Antonio González Vázquez
Funcionarios de primer nivel y operadores de la administración estatal, presionan y amedrentan a la ciudadana potosina que promovió el juicio de amparo 1282/2023, sobre el cual fue decretada la suspensión definitiva que impide la municipalización de Villa de Pozos, denunciaron organizaciones civiles.
En un pronunciamiento conjunto, Frente Cívico Potosino, Alianza Empresarial Potosina, Ciudadanos Hasta la Madre, Ciudadanos Observando y Frente Ciudadano Anticorrupción, exigieron al gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona, “se abstenga de recurrir a cualquier tipo de amenaza pública o acto de presión e intimidación en lo privado que afectan gravemente la convivencia democrática”.
Prosiguen que “disentir y señalar fallas es un derecho fundamental que debe respetar todo aquel que aspira a construir una auténtica democracia”, y refrendan que la suspensión definitiva decretada por el Juzgado Primero de Distrito a la declaratoria de municipalización de Villa de Pozos “es un logro ciudadano”.
En ese sentido, cuestionan “¿Desde cuándo una autoridad puede amenazar públicamente y presionar en privado a quien demanda legalidad por las vías institucionales y éstas la respaldan, como ocurre en el caso con la determinación del Juzgado Primero de Distrito?”.
Citan las declaraciones del secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, en torno al fallo judicial, en las que anuncia “algunas denuncias penales por la falsedad en los hechos que bajo protesta de decir verdad estableció la quejosa”.
Tales palabras, subrayan las organizaciones firmantes, “son repudiables y un atentado contra las instituciones democráticas y los derechos humanos y ciudadanos”.
Respecto de la declaración de Torres Sánchez de que “no puede ser que una sola voluntad de una persona esté por encima de 36 mil voluntades (sic)”.
Sobre lo anterior, exigen al funcionario que “no se confunda, ni trate de confundir a la población”, ya que “se les cuestiona por la ilegalidad de sus actos y no el que sean depositarios del mandato que ganaron en la competencia por los votos en las elecciones de 2021”.
La parte central del posicionamiento es la que hace referencia a las amenazas y amedrentamiento contra quienes promovieron recursos legales contra el proceso de municipalización.
“Es preocupante que una funcionaria estatal haya obtenido de buena fe datos personales de la quejosa para que ahora los utilicen para presionarla y amedrentarla, en actos que rayan en la criminalidad y que al mismo tiempo exhiben su gran debilidad ante quien ejerce una auténtica ciudadanía: son incapaces de apegarse a la legalidad y actuar en el ámbito institucional.
Quizá Gallardo Cardona haya logrado avasallar hasta la humillación a las instituciones estatales (especialmente al Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana), pero el mensaje que manda la suspensión definitiva decretada por el Juzgado Primero de Distrito es que los ciudadanos potosinos aún cuentan con las instituciones federales para aspirar a que la administración pública estatal se conduzca dentro del marco jurídico”.
Y advierten: “Responsabilizamos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y a todo su grupo de funcionarios y operadores, de cualquier daño personal o patrimonial del que puedan ser víctimas quienes han firmado amparos y juicios de protección de los derechos políticos del ciudadano (JDC) en contra de las ilegalidades en el procedimiento de municipalización de la Delegación de Villa de Pozos, especialmente en el caso de la compañera Fabiola Hernández, quien promovió el juicio de amparo 1282/2023, sobre el cual fue decretada la suspensión definitiva que impide la declaratoria del municipio 59”.
Concluyen que “resulta irrelevante que seamos muchos o pocos quienes cuestionamos la
ilegalidad de sus actos porque lo importante es que respeten el Estado de Derecho que, en sus protestas de Ley, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir. Les exigimos que se apeguen a la legalidad en sus acciones, y se abstengan de recurrir a cualquier tipo de amenaza pública o acto de presión e intimidación en lo privado que perjudican gravemente la convivencia democrática en la que disentir y señalar fallas es un derecho fundamental que debe respetar todo aquel que aspira a construir una auténtica democracia”.
