Jaime Nava
Tras denunciar a integrantes de la Asociación de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) del ingenio Alianza Popular de Tambaca, en Tamasopo, luego de detectar diversas irregularidades en compras, uso de recursos y asignación de préstamos, la tesorera de la organización, Evelia Lara Soto, fue ilegalmente destituida del cargo y ha recibido amenazas que ponen en riesgo su vida.
En diciembre del 2020, Evelia Lara Soto fue electa como tesorera junto al presidente, Falcón Saldierna Martínez; al secretario, Hugo Nieto Márquez; y al Consejo de Honor y Justicia integrado por Gerardo Torres Alvarado, Mayrel Martínez Gómez, Octaviano Mayorga López, Rocío del Carmen Barrón, Sara Espino Rodríguez, Isaías Gómez y América Barrón.
En los primeros meses como tesorera comenzó a detectar y documentar diversas irregularidades y, seis meses después de haber sido electa, presentó una denuncia en contra de los dirigentes de la Asociación de Cañeros CNPR del ingenio Alianza Popular y otros trabajadores por el delito de fraude.
“Pinche vieja, hija de su pinche madre, ¡¿que no sabe que traigo pistola?! Ya me tiene hasta la madre, no deja hacer nada”, le platicaron a Evelia Lara Soto que expresó Jorge Nieto, encargado de maquinaria, al enterarse que había tomado la decisión de eliminar la compra directa de gasolina y diésel sustituyéndola por vales para contar con un mayor control del gasto en ese rubro.
Evelia Lara Soto explicó que para que los productores cuenten con suficiente diésel para el funcionamiento de la maquinaria, la Asociación de Cañeros tiene un tanque de almacenamiento de combustible de mil 200 litros, mismo que en promedio se rellena una vez a la semana; no obstante, a principios de febrero se dio cuenta de que el consumo aumentó de forma inexplicable y el tanque se agotó y rellenó en tres ocasiones en una misma semana.
“Ahí nos dimos cuenta que si antes pagábamos mil 200 litros a la semana, con los vales empezamos a pagar menos porque el consumo era de 300 o 400 litros por semana. Vimos que hubo una gran diferencia”, agregó Lara Soto, quien además enteró al presidente de la Asociación de Cañeros, Falcón Saldierna Martínez, de lo que ocurría; pero no recibió ningún comentario de su parte, salvo la orden de ya no acudir al área de maquinaria.
De acuerdo con la tesorera, los propios cañeros le aseguraron que el encargado de maquinaria utilizaba el diésel de la organización para surtir a su alzadora y cosechadora particular. El mismo comentario se lo hicieron respecto del crecimiento “desmedido” en la demanda de refacciones que eran compradas con recursos de la asociación.
“Hasta al presidente le dije: ‘vamos a poner una refaccionaria o qué, esto es demasiado, la compra exageradísima”, añadió.
También dio a conocer que el exceso en esos gastos provocó que la asociación tuviera que utilizar recursos provenientes de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para el pago de facturas.
Préstamos, pagos irregulares y facturas infladas
Entre las diversas irregularidades denunciadas por Evelia Lara Soto se encuentra la autorización de créditos a favor de los dirigentes de la organización, el pago de facturas a “infladas” y el uso de recursos de los cañeros para pagar facturas relacionadas con sus negocios particulares.
Para lograr lo anterior, Falcón Saldierna Martínez colocó en el área de contabilidad y tesorería a personas de su confianza, sostuvo Evelia Lara.
“Descubrí después de buen tiempo que la contadora le pasó a la señorita que está en la banca [electrónica] unas facturas para que las pagara. Esas facturas son de movimientos de transporte, de su negocio personal. Del presidente movieron su cosechadora de un lugar a otro y el pago lo absorbió la agrupación, y no es correcto porque son movimientos personales”, señaló.
