Texto y fotografías de Desiree Madrid
La organización civil Ciudadanos Observando reveló en una rueda de prensa una serie de presuntas irregularidades en el uso de vehículos arrendados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, al señalar posibles actos de corrupción y un daño patrimonial millonario.
La investigación surgió a raíz de un accidente automovilístico protagonizado por Fernando Chávez Méndez, secretario general del Ayuntamiento de la capital, quien el pasado martes chocó en el bulevar Río Santiago.
Según Ciudadanos Observando, Chávez Méndez conducía una camioneta JAC Friston GML con placas TL 4869H, la cual presentaba diversas irregularidades administrativas y cuyo uso plantea dudas sobre la legalidad del manejo de los vehículos municipales.
De acuerdo con la organización civil, la camioneta involucrada en el accidente forma parte de una flotilla de 42 vehículos arrendados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí a la empresa Casanova Vallejo, misma que fue sancionada en septiembre de 2022 por la Secretaría de la Función Pública.
Ese mismo mes, el Gobierno Municipal firmó con esta compañía el contrato de arrendamiento DAAS/163/2022 por un monto total de 27.6 millones de pesos, con una vigencia de 24 meses, del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024.
Según Ciudadanos Observando, estos vehículos fueron rentados con sobrecostos de hasta un 57 por ciento sobre su valor real, lo que representaría un daño patrimonial de aproximadamente 15 millones de pesos.
Sin embargo, la organización cuestionó el hecho de que Chávez Méndez usara una de estas unidades después de la supuesta finalización del contrato de arrendamiento en septiembre de 2024.
Ante este señalamiento, el director de comunicación social del Ayuntamiento informó que el oficial mayor detalló que al concluir el contrato, cada una de las 42 unidades había sido adquirida por el municipio por un peso cada una, por lo que ahora serían propiedad de la administración.
De igual forma, Ciudadanos Observando señaló que hubo presunta manipulación documental en el registro de la camioneta JAC Friston GML. Según el boletín, para su alta vehicular el 15 de noviembre de 2022, se utilizó una identificación oficial con domicilio en Ciudad de México a nombre de Pedro Víctor Trejo García, cuya dirección coincidía con un comprobante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registrado en San Luis Potosí. Para la organización, esto podría indicar el uso de documentos falsos en el trámite.
El trámite de alta se realizó en la oficina recaudadora del municipio de Rayón, lo que resulta sospechoso debido a la discrepancia en la documentación presentada. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2022 se llevó a cabo un cambio de propietario autorizado por el síndico municipal Víctor Hugo Salgado.
Sin embargo, al verificar la autenticidad de la credencial del INE utilizada, la organización descubrió que no está registrada en la base oficial del instituto, lo que sugiere que la identidad del síndico no fue verificada correctamente o que se usó un documento no válido.
Otro hecho irregular ocurrió el 6 de diciembre de 2024, tres meses después de la supuesta finalización del contrato de arrendamiento, cuando se realizó la baja de las placas de la camioneta.
En lugar de presentar un acta de extravío, como es el procedimiento legal, se entregó una constancia de recepción de denuncia fechada el 5 de diciembre de 2024 en Tlalnepantla, Estado de México, donde se reportaba el robo de placas y tarjeta de circulación ocurrido tres días antes.
Para Ciudadanos Observando, esta diferencia es clave, ya que un acta de extravío es un documento oficial emitido por el Ministerio Público que confirma la pérdida de placas, mientras que una constancia de denuncia solo indica que se reportó un problema sin validar su veracidad.
La organización sugiere que esta maniobra permitió que las placas originales permanecieran en posesión del propietario para ser utilizadas indebidamente en el mismo u otro vehículo.
Otra irregularidad detectada es que la baja de placas se realizó en la oficina recaudadora de avenida Muñoz, una dependencia exclusiva para el registro de taxis y camiones, por lo que el trámite no correspondía al tipo de vehículo.
Para la organización, esto sugiere que pudo haber existido corrupción en la gestión del trámite ya que, en su momento, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) denunció actos de corrupción y coyotaje en esta recaudadora.
Ante estas presuntas irregularidades, Ciudadanos Observando cuestionó el manejo de los vehículos arrendados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Por estos motivos, exige que la Fiscalía General del Estado inicie una investigación profunda y seria sobre estos hechos.
Además, demandaron que el alcalde Enrique Galindo Ceballos deje de justificar y encubrir estas presuntas irregularidades, y pidieron la destitución del oficial mayor Salvador Moreno, a quien señalaron como pieza clave en esta red de corrupción.
