Fernanda Durán
Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis Potosí, dos manifestaciones se hicieron presentes afuera del Centro de Convenciones de San Luis Potosí donde se llevó a cabo el evento del mandatario. Desde Santa María del Río, un grupo de inconformes protestó contra la construcción de la gasolinera “El Rebozo”; así como miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), quienes demandaron su intervención en las problemáticas laborales.
Con pancartas, los habitantes de Santa María expusieron la problemática y exigieron la reparación del daño a la brevedad, ya que llevan meses denunciando el presunto ecocidio de parte de la empresa constructora de la obra, que habría perforado pozos de extracción de agua potable, para después disponer de esta en el drenaje además de la destrucción del patrimonio histórico con aproximadamente 200 años de antigüedad.
Aunque el permiso de construcción bajo el que operan los trabajos de la gasolinera “El Rebozo” venció desde el pasado 31 de agosto, los inconformes señalan que la obra se mantiene y está próxima inaugurarse sin permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Los inconformes se mantienen en contra de la construcción y reprocharon la falta de voluntad de su alcaldesa Miriam Yolanda Martínez Trejo.
En el caso del SITTGE, algunos integrantes enviaron una carta para denunciar su recurrente problemática con el gobierno estatal y sus derechos laborales por lo que pidieron la intervención de la federación.
Los miembros del Sindicato le entregaron un escrito al mandatario federal, en donde le señalan que se agrava la situación de los empleados estatales, ante la negativa del Gobierno del Estado en resolver sus justas demandas laborales, y por utilizar en forma permanente la represión, física, e institucional, el hostigamiento y la persecución política en su contra, pues “los representantes patronales nos reciben y aparentan escucharnos, pero esto no se refleja en la práctica, pues nada se resuelve”, expusieron.
Refirieron el compromiso de las las minutas del 27 de abril de 2021, y del 8 de abril de 2022, que la administración estatal rechaza atender, la suma de 58 despidos ilegales más, la retención de salarios a 84 empleados estatales, sin fundamento jurídico, así como adeudos de cuotas sindicales, caja de ahorro y prestamos, por más de un millón y medio de pesos, incluso que han dejado de pagarle al personal de la guardería Casa de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños Dr. Salvador Nava Martínez.
En la lista de denuncias señalaron que no se han cubierto los gastos médicos de nueve trabajadores, lesionados por actos de represión de la fuerza pública estatal, y dejaron de pagarle los apoyos institucionales al organismo gremial, además de quitarles el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y les niegan el trámite de pensión a 18 trabajadores, que cumplen con los requisitos legales para obtener tal prestación.
Integrantes del comité ejecutivo también acusaron a los organizadores del evento de sacarlos a empujones del lugar donde se llevaba a cabo la presentación del presidente, reporte incluido en su carta de petición en la que solicitaron “su respaldo, para que esta agresión termine y se respeten íntegramente, conforme a las leyes nacionales, e internacionales que nos protegen, los derechos de las y los agremiados al SITTGE”.
