Estela Ambriz Delgado
Luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 26 (SNTE) se negara apoyar a una de sus agremiadas y optara por defender a un presunto agresor, el pasado viernes 28 de marzo se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con delegación en Matehuala, una denuncia por acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral contra Enrique López García, secretario de Organización III, debido a presuntas conductas inapropiadas hacia la víctima, a quien presionaba a cambio de la promesa de un ascenso.
La persona afectada, de quien se omitirá su nombre para salvaguardar su integridad, presentó la denuncia luego de padecer esta situación por casi dos años cuando laboró con el acusado, quien a pesar de la gravedad de los hechos no recibió apoyo del sindicato, pues se presume que el agresor está protegido por el secretario general del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, que simultáneamente es diputado local por el Partido Nueva Alianza en el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
La víctima hizo un llamado a las autoridades competentes y al sindicato para que deje de proteger a la persona que vulneró sus dignidad y derechos, y le ocasionó afectaciones psicológicas, dado que López García se aprovechó de su posición jerárquica para hostigarla y pedirle favores sexuales, cuando él está a cargo de la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores de Matehuala, Cedral, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Real de Catorce.
En una primera instancia, la trabajadora recurrió al mismo SNTE, pero en lugar de actuar con objetividad y responsabilidad, el sindicato optó por respaldarlo y negar las acusaciones, contribuyendo a su impunidad.
“A pesar de los obstáculos y la negativa de algunas instituciones a reconocer la gravedad de los hechos, he decidido continuar con este proceso legal, confiando en que la justicia prevalecerá. Mi intención al hacer pública esta denuncia no es sólo buscar justicia para mí, sino también visibilizar la realidad de muchas personas que enfrentan situaciones similares y que, por miedo o falta de apoyo no denuncian”.
Esta situación se presentó casi desde su entrada como auxiliar de la Organización III el 3 de febrero de 2022 y tuvo fin en julio de 2023, pues la situación escaló a un nivel en el que ella sintió que la forzaban con violencia; tras enviarle mensaje a su psiquiatra comentándole de lo sucedido en el centro de trabajo y al conocer los hechos, esta le dio una licencia médica por dos semanas.
Luego de este periodo de tiempo, la víctima ya no tuvo que regresar a esta oficina, pues coincidió con el término de su ciclo de trabajo y fue reubicada en una escuela en Matehuala.
“Al final de cuentas ni siquiera fue el sindicato el que me arregló la situación, sino fue de parte de la SEGE quienes me otorgaron ya mi lugar base, mi centro de trabajo actual, y yo ya no tuve que regresar con él”.
Posterior a que el hostigamiento escalara en 2023, la trabajadora quiso presentar la denuncia en su momento, pero el Centro de Justicia para las Mujeres la obstaculizó; al no contar con los recursos para pagar un abogado, no pudo dar el seguimiento que requiere la denuncia, aunque se encuentra el antecedente de la carpeta que se abrió.
De igual forma, en febrero de este año acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues aunque ya han pasado varios meses, ella continúa con estrés postraumático. Aunque acude a terapias, es un tema que constantemente la inquieta, por lo que consideró que una investigación de parte de este organismo podría ayudarle con su proceso.
Sin embargo, por equivocarse al asentar en el expediente una fecha, la CEDH determinó inclusive que el agresor no era su jefe, debido a que no existía un contrato que demostrara la relación laboral.
No obstante, la víctima afirma que cuenta con diversas pruebas que demuestran que era su subordinada y recibía órdenes de él, como mensajes en donde le daba algunas de estas instrucciones, así como prendas de vestir que indicaban su cargo como auxiliar de Organización III.
Para demostrar el acoso, cuenta además con capturas de pantalla de conversaciones, mensajes de texto, testigos a quienes comentó de la situación, así como documentos de los profesionales que le brindaron la atención psicológica y psiquiátrica que ha recibido, en donde se describen los hechos que afectaron su salud mental, en el momento que sucedieron y ella acudía a consulta.
Asimismo, mencionó que el SNTE tiene un protocolo para cuando se dan casos de acoso y hostigamiento sexual, pero no se aplica, por lo que acudió al área de igualdad de género de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), donde se le invitó a que inicie un proceso con el Órgano Interno de Control para que se puedan investigar los hechos.
“Yo también soy agremiada al sindicato, pero en vez de tratar de ser parciales, se dedicaron a defenderlo a él totalmente y a respaldarlo”.
Por último, comentó que López García es protegido de Bárcenas Ramírez debido a que el Departamento Jurídico del SNTE respondió a las acusaciones expuestas en la queja ante la CEDH, por lo que los abogados del sindicato dieron su apoyo a esta persona e inclusive preguntaron si la víctima contaba con abogados.
