Por Victoriano Martínez
Cuando el 14 de noviembre de 2018, el contralor municipal, José Mejía Lira, y el secretario del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, informaron en rueda de prensa que detectaron mil 843 observaciones a la administración de Ricardo Gallardo Juárez, la expectativa de un combate real a la impunidad prometido por Xavier Nava Palacios creció.
Cuando el 18 de febrero de 2019 se presentó la primera denuncia, la expectativa provocada era la de que a partir de ese momento podrían presentarse una denuncia tras otra, que la Fiscalía General del Estado se vería obligada a actuar o quedar exhibida como encubridora de la gallardía, como hasta ahora lo ha hecho con las denuncias del Frente Ciudadano Anticorrupción.
Cuando el 20 de febrero de 2020, dos días después del aniversario de la presentación de la primera de 11 denuncias ante las fiscalías generales de la República y del Estado, instalaron mamparas en distintos puntos de la ciudad, en las que señalaron el robo de más de mil 69 millones de pesos por los gallardistas, la expectativa de un combate real a la impunidad comenzó a decaer en propaganda.
Si se hizo el anuncio espectacular de mil 843 observaciones e incluso se dijo que el paquete de denuncias incluía al menos 25 que serían contundentes, que a estas alturas sólo se hayan traducido en 11, sobre las que no se nota esfuerzo alguno por impulsar que no haya impunidad, colocan a la administración de Nava Palacios más cerca de la simulación que de una acción real.
La primera denuncia fue prácticamente obligada ante la determinación de un juez federal que, al anular el cambio de uso de suelo de un predio en el área natural protegida del Parque Camino a la Presa San José, señaló la violación a la Ley de Amparo porque el Cabildo gallardista no dio cumplimiento a la suspensión dictada en un juicio de amparo.
La última de las 11 denuncias, el 11 de junio de 2019, se presentó por un tema relacionado con el mismo predio, pero ahora por uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar cambio de uso de suelo en una presunta propiedad de Gallardo Juárez, ubicada en un predio municipal… y hasta ahí.
A pesar de que dos de las 11 denuncias recayeron sobre ese predio, el caso se dejó inconcluso al no presentar la denuncia correspondiente a posible despojo de propiedad municipal. A los expedientes no pareció que se les haya aplicado la suficiente contundencia, pues.
En noviembre de 2019, la Contraloría Interna municipal reconoció que de acuerdo con la Ley de Fiscalización debe hacer una comparación entre las declaraciones patrimoniales inicial y final de los ex funcionarios y, luego de una petición del Frente Ciudadano Anticorrupción que le allegó las pruebas de su denuncia contra Gallardo Juárez por enriquecimiento ilícito, cotejó los documentos.
La semana pasada el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) recibió la denuncia por parte del Ayuntamiento sobre esa comparación, lo que hace suponer que la Contraloría municipal confirmó la discrepancia entre los ingresos del ex alcalde y la adquisición de propiedades.
Cuando la que sería la denuncia número 12 no se hace pública como en los 11 casos anteriores, la expectativa de un combate real a la impunidad, de por sí decaída en propaganda, ya deja de ser expectativa para convertirse en un preocupante espacio para las suspicacias con un saldo que apunta a que se dejará prevalecer la impunidad.
Peor aún. De acuerdo con abogados consultados, para un caso así proceden tres vías para la denuncia: administrativa (la que presuntamente ya se inició en el TEJA), la Civil ante un juzgado en esa materia, y la penal ante la Fiscalía General del Estado. Ninguna excluye a la otra y se pueden iniciar de manera simultánea.
En cuanto a consecuencias para el denunciado, la administrativa resulta la menos perturbadora, además de que toda la carga de la prueba recae en el denunciante, en este caso el Ayuntamiento, por lo que el más mínimo error favorecería a Gallardo Juárez, quien si la librara de esa manera lo utilizaría para librar cualquiera de las otras dos vías.
Iniciar la denuncia por las tres vías habría sido la manifestación más clara de que se busca evitar la impunidad. Hacerlo sólo por la vía administrativa abre la puerta a las suspicacias que pueden ir desde la falta de confianza en la Fiscalía estatal y el Poder Judicial hasta abrir un espacio de negociación-confabulación, lamentable pero posible ante un clima viciado por cálculos político-electorales.
Es más fácil informar que explicar. Tras los largos meses en los que el Ayuntamiento no da señales de un esfuerzo acreditable y suficiente en pro de su promesa de no dejar impune las corruptelas que señalaron de la anterior administración, dejar pasar más tiempo sin informar –con las suspicacias a las que da lugar– hará más difícil la explicación que le deben a la sociedad.
