Delimitan un área urbanizable en la Sierra de San Miguelito

Un grupo de comuneros promovió un incidente de incumplimiento a una suspensión de amparo por el deslinde

Funcionarios de Semarnat, comuneros y empresarios recorrieron el área el 19 de abril

Por Victoriano Martínez

El pasado 19 de abril, funcionarios federales, comuneros de San Juan de Guadalupe y socios del proyecto Las Cañadas realizaron labores de deslinde de 500 de las 2 mil 68 hectáreas del plan inmobiliario que, de acuerdo con los programas de desarrollo urbano, fueron consideradas como urbanizables.

La acción se desarrolló justo ocho días antes de que los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP) fueran publicados en el Periódico Oficial del Estado, luego de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) emitiera el dictamen de congruencia.

De acuerdo con un video del inicio del recorrido para el deslinde, entre los funcionarios que acompañaron a los comuneros estuvieron Araceli Báez, de la oficina de la secretaria María Luisa Albores; Álvaro Pineda, de la Procuraduría Agraria; César Sánchez, de la Dirección General de Conservación de la CONANP; Gerardo Hernández, de la UNAM, entre otros.

Más tarde se incorporaron al recorrido el empresario regiomontano Alejandro Tamayo, del grupo Century 21, y el potosino Carlos López Medina, ambos socios del desarrollo inmobiliario Las Cañadas.

Virginia Trujillo Valenzuela, a nombre de un grupo de comuneros titulares de San Juan de Guadalupe, presentó el 21 de abril un incidente de incumplimiento a la medida cautelar decretada desde el 13 de enero de 2011 en el juicio amparo, dentro del expediente 149/2010, del Tribunal Agrario.

Trujillo Valenzuela se inconformó porque la delimitación de las 500 hectáreas que pretenden urbanizar y dejar fuera del polígono contemplado para el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito contravienen lo dispuesto en la suspensión de amparo.

Durante el recorrido, los funcionarios federales y los comuneros de San Juan de Guadalupe marcaron el terreno y establecieron mojoneras para delimitar las 500 hectáreas que, de acuerdo con los programas de desarrollo urbano, podrán ser urbanizadas.

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