Por temor a represalias y para proteger la identidad de menores de edad, las personas entrevistadas han solicitado el anonimato.
María Ruiz
En un país donde la atención médica pública es muchas veces la única opción viable para miles de familias, el acceso a un servicio de calidad no debería ser un lujo. Pero en los pasillos del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Estatal, muchas madres han aprendido que incluso eso puede convertirse en una batalla contra el tiempo, la burocracia y el poder mal ejercido.
Una de ellas es la madre de una niña de nueve años diagnosticada con hemiplejia izquierda, un tipo de parálisis cerebral infantil que afecta el movimiento de todo el lado izquierdo del cuerpo. Desde los dos años, la pequeña recibe atención médica especializada dentro del CREE, donde ha sido valorada y atendida por médicos, fisioterapeutas y especialistas del Sistema DIF Estatal.
Sin embargo, desde hace unos meses esa misma atención se transformó en una experiencia dolorosa debido a que un especialista en órtesis y prótesis, identificado como Juan Carlos Sosa Sánchez, incurre en prácticas que van desde negligencia médica hasta faltas éticas graves, lo que afecta la salud de decenas de pacientes.
Una decisión que lo cambió todo
Todo comenzó cuando la niña presentó una desviación en la rodilla y dolor severo al caminar.
“El ortopedista nos pidió unas radiografías desde la cadera hasta la planta del pie. Después de analizarlas durante un mes, determinó que el problema venía desde el crecimiento óseo del pie. Como reflejo, su cuerpo evitaba el dolor al pisar, desviando la rodilla. Por eso pidió una férula larga, que ayudara a contener ese movimiento involuntario”, cuenta su madre.
Con esa orden médica, acudió al área de órtesis y prótesis del CREE, pero fue ahí donde la situación se complicó.
“El técnico, Juan Carlos Sosa, me dijo que no era necesaria la férula larga, que con una plantilla sería suficiente. Yo insistí que lo había pedido el ortopedista, que había una petición del especialista del CREE, que era un aparato más complejo… y él salió del consultorio a hablar con la doctora general que atiende a mi hija, no con el ortopedista. Regresó diciendo que entre él, la doctora y el médico ya habían acordado que la plantilla era suficiente”.
La madre cedió al confiar en la palabra del especialista. No obstante, el aparato entregado no solo no ayudó, empeoró significativamente la condición de la niña.
“Mi niña no tenía desviación en la rodilla. Ahora sí. No le dolía al caminar. Ahora llora al dar pasos.”
Un patrón de omisiones y abuso de poder
Este no es un caso aislado. La madre de la pequeña ha recopilado testimonios de otras familias que también han sido afectadas.
“Hay pacientes que esperan meses por un aparato que nunca se entrega. A otros les dicen que no se puede hacer en CREE, pero que él lo puede hacer por fuera, en su consultorio privado, cobrando por su cuenta. Hay quienes sí lo reciben… pero muchos no”.
El modus operandi parece repetirse por parte del especialista a través de retrasos sistemáticos, cambios arbitrarios en el tratamiento médico, ausencias laborales no justificadas y un trato prepotente hacia padres y madres de familia.
“Hay reportes de acoso a tres personas del personal. También supe de una suspensión de tres días el año pasado por otra queja, pero sigue trabajando igual. No cambia nada.”
Incluso cuando se logró coincidir con el ortopedista en una revisión conjunta, el resultado fue contundente.
“El médico le dijo en su cara: ‘Te dije que la férula debía ir por encima de la rodilla’; quedó claro que mintió. Aun así, me citó para el siguiente miércoles, a las ocho de la mañana, prometiéndome que esa misma tarde me entregaba la férula correcta.”
El miércoles llegó… y él no. “No asistió lunes, ni martes ni miércoles. Más tarde me enteré por una publicación de él en redes sociales que había estado en Durango entregando férulas a pacientes allá, obvio en un hospital privado. El mismo lunes que nos dejó esperando en el CREE”.
Lo más alarmante para muchas familias no es solo la negligencia, sino la falta de consecuencias reales.
Según fuentes internas del CREE, el técnico en cuestión está sindicalizado y adscrito al DIF Nacional, lo que impide que la institución estatal en San Luis Potosí tome medidas disciplinarias directas.
“Todo lo que se hace es meter la queja en un buzón, que luego se manda a la Ciudad de México. Ahí se pierde, nadie responde”, lamenta la madre.
La denuncia fue llevada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la canalizó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de un empleado federal.
“Yo ya presenté mi queja, pero sé que hay más. Varias familias ya están reuniendo pruebas, documentos, testimonios. Nos están obligando a organizarnos, porque el sistema solito no hace nada”.
El costo emocional, físico y económico
Mientras el proceso sigue su curso en la CNDH, la pequeña sigue sin la férula adecuada. Su condición ha retrocedido y su movilidad se ha visto afectada. Conseguir el aparato por fuera costaría aproximadamente 20 mil pesos, un gasto inalcanzable para muchas familias que, como la suya, dependen de la atención pública.
“Por un hijo haces lo que sea, pero no debería ser así. No deberías tener que pagar lo que no tienes o resignarte a ver cómo tu hijo empeora, porque un técnico decide ignorar una orden médica”, dice con impotencia.
A esta altura, la situación ha dejado de ser un problema individual. Hay una estructura que permite que este comportamiento persista.
“¿Cómo es posible que alguien falte varios días a la semana, que haya quejas, que afecte a niños… y no pase nada? ¿Cuánto daño se necesita para que lo suspendan de verdad?”, cuestionó la madre.
Para intentar remediar la carga de trabajo acumulada, el CREE ha tenido que recurrir a técnicos externos.
“Viene uno cada ciertas semanas y se lleva todo lo que él deja pendiente. Me dijeron que una férula como la que necesita mi niña puede estar lista en un solo día, si se trabaja como debe ser. El problema es que no quiere”.
El testimonio de esta madre es uno entre muchos que empiezan a emerger tras años de silencio, miedo y desesperación, porque no se trata solo de trámites o burocracia, se trata de niños, de su desarrollo y su futuro. Y de un sistema que, hasta ahora, ha fallado en protegerlos.
“Mi hija ha perdido movilidad. Ha perdido calidad de vida y todo porque un técnico decidió hacer lo que quiso. No puedo quedarme callada, alguien tiene que escucharnos”.
