Por: Antonio González Vázquez
El Congreso del Estado recibió una iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado con el propósito legal de establecer que los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, sean perseguidos de oficio y no sea necesaria una denuncia previa.
La iniciativa fue presentada por José Mario Marroquín de la Garza, de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo San Luis.
La corrupción es, indudablemente, el problema que más lastima a la ciudadanía, y es, en los últimos años, la más grave amenaza a la democracia. El flagelo de la corrupción se ha venido agravando significativamente en los últimos años. Por esa razón, es más necesario que nunca puntualizar que no es “un problema cultural”, sino una deficiencia institucional, normativa y ética que establece como regla general la impunidad para la depredación privada del interés público y para los actos de abusos de poder que cometen quienes formalmente deberían tener como función principal servir a la sociedad.
La corrupción lesiona la credibilidad de los ciudadanos en la Ley. La impunidad premia a quienes desde el servicio público traicionan el propósito último del mandato popular: buscar el bien común y hacer valer el Estado de Derecho. Cuando quien hace la ley, la ejecuta o sanciona a quien la violenta, es el primero en no acatar las normas jurídicas y emplea su función pública para obtener un lucro privado, se rompe algo más valioso que la legalidad. Se vulnera crítica e irreparablemente, el capital social más importante que podemos tener como comunidad: la confianza en el sistema de convivencia que nos hemos dado.
Abundar en ejemplos de servidores públicos que en los últimos años han ganado celebridad en los medios de comunicación porque han sido captados practicando el cohecho, el tráfico de intereses, la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, o el desvío de recursos públicos haría que el presente documento fuera interminable, precisa
Cita al jurista Miguel Carbonell que precisa respecto del tema lo siguiente:
“La corrupción ha penetrado, hasta niveles inimaginables, las estructuras del Estado mexicano. Es una hidra, literalmente, de mil cabezas. Lo mismo afecta a las instituciones de procuración y administración de justicia, que a los municipios, a los órganos electorales o los funcionarios encargados de ordenar que se recoja la basura.
La corrupción tiene que ver desde las “mordidas” que piden los agentes de tránsito, hasta el amañamiento de las licitaciones de grandes obras públicas. Es tan corrupto el funcionario que otorga un contrato para adquisición de bienes a un amigo, como un gobernador que ordena que se deje trabajar sin trabas a un grupo del crimen organizado. Por eso es que la corrupción está en todos lados: porque tiene muchas formas de manifestarse y porque parece haber permeado a todos los niveles de gobierno”
En ese sentido, la iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 318 del Código Penal del Estado, en su título décimo sexto de de los Delitos Contra la Administración Pública Cometidos por Servidores Público.
