Fernanda Durán
El Pleno del Congreso del Estado desechó por completo las reformas a la Ley de Aguas del Estado con las que se pretendía obligar a los fraccionadores o urbanizadores a formalizar el contrato de servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de los inmuebles antes de venderlos.
Esto luego de seis meses desde que se dictaminó en comisiones, hubo confrontaciones en su proceso legislativo e inconformidades del sector inmobiliario.
Aunque el dictamen era procedente para establecer las reformas, por unanimidad los diputados y diputadas determinaron desechar las reformas a los artículos 159 y 162 de la Ley de Aguas del Estado.
Las reformas propuestas por el diputado José Antonio Lorca Valle adicionaban la obligación de formalizar los contratos de servicio desde el momento en que se encontrara la infraestructura en condiciones de iniciar con el suministro de agua, y la recepción de residuales. Contrato que en su caso, sería transferido al comprador de cada predio por el prestador del servicio de agua potable, una vez que el fraccionador le comunique la venta del inmueble sin que pueda generar alguna cuota o tarifa adicional.
Hasta ahora sólo están obligados a construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua potable y alcantarillado, así como instalar las tomas domiciliarias en cada predio.
Aunque la propuesta fue aprobada en comisiones desde diciembre, se había detenido tras diversas reuniones entre la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) con integrantes de la Comisión del Agua en el Congreso, ya que estaban inconformes con la modificación por posibles costos extra que pudieran generar.
Debido a su estancamiento, surgió la molestia y reclamo del diputado Lorca, lo que desencadenó acusaciones en contra de un asesor y terminó con la votación del dictamen tal y como había sido aprobado a finales de 2023.
