Ayuntamiento adjudicó obra de puente a empresa de Leopoldo Stevens
Eduardo Delgado
El Ayuntamiento capitalino, encabezado por Francisco Xavier Nava Palacios, asignó la construcción del puente vehicular en el cruce del Periférico y avenida Industrias a una empresa representada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leopoldo Stevens Amaro, y por esa razón Ramón Núñez Rebolloso, secretario del Ejido Rancho Viejo La Libertad, presentó este viernes una denuncia por tráfico de influencias en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
En su querella, acusó también a José Marco Antonio Uribe Ávila, director de Obras Públicas Municipales e integrantes del Cabildo, incluido el presidente municipal, Xavier Nava. Leopoldo Stevens es hermano de Hugo Stevens, miembro del Frente Ciudadano Anticorrupción.
El pasado 20 de abril, refirió, fue interpuesta una demanda de Amparo Indirecto por Juan Cerda Morales, Ramón Núñez Rebolloso o Ramón Núñez Rebollozo y Lamberto Castillo Silva, miembros de la mesa directiva del Comisariado Ejidal, en la que señalan como responsables a Gobierno del Estado, Ayuntamiento, Junta Estatal de Caminos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección de Obras Públicas.
Ello, por la obstrucción, construcción, privación parcial o definitiva de una parte del ejido, localizada entre el Anillo Periférico y avenida Industrias, para construir un puente vehicular, “privándonos de nuestras tierras sin ningún procedimiento legal o expropiatorio, sin recibir contraprestación de un acto expropiatorio”, añadieron.
Del informe rendido por el Ayuntamiento, expuso, se desprende que la obra le fue asignada por medio de licitación pública estatal -el 17 de marzo de 2020-, a la empresa Wasserfall Bautragerin, S.A. de C.V, “de la cual es representante Leopoldo Steven Amaro, representado por Edgardo Stevens Pérez”.
“Obra adjudicada a los hijos de Leopoldo Stevens Amaro, lo que contraviene la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado en sus artículos 57, 58 y 60, vinculados con el conflicto de interés y tráfico de influencias (sic)”, añadió el demandante.
Tras referir que la obra tiene un costo de 320 millones de pesos, Ramón Núñez señaló que esta se financiará en parte con recursos de Gobierno del Estado, lo que a su parecer implica el conflicto de intereses.
