Leticia Vaca
El diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ante la omisión de no realizar una consulta indígena en San Luis Potosí, por la cual se invalidó la Ley Electoral del Estado, descartó que se puedan generar demandas de parte de quienes estaban a cargo de realizar dicha actividad.
El legislador indicó que están por determinar el método, recibir los entregables y buscar la forma en que “se va a cerrar este capítulo, hay que entender que se tuvo que suspender por una cuestión completamente ajena a nosotros, como fue la pandemia; se quedarán cuestiones en proceso que estaba determinando la Comisión (de Asuntos Indígenas) y la Junta y ahora estando al frente me toca cerrar ese capítulo”.
Además, hizo énfasis en que no hubo ningún incumplimiento de contrato con el Grupo Técnico Operativo que se encargaría de realizar la consulta indígena: “estamos por cerrar la negociación para poderlo liquidar y ahora con la determinación de la Corte, ver cuándo podemos volver a empezar”, dijo.
Asimismo, aclaró que no hubo dolo de ninguna de las partes, ni intención de querer fracturar el tema, “simplemente hay que ver la circunstancia de la pandemia”.
Mencionó que por el anticipo que otorgó el Congreso del Estado se evaluará si corresponde a los “entregables” que otorgaron los integrantes del Grupo Técnico Operativo por los trabajos realizados.
“Se les dieron anticipos, sí se pagó, no tengo el monto exacto pero sí hubo anticipos, y ahora hay que cerrar esas cuentas. Como Congreso si vamos a pagar algo necesitamos tener algo a cambio, un estudio, un dictamen, es lo que estamos buscando, cerrar este entregable que corresponda al monto que se va a pagar porque a futuro puede convertirse un problema de auditoría”, finalizó.
