Adriana Ochoa
La lista de anomalías que la magistrada presidenta de la Sala Monterrey del Trife expuso en su propuesta para invalidar la reelección de directiva estatal del PAN, dibujó punto a punto un proceso de mera simulación democrática con aval de la dirigencia nacional.
La Sala ordenó la reposición clara y completa del proceso, ante la imposibilidad de demostrar certeza sobre la voluntad de los panistas potosinos que se supone se pronunciaron a favor de que se realizara una elección extraordinaria, reducida a la voluntad de un centenar de integrantes del Consejo Estatal del PAN en San Luis Potosí. El método favoreció por simple control aritmético a la ganadora declarada el pasado diciembre, la senadora Verónica Rodríguez Hernández.
De acuerdo con los estatutos panistas, hay dos métodos para renovar a los Comités Directivos Estatales: el ordinario, con voto directo de la militancia, más de 7 mil, según el propio CDE, y el extraordinario, a través de la votación del Consejo Estatal, un centenar de personas.
El método lo decide la Comisión Permanente, una estructura que incluye a la directiva estatal, a las representaciones municipales y a legisladores, ente otros. Una elección extraordinaria debe estar plenamente justificada, pero en este caso era lo que más convenía a la candidata a reelección.
El 30 de octubre de 2024 la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Pan celebró sesión para determinar el método para renovar el Comité Directivo Estatal del periodo 2024-2027. Y con base en actas firmadas por dirigentes municipales a favor del método extraordinario, la Comisión decidió que la elección sería cosa del Consejo Estatal del PAN, con dominio aritmético de la dirigencia, y no de los militantes.
Se argumentó de acuerdo con la documentación presentada por las estructuras municipales, que 31 de 41 comités se pronunciaban a favor de la votación del Consejo Estatal del PAN, por unanimidad o por una mayoría igual o superior a las dos terceras partes.
Y para convencer de la fachada democrática de ese método, se arguyó que la militancia de esos 31 municipios ascendía a 4,457 militantes, lo que representaba el 60% del padrón blanquiazul (7,437 militantes). O sea, según la Comisión, que aquello colaba como democracia sin duda.
Varios panistas se inconformaron con el proceder del órgano directivo, pero, una agónica y muy demeritada dirigencia nacional, la de Marko Cortés, respaldó y validó el método. Ni siquiera atedió las inconformidades de panistas que ya habían tomado el cauce para revisión. Don Marko, de desempeño nefasto para el panismo potosino por su propensión de favorecer verdaderos cacicazgos en el panismo local, estaba por entregar la estafeta a Jorge Romero Herrera, electo el 10 de noviembre de 2024.
Para ese aval nacional, el dictamen el Trife también observa responsabilidades: sus previsiones sobre el asunto “carecen de exhaustividad y están indebidamente motivadas” y “dejó de hacer un análisis integral de todas y cada una de las constancias relacionadas con los posicionamientos de las estructuras municipales”. O sea, simuló que revisaba y extendió su aprobación. El dictamen del Trife invalida también ese aval en el dictamen.
Con todo y una expectativa clara de inaceptabilidad de derrota, la aspirante a reelección tuvo adversaria: Lidia Argüello, una panista de tradición doctrinaria y con trayectoria de cuando en San Luis costaba ser panista. El resultado fue el que la maniobra de la directiva estatal diseñó con el proceso limitado a los votos del Consejo Estatal.
Lo que vino después fue el camino judicial de la inconformidad en tribunal, local y federal. El Tribunal Electoral de San Luis Potosí abrió puerta a la invalidación del proceso para elegir el método extraordinario que favoreció a Verónica Rodríguez. El examen de las actas de directivas municipales dejaba dudas sobre la autenticidad de sus pronunciamientos y echaba abajo la elección porque ya no daba el porcentaje a favor de haberla realizado como se hizo. Le faltó riesgo más allá de las actas sospechosas.
La defensa de la directiva estatal se centró en la posibilidad de hacer un “parche” para salvar el tema: que sí, que a lo mejor algunas se veían medio dudosas, pero que se podían reponer y así mantener el porcentaje de aprobación, más de 50%, que sostuviera el método utilizado para la reelección.
Lidia Argüello Acosta, el expresidente panista Héctor Mendizábal, la diputada local Aranza Puente Bustindui y otros panistas reforzaron baterías. El viernes, el Tribunal Estatal Electoral emitió el cierre de instrucción para dictar sentencia por incidente de inejecución.
El relieve completo, contundente, vendría de la Sala Monterrey, que evisceró el chapucero soporte de la elección extraordinaria, acta por acta. La magistrada a cargo de ese caso, Claudia Valle Aguilasocho, concluyó la insostenibilidad del proceso, pues no encontró condiciones para sostener fehacientemente la validez de los pronunciamientos.
En nueve casos, comités municipales emitieron actas dobles, una a favor y otras en contra del proceso extraordinario, cuando se supone que esas actas derivaron de acuerdos de sesión. En tres casos, las estructuras firmantes desconocieron el método. En más de seis casos, denunciaron que no fueron convocados a sesión municipal, ni siquiera porque lo pidieron. Afloraron presiones de personajes del Comité Directivo Estatal para que remitieran actas contrarias a la decisión del comité municipal o por negarse a firmar actas a favor.
Había actas con firma de personas ajenas al comité que remitía y actas con la sola firma de un directivo. En otro caso, integrantes del órgano municipal que refieren que quien encabeza el órgano les pidió firmar documentos que no les permitió leer. En suma, un entramado electoral fraudulento, en modalidad de pandilla, para conseguir en la forma una elección de presidencia estatal del PAN a modo.
El tribunal no se pronunció sobre quién debe organizar la reposición del proceso, pero es obvio que no hay directiva estatal válida para hacerlo, el dictamen los echa fuera. No es válido aplicar el método extraordinario de elección indirecta de manera automática, sin que medie o se justifique descartar una elección directa u ordinario que privilegia el derecho de participación democrática de la militancia.
La dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera apenas inicia. El PAN se ha volcado en cuestionar la elección de jueces, ministros y magistrados como un acto de imposición con disfraz de democracia. A ver cómo resuelve los casos de simulación democrática en su propio partido, empezando por San Luis Potosí.
No, no es lo mismo predicar que dar trigo.
ROLLOS SUELTOS
PALABRA CLAVE. En redes, aparecieron domi y pruebas de un nuevo medio informativo, con el ex vocero de la Fiscalía Miguel Gallegos como conductor de mesa de entrevistas y noticias. El espacio tiene relación como la compra de un influyente periódico regional, viajes de personal de Comunicación Social de Gobierno del Estado a Ciudad Valles, y una operadora publicitaria con el apellido “Potosí” y logo de aspiraciones monárquicas (coronita imperial dorada).
¿SE LES FUE? Cuando se dieron cuenta que los domis y pruebas de proyectos web no se dejan abiertos, los bajaron. Pero hubo quién les hizo captura de pantalla para dejar prueba.
UNA PEOR. Para despropósitos, la detención del periodista Omar Niño en la Ciudad de México, solicitada por la Fiscalía de San Luis Potosí, con un motivo que deja a la vista un carácter prefabricado, intimidatorio y revanchista.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
