Estela Ambriz Delgado
Como primer acto de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, constituida en la ciudad de San Luis Potosí, denunciaron la reactivación de proyectos de presas y trasvases que amenazan diversas localidades a nivel nacional e hicieron un llamado al Gobierno Federal a cancelarlos, y que se mantenga una política antiprivatización de proyectos hidráulicos, así como de la operación de sistemas de agua y saneamiento.
Como parte de las primeras acciones de la contraloría, además de señalar diversos aspectos en torno a las propuestas de la nueva administración federal en el tema, denunciaron la decisión del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, de revivir el proyecto de la presa Las Cruces, que fue suspendido en 2017 siendo el único río libre en el país.
Esta obra acabaría con los lugares sagrados y formas de vida de los pueblos Naayeri, Wixarika, Meshika y Óodam, y el arraigo de más de 20 mil familias, por lo que exigen al Gobierno Federal su cancelación definitiva, y la abrogación del decreto presidencial del 2014 que reserva el agua del río para generación hidroeléctrica.
“Dado que las presas en su primera década generan más gases de efecto invernadero que la generación con base en combustibles fósiles, consideramos que la transición energética no pasa por presas, sino por proyectos descentralizados de generación solar y viento”.
De igual forma, la Contraloría cuestionó los recientes anuncios de otros gobernadores a favor de proyectos como la presa Paso Ancho en Oaxaca, las presas en Río Sonora, así como la consideración de nuevos trasvases hacia el área metropolitana de la Cuenca de México, y un posible trasvase desde Veracruz hasta la frontera con Texas.
“En cada uno de estos casos confiamos en que el Gobierno Federal garantizará una revisión pública y profunda de los costos y beneficios hídricos, energéticos, económicos, sociales y ambientales, de estas propuestas frente a otras opciones basadas en el ordenamiento, el ahorro, el reúso y la regeneración”.
