Estela Ambriz Delgado
La tarde del sábado, 84 contralorías Autónomas del Agua de 28 estados de la República, y la Ciudad de México, conformaron la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, y sus integrantes tomaron protesta en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Después de una jornada de trabajo intensiva desde el día ayer, en la que participaron diversas organizaciones sociales, activistas, así como integrantes del sector educativo, en diferentes mesas de trabajo con temas específicos de las principales problemáticas en torno al agua, los representantes de las 84 contralorías tomaron protesta para integrar la contraloría nacional.
Solamente los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima y Quintana Roo no cuentan con contralorías estatales, y en el caso de San Luis Potosí sólo se tiene representación regional, en la contraloría de la zona Huasteca con sede en el municipio de Xilitla. En este mismo encuentro se definirá una próxima fecha en la que trabajarán la conformación de la correspondiente a la zona metropolitana.
El organismo nacional conformado se fundamenta en su Código de Ética, que exige a sus integrantes trabajar por el bien común, respetar y defender la naturaleza, las comunidades y los pueblos; intercambiar saberes y conocimientos; consensar acuerdos y cumplirlos ; colaborar con otros procesos organizativos y de contraloría, y resolver sus conflictos a través del diálogo abierto.
Asimismo se comprometen con procesos de planeación desde cada región del país para consensar estrategias que desmonten las dinámicas de sobreconcesionamiento, acaparamiento, despojo, y tomas ilícitas que resultan en la violación sistematica de los derechos colectivos.
En particular señalaron que el sobreconcecionamiento está secando los pozos, manantiales, suelos forestales, ríos y ecosistemas, dejando a la población aún más vulnerable ante los extremos del cambio climático.
En este sentido los integrantes de la coordinadora expresaron que celebran el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de construir el Acuerdo Nacional Para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, el cual busca corregir los graves problemas sociales y ambientales causados por el sistema de concesiones privatizante de la Ley de Aguas Nacionales.
Confían en que dicho acuerdo incluya a su vez el reconocimiento de los derechos de agua de los pueblos indígenas y afromexicanos, en el contexto de las reformas al Artículo 2 constitucional, y de los núcleos agrarios, cuyos derechos fueron inconstitucionalmente desconocidos por la Ley de Aguas.
En particular señalaron la necesidad de reconocimiento y apoyo federal para los sistemas comunitarios que están cumpliendo con el derecho humano al agua en contextos de discriminación y hostilidad por parte de sus gobiernos locales.
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua se reunirá presencialmente cada dos años en distintas sedes, y sostendrán reuniones mensuales vía remota para estar en constante comunicación.
