Angélica Campillo
La titular del Instituto de las Mujeres en el Estado (Imes), Erika Velázquez Gutiérrez, consideró que, jurídicamente, no es posible aprobar la propuesta del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, para aplicar la pena de muerte a feminicidas.
Aunque reconoció no conocer bien la propuesta del legislador federal, señaló que esto se ha escuchado en otros ámbitos donde las penalistas que conocen de perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres saben que México es parte de tratados internacionales en los cuales se compromete como nación a no imponer la pena de muerte a ninguna persona, incluso a feminicidas: “no creo que vaya a aprobarse, jurídicamente no puede ser posible”, reiteró.
Sin embargo, comentó que si esta parte no es viable, se debe ver qué sí se puede hacer desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados, y en ese contexto sumar esfuerzos para que este tipo de violencia deje de presentarse en México.
Destacó que si la pena máxima para los feminicidas en San Luis Potosí ya está y aún así se siguen cometiendo, habría que ver, como sociedad y como gobierno, qué más se debe hacer para frenar este delito. Agregó que se debe vigilar que las fiscalías y los poderes judiciales de los Estados estén sancionando conforme lo que dicta el Código Penal hacia las personas que cometan feminicidios.
La titular del Imes indicó que muchos tipos de violencia se dan dentro de espacios privados, en donde no se puede prever qué tipo de circunstancias se van presentando, y si bien no pude haber un policía vigilando los hogares, sí se pueden hacer llegar mensajes a los posibles agresores para que dejen de cometer cualquier tipo de violencia, por lo que es importante seguir trabajando en el tema de la prevención, más allá de que cambiara o no el Código Penal.
Finalmente, resaltó que se debe vigilar que los programas que atienden a las mujeres víctimas de violencia o que van a fortalecer su independencia se sigan dando, ya que a una mujer, entre más empoderada, independiente y autónoma, y que conozca sus derechos, es más difícil que se le violente.
Por separado, el arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, aseveró que la pena de muerte no es la solución para los feminicidas, sino la educación y la formación, y consideró injusta la propuesta porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, “no estamos en la etapa del Talión: ojo por ojo y diente por diente”.