También con recursos de la Asociación de Cañeros se liquidaron gastos de movimientos de cosechadoras y alzadoras, propiedad de los hermanos Jorge y Hugo Nieto Márquez, encargado de máquinas y secretario de la asociación, respectivamente, afirmó Lara Soto.
Acerca de las facturas “infladas”, la tesorera expuso que se percató de un aumento en el gasto de consumibles que adquieren regularmente para el funcionamiento de la organización, cuya adquisición estaba a cargo de un joven quien realizaba dichas compras en la tienda mayorista Sam’s; sin embargo, por instrucciones de la contadora, le entregaba las facturas sin enterar a la tesorera.
“A la hora de pagar los consumibles (agua, galletas, café, papel sanitario, material de oficinas, etc), las facturas ya no eran Sam’s, eran de otras personas y estaban infladas. Desde diciembre, enero, febrero y marzo estuvieron haciendo esas facturas infladas”, comentó.
Lara Soto narró que al darse cuenta de lo anterior encaró al joven encargado de las compras, quien negó haber hecho algo indebido, y para demostrarlo enseñó copia de los recibos de compra, mismos que fueron comparados con las facturas con lo cual quedó en evidencia que se habían elaborado otras a nombre de un proveedor distinto con más artículos y, por lo tanto, un monto mayor.
El joven le hizo ver al presidente de la organización lo que ocurría y se negó a continuar encargándose de las compras.
“Como a los diez días la contadora habló conmigo sobre esas facturas y me dijo que ella no venía a robar, que ella venía a trabajar, pero que el señor presidente le dio la orden de inflar las facturas de consumibles, de material de oficina y de los profesionistas que dan mantenimiento a las máquinas”, contó Lara Soto.
Asimismo, denunció que a la cuenta de la contadora le depositaron 25 mil pesos destinados a la adquisición de una computadora que nunca llegó y que, al ser cuestionada por este hecho, se justificó al decir que “estaba muy cara y que no le alcanzó, entonces lo que hizo fue comprar cosas que hacían falta en la agrupación”.
Aunque reconoció que cuentan con capacidad de pago, consideró indebido que desde la cúpula de la asociación se autorizara préstamos por distintas cantidades, que van desde cien mil hasta un millón de pesos.
“El señor Falcón primero recibió 350 mil pesos, luego 150 mil, después un millón; Jorge Nieto primero 970 mil, luego 200 mil, 150 mil, y el secretario también se ha prestado 150 mil y 200 mil pesos”, abundó.
Por todo lo anterior, Lara Soto buscó asesoría legal y presentó una denuncia, razón por la cual el 13 de julio le notificaron su remoción del cargo y le retiraron la llave electrónica que da acceso a las cuentas bancarias de la asociación.
El pasado sábado la Asociación de Cañeros CNPR del ingenio Alianza Popular celebró una asamblea a la que se impidió el acceso a medios de comunicación. Evelia Lara Soto dijo que los dirigentes tenían la intención de no cederle la palabra durante la asamblea e incluso ya contaban con otra persona para ocupar el cargo; sin embargo, los integrantes de la asociación exigieron que se le reconociera como la tesorera legalmente electa y se le permitiera hablar.
Por espacio de una hora, Evelia Lara Soto dio lectura a su bitácora para enterar a los cañeros de lo sucedido en sus primeros meses como tesorera, hecho que provocó que los productores ordenaran que se practique una auditoría a las cuentas de la asociación.
El mismo sábado por la noche, Evelia Lara Soto recibió vía mensaje de WhatsApp una nueva amenaza, ésta vez, de parte de un inspector de campo a quien ella identifica como Joel Herrera Paz.
“La tenía en otro concepto pero gente de rascon me contaron muchas cosas suyas la tienen de ratera ke gacho me equivoqué con usted se equivocó conmigo y me las va apagar ……” (Sic), se lee en la conversación que fue puesta a la vista de este medio de comunicación.
Finalmente, Evelia Lara Soto manifestó temer por su vida y su integridad.
