Eduardo Delgado
Un octogenario, una sexagenaria y otras dos compañeras “renunciaron” y “recibieron” su liquidación en el Partido del Trabajo (PT), a pesar de que la dirigente María Patricia Álvarez Escobedo aseveró que ninguno tuvo nexo laboral en el Comité Estatal.
Álvaro Cabriales Alemán, de 81 años; María Isabel Mares Hernández, de 69; Jesús Bertha Betancourt Serna y Consuelo Muñoz Rivas, denunciaron despido injustificado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, encabezada por el priista Manuel Lozano Nieto, compañero de Patricia Álvarez en el Congreso del Estado en la LIX Legislatura (2009-2012).
“Somos más (los afectados), pero lo demás dijeron: ‘ya no queremos ningún problema’. Nosotros pensamos que no era problema querer ejercer un derecho que se tiene como trabajador”, justificó Muñoz Rivas en entrevista.
Luego de cuatro meses sin recibir paga y tras el fracaso en la etapa de conciliación, en febrero pasado demandaron por despido injustificado. “Nosotros seguimos hasta que un día la nueva comisionada nos mandó decir con la encargada de las finanzas, Rosa María Rangel, que ya no iba a haber pago”, añadió.
En la primera audiencia, la ex diputada local por el Partido Nueva Alianza Patricia Álvarez, negó “por escrito cualquier tipo de relación laboral” con los demandantes. El documento no le fue admitido por no acreditar su personalidad jurídica.
En la tercera, “presentó un finiquito y una carta de renuncia”, documentos que los despedidos aseguran que son falsas. Primero, con cada uno por separado “desconoció la relación laboral y después mandó otro escrito donde dice que siempre sí”.
Patricia Álvarez, también ex aspirante a diputada federal por el Partido Acción Nacional, adujo que en el caso de Muñoz Rivas renunció delante de mucha gente, “que le pedí mi finiquito y que en ese momento la administradora lo preparó en efectivo, lo que es imposible para efectos fiscales”, comentó.
Incluso la hoy dirigente del PT ofreció el nombre de un perito de su parte para corroborar que las firmas de cada uno son auténticas.
El representante de los afectados es un abogado de oficio que trabaja en la Junta, quien le dijo a Muñoz Rivas que en esa dependencia no hay presupuesto para asignarles otro especialista en grafoscopía y, por ende, “nosotros vamos a juntar dinero para pagar un peritaje externo”.
Consuelo Muñoz dijo que ella, sus compañeras y compañero, tienen “un poquito de desconfianza” en la Junta, porque han escuchado en esa dependencia que Patricia Álvarez “es muy amiga” de Manuel Lozano, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Cabriales Alemán laboró 13 años y Bertha de Jesús más de siete, ambos como gestores. Isabel estaría por cumplir cuatro como intendente y Consuelo tenía tres en afiliación.
