Alejandro Rubín de Celis
Después de tres años de excesos, hostilidades, imposiciones y arbitrariedades, sin contrapeso político alguno, comienzan a vislumbrarse señales de un posible desmantelamiento paulatino del grupo político conocido como la gallardía, y de que los potosinos comiencen a librarse del nuevo cacique y peor gobernador que ha tenido San Luis Potosí en los últimos 39 años.
La situación política para Ricardo Gallardo Cardona ha cambiado significativamente en semanas recientes. Ya no goza del mismo respaldo que tuvo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de la dirigencia nacional de Morena a cargo de su gran amigo, Mario Delgado.
Si bien Mario Delgado operó bajo la mesa para favorecer la candidatura de Gallardo Cardona en 2021 (en franca traición a los potosinos mediante procesos antidemocráticos), con el aval de un expresidente que pasó de señalarlo como un mafiosillo junto a su padre, a sostener que es un buen gobernador con calificación de 10, ahora está una nueva presidenta que no parece estar dispuesta a que continúen los abusos y excesos del mandatario potosino, ni mucho menos que prolongue su cacicazgo a través de su esposa, Ruth González.
Claudia Sheinbaum tiene bien claro quién es Ricardo Gallardo Cardona y tiene presentes los agravios que el gobernador causó a su candidatura a la presidencia por favorecer a su cónyuge en su aspiración al Senado, y abandonar a su suerte a la morenista Rita Ozalia Rodríguez (amiga cercana de la presidenta y hermana de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez), quien también buscaba un lugar en la Cámara Alta que finalmente no consiguió.
Una estocada con herida de muerte para el proyecto transexenal gallardista fue la que impuso Claudia Sheinbaum cuando en su mañanera del pasado 24 de octubre anunció: “Vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular, el próximo año, y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo”, que permita dejar a un familiar directo en el periodo inmediato posterior al del gobernante en turno, sea federal, estatal o municipal. Se entiende, entonces, que también habrá una reforma constitucional respecto al tema del nepotismo que seguramente será aprobada el año próximo.
Pero la gallardía y su jefe mayor parecen haber hecho oídos sordos a este anuncio, pues continúa haciendo campaña a favor de la senadora Ruth González aparentemente por la gubernatura. Sin embargo, está claro que continuar con ese propósito sería un gran desafío a la presidenta de la República (con la que se supone tienen una alianza política), quien con la reforma anunciada ha dejado bien claro que su gobierno está absolutamente en contra del nepotismo y, en una de esas, hasta lo hizo con dedicatoria particular para Gallardo Cardona.
Pero a la gallardía no parece importarle. En un acto reciente en Ébano, la senadora Ruth González declaró: “(…) todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados, entonces ahí hay un tema un tanto de incongruencia, pero pues está en la Constitución, entonces quien decida candidatearse está en su libre derecho porque todos tenemos esa libertad democrática”.
¿Podría la presidencia lograr la reforma anunciada con una adición a la Carta Magna para evitar el nepotismo, sin el apoyo del Partido Verde? Desde luego es factible.
El primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en 2025 comienza el 1 de febrero y concluye el 30 de abril. Pero desde ahora y durante los siguientes cinco meses pueden suceder muchas cosas, como que se pasen legisladores de oposición a Morena, tal como acaba suceder con la senadora, ahora expriista, Cyntia López Castro; o como pasó en los hechos con el senador Miguel Ángel Yunes Márquez para aprobar la reforma judicial.
Para alcanzar las dos terceras partes en el Congreso de la Unión que permita lograr una reforma constitucional, las bancadas de Morena y PT también pueden contar con votos de legisladores de oposición del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano, si son capaces de convencerlos de que el nepotismo ha hecho un enorme daño al país y de que es lo mejor para el bien de México y de los mexicanos, y más aún si les ofrecen algún beneficio a cambio, que es lo que suele suceder. Y, si no logran la mayoría calificada en el primer periodo ordinario de sesiones del año entrante, continuarán la negociación y lo conseguirán probablemente en el segundo periodo; y, si no es así, en el primer periodo de 2026. El caso es que aún quedan dos años y medio para poderla alcanzar.
Además, en el tema de la gubernatura de San Luis Potosí no solo juegan el gobernador y su pandilla por más poder local que tengan. Están también los líderes nacionales del Verde que difícilmente comerían lumbre y votarían en contra de una reforma impulsada por su aliada, la presidenta de la República. No hay que olvidar que el Verde siempre está con el partido que tiene el poder federal (así se alió, en su momento, primero con el PRI, luego con el PAN y ahora con Morena) porque es gracias a esas alianzas que han obtenido enormes beneficios e incrementado su presencia en el ámbito político nacional.
Y ya en un escenario donde los mandamases del Verde y el propio Gallardo se pusieran muy difíciles y ejercieran mayor presión, podría optarse por una negociación política al más alto nivel, que desde luego sería indeseable. Morena y la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la presidencia, podrían ofrecer y apoyar una candidatura en coalición en alguno de los 16 estados que renovarán el Poder Ejecutivo en 2027 y, obviamente, sería en uno de los 12 que gobierna Morena en los que tendría mayores posibilidades de triunfo.
Y como su objetivo no es el bien de la nación sino proteger sus intereses particulares y de grupo, los dirigentes del Partido Verde estarían encantados de negociar una candidatura distinta a la de San Luis Potosí, con tal de proteger sus cotos de poder.
En contra de Ricardo Gallardo Cardona también juega en este momento la presunta reactivación de una demanda presentada en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ante la Fiscalía General de la República, en contra del propio gobernador potosino, sus padres y dos de sus hermanas, entre otras personas, y que involucra a 20 empresas, por un monto de 724.6 millones de pesos, que reveló el periodista, Juan José Rodríguez el pasado 14 de noviembre.
De ser cierta la reactivación de la indagatoria en cuestión, o se trata de una estrategia presidencial para aplacar los ánimos transexenales de Gallardo y sus incontables abusos y excesos, pero que no tendrá efectos punitivos, o querría decir que el gobierno federal y la presidenta Sheinbaum van con todo contra el gobernador potosino y su desprestigiado grupo político, lo cual es muy poco probable, pero sería lo correcto si hay delito(s) que perseguir.
Decenas de miles de ciudadanos en San Luis Potosí tienen la esperanza de que el nuevo gobierno federal promueva las modificaciones constitucionales y legales necesarias para evitar que el cacicazgo gallardista se extienda un sexenio más a partir de 2027. Es una deuda y un deber del Estado, después de haber sacrificado el bienestar de los potosinos por seis largos años.
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