María Ruiz
Existe una gran deuda en materia de Derechos Humanos de las mujeres y acceso a la justicia de niñas y mujeres víctimas, así lo mencionaron las especialistas que participaron en el proceso de investigación y hallazgos del Diagnóstico sobre Panoramas de Acceso a la Justicia de Niñas y Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el estado de San Luis Potosí, realizado por Educación y Ciudadanía A.C.
El trabajo documenta de manera cuantitativa y cualitativa el panorama de acceso a la justicia de las niñas y mujeres en el sistema de procuración e impartición de justicia penal, así como el estudio de aquellas brechas de desigualdad causadas por la condición de género, étnico raciales, de discapacidad, económicas, de edad y todas aquellas opresiones que generan irregularidades sistémicas para este sector poblacional.
Las cifras revelan que la Fiscalía General del Estado (FGE), de 2016 a 2022, registró una gran incidencia en violencia feminicida en el estado, con un total de 135 feminicidios, de los cuales la cuales el 77.7 por ciento son de tipo íntimo. Los municipios de mayor incidencia son la capital de San Luis Potosí, Cedral, Matehuala, Ciudad Valles, Xilitla, Tamazunchale y Guadalcázar.
En este mismo lapso de tiempo se registraron un total de 206 casos de homicidio doloso de mujeres, la mayoría de ellos ocurridos en las zonas Huasteca y Media.
Asimismo, se informó que solo el 57.7 por ciento de estos casos de feminicidio se encuentran judicializados y el 3.7 por ciento cuentan con sentencia condenatoria.
También se expusieron las cifras del total de incidencia de delitos sexuales en el estado cometidos en contra de niñas y mujeres, en las que se contabilizaron un total de mil 314 casos de abuso sexual contra mujeres mayores de 18 años de edad, y 838 casos que corresponden a mujeres menores de 18 años.
Perspectivas de investigación que revelan el estado crítico de violencia que enfrentan las niñas y mujeres en la entidad, pero sobre todo exponen cómo la violencia de género es una problemática que repercute en la vida de las mujeres y transforma sus dinámicas sociales.
Una situación que integrantes de la sociedad civil organizada, e incluso las víctimas, han tratado de resolver por medio del desempeño de funciones particulares, sin la ayuda de las autoridades y con la constante omisión del Estado.
“Debido a que el Estado no imparte las medidas necesarias para la obtención de este derecho, las mujeres han tenido que teorizar y accionar para incidir en la realidad inmediata a partir de las violencias que han vivido; hablamos de mujeres jóvenes, hermanas e inclusive hijas de víctimas que de primera mano conocen este tipo de violencias”, indicó la abogada Zamira Silva Ramos, especialista en perspectiva de género y derechos humanos.
Como parte de las conclusiones, las investigadoras y académicas que participaron en el proceso de este estudio señalaron que existen obstáculos jurídicos, sociales y coyunturales para atender esta problemática en el estado.
“Es fundamental comprender de qué trata el acceso a la justicia para entender la relevancia de la aportación de este estudio. El acceso a la justicia es un derecho fundamental y eso es algo que primeramente tendríamos que entender, y como derecho fundamental se traduce necesariamente en un aspecto tutela. ¿Qué significa? Que le corresponde necesariamente al Estado garantizar el derecho a la defensa, el derecho a la legalidad; garantizarle a las víctimas el acceso efectivo a mecanismos para el conocimiento de la verdad y la reparación”, señaló Urenda Queletzu Navarro Sánchez.
En este sentido, concordaron en que hay una necesidad de construir información oportuna y verídica sobre el problema que enfrentan las niñas y mujeres en el estado en torno a los ejercicios de violencia de género y de la violencia feminicida.
