Victoriano Martínez
Ejidatarios de La Pila denunciaron maniobras de su comisariado ejidal, en complicidad con los empresarios que pretenden adquirir sus tierras, para lograr de manera irregular el registro del acta de la asamblea de dominio pleno realizada el pasado domingo, a pesar de las ilegalidades en las que incurrieron.
María del Carmen Gómez Silva, quien por acuerdo con la Procuraduría Agraria Nacional (PA) le reporta como representante común de los ejidatarios inconformes las actividades en el Ejido La Pila, dijo que al informar sobre la realización de la asamblea del pasado domingo, le señalaron que ya se había emitido un oficio al Registro Agrario Nacional (RAN) para que se negara el registro el acta.
No obstante, cuando los enviados de la PA acudieron a entregar el oficio al RAN, en la oficialía de partes tenían instrucciones para que el documento no fuera recibido, lo que hace suponer un acuerdo entre las autoridades ejidales, los empresarios y el Registro Agrario Nacional para desatender la determinación de la Procuraduría sobre la invalidez de la asamblea.
Fuentes de la PA confirmaron que durante la asamblea realizada el domingo pasado no acudió ningún representante de esa dependencia, que fue una de las principales razones por las que se solicitó al RAN que no se registrara el acta levantada por el comisariado en esa reunión.
“Fraccionadores intentan inscribir acta hechiza de dominio pleno por 1888 hectáreas del Ejido la Pila en el Registro Agrario Nacional. El RAN se niega a recibir informe para negar la inscripción emitido por la Procuraduría Agraria. ¡Cañonazo millonario!”, denunciaron en redes sociales grupos de apoyo a los ejidatarios de La Pila como Todos Somos la Sierra de San Miguelito.
Comenzaron a circular una imagen en la que aseguran que los empresarios entregaron “4 millones a funcionarios de primer nivel del Registro Agrario Nacional por inscribir acta de despojo en La Pila”.
Asesores legales de los ejidatarios inconformes comentaron que existe todo un operativo para ignorar los informes de la PA y poder inscribir el acta en el RAN, con la intención de que ahí quede como instrumento que pudieran hacer valer en el siguiente sexenio o cuando haya un cambio de administración en el Gobierno Federal.
De acuerdo con la información disponible, el RAN habría dado entrada al acta para iniciar el trámite de registro sin haber esperado el informe correspondiente por parte de la PA, ni tomar en cuanta una suspensión de amparo.
Comentaron que comenzó un fluir de “millonadas” para lograr que algunas autoridades agrarias actúen de manera favorable a la estrategia que se plantearon los empresarios, dado que el proyecto de desarrollo industrial tiene alcances de ser un negocio que cuanta con intereses económicos de carácter internacional.
Los ejidatarios inconformes, dijeron, solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se investiguen los posibles movimientos económicos entre funcionarios de la PA local, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, los funcionarios del Registro Agrario Nacional, sus familiares y los grupos de inversionistas involucrados.
La Procuraduría Agraria recurrirá a notificar al RAN sobre el informe que nulifica la asamblea del pasado domingo en el Ejido La Pila con notario público porque, según fuentes cercanas al Procurador Agrario, en caso de registrarse el acta se presentará una denuncia de nulidad.
La defensa de los ejidatarios de La Pila señaló que en el caso, el RAN está emplazado por el juez Sexto de Distrito para que informe sobre las acciones que ha realizado en torno a la asamblea ejidal.
“Requiéraseles para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo”, dice el acuerdo.
Se trata del amparo 700/2022-I contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito y otras autoridades, en el que ya se decretó la suspensión de plano que impide que se inicie cualquier trámite con relación a lo ocurrido en la asamblea ejidal.
Señalaron que se trata de situaciones sobre las que también se ha enviado información al presidente Andrés Manuel López Obrador.
