Por Victoriano Martínez
Autoridades ejidales de La Enramada, perteneciente al municipio de Santa María del Río, presentaron este miércoles, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), una denuncia en contra de Paloma Bravo García, presidenta municipal de Villa de Zaragoza por la remoción de la cubierta vegetal y tala de árboles en una parcela de ese Ejido.
Héctor Pedro Rivera Sánchez, Pedro Nájera Rivera, y J. Ángel Lara González, integrantes del Comisariado Ejidal de La Enramada narraron en su denuncia que el 29 de abril, al realizar un recorrido por las inmediaciones de su ejido se percataron de la presencia de maquinaria pesada y camiones dentro de la Parcela Colectiva número 1.
“Siendo la función de los órganos de representación del ejido, la vigilancia de los recursos colectivos abordamos a los trabajadores, los cuales nos señalaron que laboraban en el lugar por órdenes de María de Jesús García Zavala, madre de la Presidenta Municipal de Villa de Zaragoza, de nombre Paloma Bravo García”, señalaron en su denuncia.
A pesar de señalarles la falta en la que incurrían, García Zavala, madre de la alcaldesa, los amenazó con meterlos a la cárcel por contar con el apoyo de la funcionaria, y enseguida ordenó a los trabajadores continuar la remoción de vegetal y la tala de la parcela.
La madre de Paloma Bravo García aseguró ser la propietaria de esa parte de la parcela porque se la compró al anterior Comisariado ejidal.
Los integrantes del Comisariado Ejidal explicaron que de haberse dado la supuesta venta del terreno a García Zavala, se trataría de una ilegalidad, ya que se trata de un bien colectivo que no puede enajenarse sin acuerdo de asamblea.
Agregaron que independientemente de que existiera la supuesta compra del predio –que insistieron en que no existió–, los daños ambientales deben perseguirse por la PROFEPA, pues el daño ecológico representa una situación diferente.
Los denunciantes señalaron que tuvieron que retirarse del predio porque la actitud amenazante de la madre de la alcaldesa la acompaño con el uso de la fuerza pública de Zaragoza, por lo que se limitaron a tomar fotografías de los daños provocados.
