre lo que pasará con su papeleo.
“¿Dónde queda nuestro trámite?, ¿dónde queda nuestra escrituración?, ¿con quién nos dirigimos para que esto camine?”, cuestionaron algunas personas inconformes.
También señalaron que el cambio del director y la llegada de Fredy Morales Palma hace dos meses retrasó sus trámites, pues no obtenían respuestas.
Al mediodía de este lunes, los manifestantes fueron recibidos en Palacio de Gobierno, donde les prometieron dar las respuestas para sus trámites de escrituración, ya que reprocharon que, con la entrada en vigor de la Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social, no se haya tomado en cuenta los trámites en curso de la dependencia y las afectaciones que conllevaban para la ciudadanía.
“Por qué no nos dejan que nos entreguen nuestra documentación, por qué llegar encontrar Promotora del Estado cerrada. Yo entiendo la ley, pero [los diputados] también van en contra de la ley contra nuestros derechos como ciudadanos”
Los usuarios reportaron que en los últimos meses, junto con el nuevo director Fredy Morales Palma, ingresaron nuevos trabajadores a la dependencia, los cuales no estaban capacitados para brindar los servicios debido a que no conocen San Luis Potosí y las problemáticas, puesto que son originarios del interior de la República; con ello se retrasaron sus trámites bajo el argumento de que estaban verificando el proceso.
Aunque el ahora exdirector les pide tiempo para darles alguna solución o respuesta, los afectados aseguraron que cuentan legalmente con 90 días para el trámite, por lo que tienen esa incertidumbre.
Además, Morales Palma comentó que desconoce el estado de la dependencia y la situación laboral de los ahora extrabajadores.
En el caso de los trabajadores, alrededor de 28 en la capital, tres en la Huasteca, y uno en Matehuala, acudieron a la sede de la Promotora, pero encontraron las puertas cerradas con candado.
Ahora advierten que esperarán ahí hasta que las autoridades definan lo que sucederá con las personas que tienen entre 20 y 15 años de experiencia.
María José Guerrero, representante de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), explicó que Morales Palma acudió a las oficinas alrededor de las 8:00 de la mañana a colocar los candados; mencionó que él no puede hacer nada, pues ya no ostenta el cargo de director.
Aunque el SUTSGE ya ha tenido acercamiento con las autoridades aún no tienen respuesta al respecto, pero confían en que el Gobierno del Estado “no los deje en la calle y que se le dé el mismo trato” a todos los trabajadores con años de antigüedad.
“Nos deja en indefensión de nuestro trabajo, de la gente que está aquí estamos hablando de trabajadores de 15 a 20 años de servicio (…). Es un acto demasiado violento e inhumano”, señalaron.
A la par, los extrabajadores desconocen si seguirá alguna oficina o departamento provisional para seguir el curso de los trámites.
La Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social entró en vigor a partir del 14 de octubre, con la cual se vincula el fomento a la vivienda y la regularización en el Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis), además de que se extingue al Instituto de la Vivienda del Estado (Invies) y la Promotora del Estado.
El nuevo instituto es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado que tendrá la dominante intervención de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) en su sectorización y que ya comenzó con licitaciones para construcciones.
