Fernanda Durán
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, María Estela Ríos, defendieron la figura de la prisión preventiva oficiosa, previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta dos proyectos que plantean declararla anticonstitucional.
A través de un comunicado, señalaron que la vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias, respetando los derechos humanos, son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidades para garantizar la paz y tranquilidad de la población.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”.
El titular de Gobernación aclaró que, a pesar del esfuerzo en recursos, inteligencia y despliegue que implican para el Estado, la existencia de esta medida evita que los presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia, atenten o amenacen contra la integridad de las víctimas y testigos, continúen cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que atenten contra la sociedad.
Por ello, aseguran, dejar la decisión de aplicar la prisión preventiva oficiosa en manos de los jueces añade un factor de presión adicional que desencadenaría corrupción y violencia por el tipo de delitos que implica a esta figura.
Los funcionarios hicieron un llamado a la SCJN para que reconsidere la existencia de esta medida cautelar y tome en cuenta “la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Dentro del texto detallan cuáles son los delitos de alta gravedad, de acuerdo con la Constitución, que requieren el proceso de prisión, tales como “abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.
Cabe mencionar que, dicho comunicado, se publicó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionara en contra de estos proyectos, calificándolos como pretexto para “liberar a diestra y siniestra”, pues asegura que se trata de una estrategia para la “impunidad y corrupción”.
