Por Victoriano Martínez
Cuando un grupo de investigadores universitarios reveló que en la versión final de los programas de desarrollo urbano se proponen 5 mil 700 hectáreas como área urbanizable fue para advertir que se pretende expandir parte de la ciudad hacia la sierra y zonas de valor ecológico, además de contradecir el modelo de ciudad compacta y sostenible.
Se menciona en aquella pieza informativa que las áreas de los proyectos Gran Peñón y Cañadas, en la Sierra de San Miguelito, quedan parcialmente integrados como áreas urbanizables, y al proyecto San José de Buena Vista, se le integró en su totalidad al desarrollo urbano. Es decir, si hoy no son proyectos factibles por estar en áreas no urbanizables, con la aprobación de los programas lo podrán ser.
Tan es así, que prácticamente de manera simultánea a aquella revelación de que los documentos finales para los planes de desarrollo urbano ya se analizaban por parte de algunos regidores y habían sido entregados a la Secretaría General del Ayuntamiento, las empresas promotoras de esos proyectos inmobiliarios comenzaron a hacer promoción.
Desde aquella revelación, el 18 de septiembre, el Ayuntamiento no ha hecho públicos los documentos finales de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PMDUCP), y sí en cambio ha difundido declaraciones para destacar la importancia de su aprobación.
Un manejo opaco del último tramo de la Consulta Pública que llevó a cabo el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en el que, quienes presentaron planteamientos, se vieron obligados a armar una especie de rompecabezas a partir de las respuestas que fueron publicadas a partir del 25 de septiembre.
En el extremo de la opacidad, en una mesa de trabajo a la que se convocó el pasado jueves en el IMPLAN se negó incluso el acceso a uno de esos documentos a los propios regidores que no habían participado en ninguna de las 12 reuniones previas que ahí reveló el regidor Alfredo Lujambio Cataño.
Tras esa frustrada reunión, la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento distribuyó un comunicado con declaraciones de Lujambio Cataño quien, en lugar de hacer públicos los documentos ocultos, afirmó que “se estima en más de 30 millones de pesos diarios el costo de no tener nuevos programas”.
“Vaya manera de reconocer la liga de los voraces fraccionadores y sus vasallos no menos voraces en el ayuntamiento del advenedizo Nava. ¡Vaya distancia política de conciencia cívica, de luchar por justicia, con respecto a Manuel y Salvador Nava!”, opinó en Twitter el maestro José Miramontes Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí.
“Es más fácil informar que explicar”, reza una de las lecciones aprendidas en más de 250 años de leyes de transparencia en Suecia. Una lección que no sólo exhiben desconocer, sino de la que se alejan de la peor manera al pretender explicar sin ni siquiera informar. Una actitud que pone de manifiesto que, seguramente, se dejan llevar por ligas con intereses inconfesables.
Tanto insisten en explicar sin informar, que este lunes el Ayuntamiento distribuyó un nuevo comunicado –publicado como gacetilla en diversos medios– en el que se atribuye al alcalde Xavier Nava Palacios aclarar la confusión y desinformación en torno al tema.
Aclaró Nava Palacios ante la confusión y desinformación que, “no se autorizan proyectos específicos sino se proponen las distintas zonificaciones, alturas, densidades, etc.
“Son programas donde se define cómo va a funcionar la ciudad, cuáles son las compatibilidades en las zonas”, “Que bueno que se discuta, se analice y se construya”, puntualizó Nava Palacios.
La revelación del grupo de investigadores universitarios, y la información que se ha manejado a partir de esa pieza informativa, siempre se ha referido a la modificación de áreas no urbanizables a urbanizables que abren la posibilidad a determinados proyectos, pero nunca como si los programas autorizaran éstos, lo que al parecer sí asumen los desarrolladores de los tres casos mencionados.
Tratar de sembrar confusión donde no la hay y expresar beneplácito porque el tema se discuta al mismo tiempo que se habla de desinformación, tras más de un mes de intentar llevar a Cabildo la aprobación de los planes de espalda a la ciudadanía, deja ver a lo que están dispuestos a llegar con tal de atender intereses que claramente traicionan a los de la población.
Si no se traicionara a la población, podrían hablar abiertamente y hacer públicos documentos como el engargolado maldito. Pero optan por desinformar que, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) es (1) dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines y (2) dar información insuficiente u omitirla.
En los comunicados y gacetillas que han publicado sobre el tema no hay duda de que dan información intencionadamente manipulada, en tanto que la principal omisión es la no publicación de los documentos entregados por el IMPLAN a la Secretaría General. Tan eficiente es su política de desinformación que atienden las dos acepciones de la RAE.
El 15 de septiembre, Lujambio Cataño presumió por primera vez en Twitter que ya trabajaban en el análisis de los programas de desarrollo urbano. Han pasado 49 días y el Ayuntamiento que se auto proclama transparente no ha sido capaz de poner a disposición de la población esa información que involucra a todos porque, como dice Nava Palacios, “define cómo va a funcionar la ciudad”.
Pretender su aprobación de espaldas a la población y más cerca de los grandes depredadores inmobiliarios expone, sin lugar a dudas, a quien representan y. lo que es peor, para quien trabajan.
