Abelardo Medellín Pérez
Si hay algo que el gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona ha despreciado y minimizado monumentalmente durante la primera mitad del sexenio, han sido los procesos electivos y de participación ciudadana que, adora públicamente, pero lesiona y dificulta al otorgar presupuestos poquiteros.
Lo del gobernador es más que una hipocresía cínica o la demagogia usual del más rancio estilo priista de parlotear; Gallardo no ha invertido como mandatario en elecciones bien financiadas para el Estado, puesto que a su forma de entender el mundo, él no participó y ganó un proceso electoral en 2021… a sus ojos, él ganó un oneroso concurso de popularidad en el que sale avante quien grita más fuerte y compra más voluntades.
Por eso, y solo por eso, el gobernador potosino es una paradoja viviente que se enorgullece de la participación ciudadana y las opiniones del “pueblo”, pero al mismo tiempo no le interesa otorgarle certezas a ese mismo “pueblo” para que pueda beneficiarse de las herramientas que contempla la ley.
La historia reciente lo dice todo, y todo lo que revela es un cuento de terror institucional.
El primer desdén democrático que protagonizó la gestión Gallardista ocurrió en 2023, año en que, unilateralmente y sin mediar un análisis mínimo, el Gobierno del Estado promovió y dispuso de los recursos políticos necesarios para iniciar el proceso de plebiscito por el cual se consultaría si la población estaba de acuerdo en que la delegación capitalina de Villa de Pozos se convirtiera en municipio.
Hoy Pozos es el municipio 59, pero muy pocos recuerdan que para lograrlo el plebiscito tuvo todo el apoyo que los buenos deseos del gobernador pueden ofrecer, pero ninguna consideración económica significativa.
Para el ejercicio 2023, el gobierno potosino recortó el 74.35 por ciento el presupuesto solicitado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), y aún con ello, obligó a que el organismo realizara el segundo peor plebiscito en la historia reciente de México con tal de cumplir con la ocurrencia novedosa del gobernador.
Para este plebiscito, el Ceepac calculó que se necesitarían 55 millones 840 mil pesos adicionales para cumplir a cabalidad con los requisitos técnicos del ejercicio. En respuesta, el gobierno solo le entregó 20 millones de pesos; es decir, que le dio 64.2 por ciento menos de lo solicitado. Esto fue un recorte, dentro de otro recorte para el OPLE potosino.
Para 2024 y con dos familiares directos en la boleta, Gallardo Cardona tenía todas las razones para procurar que la elección saliera lo mejor posible, ¿no? Pues no porque, recordemos una vez más, al gobernador no le interesa organizar buenas y confiables elecciones, sino faramallosas pasarelas,que lleven a sus fieles de un cargo a otro.
Justo por lo mencionado, es que el OPLE de San Luis Potosí (y en este espacio nunca nos vamos a cansar de mencionarlo) sigue posicionado como el quinto de todo México con problemas de suficiencia presupuestal, según los informes semestrales que publica el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a la situación presupuestal de los OPLE’s.
En el último informe publicado a finales de diciembre de 2024, el INE reporta que San Luis Potosí estuvo en riesgo presupuestal alto de enero a abril de 2024 y en riesgo moderado de mayo a diciembre; con tal diagnóstico, el Instituto cataloga que el Ceepac estuvo en riesgo moderado el año pasado, lo cual se traduce en que la falta de recursos pudo afectar las actividades operativas relacionadas con sus atribuciones.
¿Qué provocó esta crisis presupuestal que nos puso entre los peores 5 estados del país? Para empezar, el Ceepac solicitó para el 2024, año electoral, un presupuesto total de 668 millones 474 mil 61.1 pesos, pero solo le fueron otorgados 382 millones 132 mil 660 pesos, lo cual es 286 millones de pesos menos de lo requerido y representa un recorte del 42.8 por ciento.
Tan solo en temas de recortes, el OPLE potosino fue el cuarto peor caso solo superado por Puebla, Nuevo León y Guerrero.
La resistencia del gobierno a dialogar de verdad con el Ceepac provocó que durante el 2024 el organismo solicitara, en diversas ocasiones, recursos extraordinarios, y las migajas presupuestales que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) ofrecía a cambio resultan una burla comparadas con lo que, nos consta, el gobernador está dispuesto a gastar en cosas tan superfluas como el Congreso Nacional Charro (para el cual públicamente se sabe que el Inpode erogó dinero público).
El Ceepac durante el año pasado pasó de requerir 50 millones extras a solo 30 millones, luego solo nueve millones, después solo cinco millones, para terminar por pedir tan solo 2.5 millones, tales ajustes tras ajustes revelan una cruel realidad: los potosinos no participamos en elecciones planeadas a través de criterios certeros, sino a través del contentillo de un gobierno ingrato.
Con estos antecedentes, no sorprende que la nueva problemática de la democracia local sea incierto financiamiento del proceso extraordinario de elección de cargos judiciales.
Desde el año pasado, la consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López informó que, tras un análisis, la proyección era que la elección de jueces y magistrados en el estado requeriría una inversión de 208 millones de pesos. Desde que lo dijo, los días pasaron, el proceso para esta nueva quimera democrática inició y al Ceepac no se le informó en ningún momento cuánto dinero tendría a su disposición.
No fue hasta este jueves 30 de enero, y al puro estilo del Gallardismo pregonero de calle, que el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó en entrevista con medios que la pretensión era entregarle al Ceepac 110 millones de pesos para que organizara la elección judicial.
110 millones de pesos; 98 millones de pesos menos de lo solicitado y un recorte del 47.2 por ciento de lo requerido por el OPLE que se encargará del infierno administrativo de la elección extraordinaria de este año.
En vísperas de este nuevo proceso electoral, no hay novedades en el horizonte. Gallardo y su administración siguen apegados a su papel del tacaño conveniente, que requiere agotar instancias, analizar interminablemente y cuidar el gasto siempre que se trate de una actividad ciudadana; porque si se tratara de un arrebato de mal gusto ordenado por el gobernador, entonces el dinero sobraría.
Ante lo dicho por el secretario, ya podemos esperar la resignada declaración de Paloma Blanco, a quien muy pronto escucharemos con el, ya usual anuncio, de un nuevo ajuste presupuestal y de una nueva solicitud de recursos extras que podría llegar hasta tribunales, igual que el año pasado.
Las elecciones no son un gasto, sino una inversión en libertades, certezas y procesos que generan confianza en los resultados, pero eso es algo, que sabemos muy bien todos, nunca podrá entender nuestro gobernador.
¿Cómo pedirle peras al olmo? Si el gobernador dice que le gusta consultar a la gente, es solo a mano alzada; si Gallardo afirma que quisiera hacer más plebiscitos, es para cuestiones insulsas; si el jefe del ejecutivo afirma que la gente votará asuntos relevantes, se refiere a que hará una encuesta en sus redes sociales; si Ricardo Gallardo dice que es demócrata, quizá lo sea… pero solo de pico para afuera y nunca con la cartera
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
