Marcela Del Muro
“En el informe ‘Panorama Delictivo San Luis Potosí’, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se estableció la posibilidad de que la Guardia Civil de San Luis Potosí tenga la orden de desaparecer u, ocultar, los cuerpos que sean localizados por sus integrantes, lo anterior con el objetivo de disminuir la cantidad de Homicidios Vinculados a la Delincuencia Organizada (HVDO) que se registran en la entidad”, señaló El Economista en un artículo publicado el pasado 11 de octubre.
Dicha información fue obtenida por el hackeo en contra de los servidores de la Sedena realizado por el grupo de hacktivistas Guacamaya, en lo que se considera el robo de información más grave en la historia de México.
Para las familias que integran el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Voz y Dignidad por los Nuestros esta información preocupa, pero lamentablemente no sorprende. El colectivo ha denunciado que el actual Gobierno estatal ha sido omiso y negligente en la búsqueda de personas.
Los registros oficiales indican que en 2021 y lo que va de 2022, son los años en los que más personas continúan sin ser localizadas en la entidad. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, estos dos años representan el 37 por ciento (con 226 reportes) del total de personas desaparecidas en el estado del año 2000 al 12 de octubre de 2022, este dato inquieta profundamente a la familia de desaparecidos.
El reporte “Panorama Delictivo San Luis Potosí” habría sido realizado por el Cuartel General de la XII Zona Militar, ubicado en la capital del estado, quienes indican que en la actualidad las actividades delictivas se concentran en ocho municipios: San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en la zona Centro; Rioverde, Ciudad Fernández y Cerritos, en la zona Media; Matehuala, en el Altiplano; Ciudad Valles y Tamazunchale, en la Huasteca.
La Sedena señala como una de las problemáticas: “La corrupción de los cuerpos policiacos y de los órganos administradores de justicia en la entidad, la falta de voluntad de gobiernos municipales y déficit de sus efectivos policiacos, militares y de la G.N (Guardia Nacional)., limita las actividades para disminuir la incidencia de homicidios dolosos”.
“Lamentablemente, el temor hizo que se callaran los rumores, pero estos señalamientos no son nuevos. Desde el 2012 se escuchaba de la conexión entre las policías y las desapariciones. Antes era un grito silencioso y hoy, por fin, está en el dominio público”, comenta Tere Castillo, quien busca a su hija Perla Padrón desaparecida en junio de 2013 junto a su esposo, José Alberto Gallegos, en el municipio de Rioverde.
Las madres y padres que integran Voz y Dignidad por los Nuestros están preocupados por el aumento de la violencia y por la “desfachatez de los gobiernos (estatal y municipales) por querer minimizar lo que los ciudadanos estamos viendo y viviendo día con día en todo el estado”.
En Cerritos, por ejemplo, desde el año pasado se han registrado diversas balaceras, enfrentamientos, ataques directos, incendios de casas y desapariciones de personas. Se repiten con tanta frecuencia que la población, aunque con miedo, ha aprendido a protegerse.
El evento más reciente se reportó la semana pasada, la noche del lunes 3 de octubre, cuando un comando armado circuló por las calles de la cabecera municipal. Vecinos denunciaron la presencia de civiles armados en una bodega comercial, en la central de autobuses y, posteriormente, escucharon cómo balearon una casa abandonada en la calle Rafael Nieto y el incendio de dos autos que se encontraban estacionados afuera del inmueble.
Una situación similar pasó el medio día del 19 de noviembre de 2021, se escuchó una balacera en la colonia Guadalupe, muy cerca del centro de Cerritos. Lorena Vega se preocupó porque se escuchó para el rumbo de casa de sus papás, corrió hacía allá. Primero se topó con la camioneta de civiles armados y después con unos policías, ninguno la dejó pasar.
Cuando pudo llegar a su casa, se encontró con una escena terrorífica: el perro de su hermano Eleuterio Vega estaba muerto en la entrada y conforme iba recorriendo el lugar encontraba más y más charcos de sangre, pero su hermano se encuentra desaparecido hasta ahora. Los mismos policías que le negaron la entrada fueron a recoger las evidencias, pero no lo hicieron bien, esa noche Lorena encontró dientes tirados en el patio.
No hay rastro que indique dónde está Eleuterio, de 53 años, tampoco se sabe nada de Luis Guadalupe Pesina, de 22 años, desaparecido unos días antes, el 4 de noviembre. Su mamá, Ana María, se siente desesperanzada, lleva casi un año buscando a su hijo sin ninguna pista y sin ayuda de las autoridades.
“Estamos atados, la corrupción está en todos lados. No creo que vayamos a saber algo sobre ellos. Ya no creo en nadie”, dice Ana María.
El informe de la Sedena señala como posible que la recién creada Guardia Civil Estatal (GCE), cuando no puede desaparecer los cuerpos, indica que fueron “abatidos” por ser delincuentes:
“Deben informar que los cuerpos localizados fueron reducidos por ellos, esto derivado de supuestas agresiones, a fin de lograr la aceptación de la población mediante la obtención de resultados positivos”.
Desde el arranque de la GCE, el pasado 16 de mayo, es frecuente encontrar comunicados y noticias en medios que narran enfrentamientos que terminan con uno o varios delincuentes muertos.
La tarde del 4 de agosto de este año, la Guardia Civil “abatió” a 13 personas –10 hombres y 3 mujeres– señaladas como criminales en el municipio de Rayón. Según informes oficiales, los agentes fueron atacados por varias camionetas con civiles armados y, simplemente, repelieron la agresión.
En dicho operativo se detuvieron a dos hombres y se aseguraron armas de alto calibre, ponchallantas, autos y equipo táctico. Unas horas antes, se detuvieron a dos mujeres, que podrían pertenecer al mismo grupo delictivo, que intentaban enterrar los cuerpos del jefe de peritos de la GCE, Héctor Mayorga, y su esposa, que se encontraban desaparecidos desde 1 de agosto.
“Lo trascendente es que se desmantela un grupo delictivo que estaba operando en la zona Media, y con el armamento que se incautó se disminuye el estado de fuerza de reacción que tuvieron”, señaló como un logro el fiscal general José Luis Ruiz Contreras, en conferencia de prensa a los 8 días del enfrentamiento.
Para los familiares de desaparecidos del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros este informe de la Sedena, que es durísimo para ellos, explica un poco por qué el delito de desaparición está aumentando en el estado. Ellos piden la sensibilidad de las autoridades porque la desaparición de un ser querido destruye a toda la familia y al tejido social. Ellos no descansarán hasta encontrar a sus familiares ausentes.
“Nunca estaré completa si mi hija (Perla Guadalupe Padrón) no regresa porque me hace falta una parte de mi corazón”, dice Tere.
