Por Victoriano Martínez
Este jueves, 13 de los 18 integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí definieron su postura ante los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PMDUCP): a ocho les urge aprobarlos y los otros cinco se pronuncian por un análisis más detallado.
De los otros cinco integrantes, uno es el alcalde interino Alfredo Lujambio Cataño, quien desde el 15 de septiembre a través de Twitter definió su postura a favor de los documentos y la ha reiterado incluso con una respuesta amañada a una solicitud de información. Los cuatro regidores restantes no se han pronunciado.
Entre la urgencia de unos, la prudencia de otros para una revisión más exhaustiva, y las acusaciones mutuas de confusiones en cuanto a sus respectivas posturas, lo verdaderamente lamentable es que ninguno hace el menor esfuerzo por atender el interés de la ciudadanía.
Ni los regidores que se pronuncian por la necesidad de dotar a la ciudad de un plan de crecimiento ordenado, ni los que reclaman una revisión que atienda a la ciudadanía a la que se deben, hacen la más mínima referencia a los pronunciamientos de más de mil 800 personas durante la consulta sobre los programas, quienes representan más de dos terceras partes de los participantes.
Ninguno de los grupos se pronuncia por la omisión del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de responder formalmente a cada uno de los participantes y no sólo con la publicación de las respuestas en su sitio Web. Hay un juicio de amparo por violar el derecho de petición, una violación que –de aprobar los documentos– la avalarían y se convertirían en cómplices.
Tampoco se manifiestan sobre los cientos de planteamientos que se pronunciaron porque se respetara la condición de la Sierra de San Miguelito como Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga (ANPPPR), vigente desde 2003, que en los documentos desconocen y representa una violación a la legislación ambiental que les generaría responsabilidades.
Eliminar la ANPPPR y declarar urbanizable parte del polígono que se protege en el decreto de 2003 para abrir la posibilidad de proyectos inmobiliarios como Las Cañadas y Gran Peñón, además de la legislación ambiental, viola el principio de progresividad en los derechos humanos establecido en el artículo primero constitucional.
La Secretaría del Medo Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está atenta sobre la preservación de esa área como parte del proceso para la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra. De proceder los proyectos sin considerar esa área seguramente provocará que la SEMARNAT proceda contra los integrantes del Cabildo por distorsionar una cuestión ambiental.
También en el caso de la Sierra de San Miguelito, al omitir en sus posturas abordar los puntos importantes de los documentos, ambos grupos además pasan por alto que en la convocatoria a la consulta se estableció que lo correspondiente a la Sierra se definiría posterior a la declaratoria federal de Área Natural Protegida.
Ahora no sólo determinan modificar el carácter de no urbanizable a diversas áreas de esa zona, sino que en las respuestas que publicó el IMPLAN a los planteamientos de la consulta con ese punto, afirman desconocer el proceso de la declaratoria y omiten tomarlo en cuenta.
A pesar de que ambos grupos aseguran proteger el interés general, nada dicen sobre la afectación a cientos de familias de las colonias María Cecilia, La Estrella, Tabacal, Salazares, Angostura y La Unión, al norte de la ciudad, a las que condenarían a no poder regularizar la tenencia de sus viviendas por descartar reconocer el área como de asentamientos humanos.
Tampoco atienden las inquietudes de los ejidatarios de La Pila a quienes, al cambiar el destino de sus tierras, los ponen en riesgo de ser despojados por desarrolladores inmobiliarios abusivos, a pesar de los litigios agrarios que se encuentran en proceso.
Se trata sólo de algunos ejemplos de lo que se incluye en los PMOTDU y PMDUCP que necesariamente provocarían recursos legales en contra de la aprobación, y de los que derivarían un sinnúmero de responsabilidades para quienes den su voto a favor de esos documentos.
Son ejemplos adicionales a las dos suspensiones de amparo, sobre las que las mesas de trabajo de este lunes, martes y miércoles, ya provocaron la presentación de nuevos incidentes de violación, y que podrían traer consecuencias legales para los participantes, por muy urgente que consideren la aprobación de los programas.
Una urgencia en la que lanzan como vocera a la regidora Nadia Viera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana que ahora suman a las dictaminadoras, cuando en la convocatoria en diciembre y la ampliación del plazo de la consulta en febrero sólo participaron las de Alumbrado y Obras Públicas, de Gobernación y de Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro.
Si Viera señala que tienen “un problemita” con dos comisiones, significa que sólo una de las tres comisiones responsables de los dictámenes presiona para aprobar los programas como están, en tanto que las otras dos consideran necesaria una revisión más detallada. La comisión de Viera resulta advenediza.
Un panorama ante el que sorprende la urgencia de un grupo de regidores, la síndico y el alcalde interino, que hablan de obstaculización a la aprobación de los programas por intereses políticos, cuando los documentos representan atentados de carácter ecológico y económico al interés general.
Los cuestionamientos a los programas son un acto político en sí. Si en la disputa politiquera entre los integrantes del Cabildo la regidora Nadia Viera considera que el debate se toma como botín político, más vale que antepongan el interés de los pobladores de la ciudad para evitar que, para los depredadores inmobiliarios, los documentos se conviertan en su botín económico y ecológico… a menos que eso sea lo que realmente pretendan.
