Por Samuel Estrada
Luego de que en Octubre de 2016 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) determinó que dichos derechos se están violando por la contaminación a la que están expuestos los niños de la escuela Luis Gonzaga Medellín Niño, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez a unos cuantos metros de la empresa APELSA, a la fecha no ha habido avances de parte de las dependencias señaladas como responsables por la comisión para garantizar los derechos de los menores.
El promovente de la denuncia inicial, Ángel Sánchez Soto, recordó que luego de las diferentes denuncias que realizó, la CEDH llevó a cabo un estudio y dio a conocer un informe especial en donde determinó la violación de los derechos de los niños a la salud y a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar sobre la base del respeto a su dignidad e integridad, esto principalmente por parte de las autoridades responsables de autorizar la construcción de la escuela en 2014 a tan poca distancia del foco contaminante que representa la industria.
Se trata de direcciones del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, como ecología, Protección Civil y catastro, así como dependencias del Gobierno del Estado como la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEFE), así como el órgano operador del agua potable de la zona metropolitana (Interapas).
A finales de mayo, tuvo verificativo una reunión entre los entes involucrados y la CEDH en la Secretaría General de Gobierno, para revisar los avances en el cumplimiento de los puntos del informe, al finalizar la reunión se firmó una minuta, la cual se negaron a proporcionársela al quejoso, por lo que tuvo que recurrir de nueva cuenta a una queja pero ahora ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que le entregasen una copia.
Fue hasta el 5 de julio cuando tuvo acceso al documento, y pudo constatar que prácticamente no se ha avanzado en nada y las dependencias involucradas tanto estatales como municipales siguen siendo omisas en el caso, y solo se acordaron algunas medidas paliativas como el hecho de sembrar árboles en el perímetro de la escuela de tal forma que constituya una barrera física entre las emanaciones de Apelsa y los menores que acuden al plantel, asimismo la conformación del plan interno de protección civil de la primaria.
Al respecto, Sánchez Soto dejó constancia,“ me queda perfectamente claro de que desde que se emitió el informe especial en octubre de 2016, ya vamos para nueve meses y no hay ningún avance por la falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales involucradas, por lo que me parece que de nada sirve que la CEDH realice estudios, informes y recomendaciones si las autoridades simplemente hacen caso omiso, por lo que ahora he recurrido a la CNDH para que haga que se cumpla lo que se señala en el informe, ya que cada día que pasa se siguen violando los derechos de estos niños, de manera continua y sin que se haga nada al respecto”.
