María Ruiz
Desde este jueves se restringió el acceso a nueve empleados basificados del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), quienes señalaron directamente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de tomar esta decisión.
Las y los afectados denunciaron que el pasado 16 de febrero, alrededor de las 11 del día, el abogado Aarón Zavala, perteneciente a la Oficialía Mayor, les notificó de manera personal y sin oficio, que su relación laboral con el organismo estatal se daba por terminada.
“Nos anunció de manera verbal que el día de hoy ya no nos teníamos que presentar a trabajar al IMES. No presentó ningún documento oficial en el cuál se nos explicara el por qué de estas acciones que atentan contra nuestros derechos laborales”, explicó una de las afectadas.
Se trata de ocho empleadas y un empleado con más de 20 años de trabajo en el IMES y que cuentan con basificicación; pertenecían a las áreas de Comunicación Social, Planeación, Capacitación y Dirección General del instituto.
Las y el afectado indicaron que aún no han tenido acercamiento ni contacto con la titular del instituto, Marcela García Vázquez, a quien Astrolabio buscó para una entrevista, sin embargo, personal del organismo refirió que no estaba en el lugar, aunque otros trabajadores señalaron lo contrario.
Estos empleados asistieron desde la primera hora de este jueves a las instalaciones del IMES, pues afirmaron que al no tener un documento oficial que les obligara a rescindir de sus funciones, cumplirían con su horario laboral aunque les negaran el acceso a sus espacios de trabajo.
“Estamos cumpliendo con nuestro horario laboral, pues realmente no hay un escrito que diga que estamos corridos oficialmente. Estamos aquí queriendo cumplir con nuestras obligaciones aunque no nos dejen entrar”.
En este sentido, denunciaron y exigieron que el mismo Gallardo Cardona los reciba y aclare los motivos por los cuales se les rescindió su contrato.
“Es su obligación dar la cara. Está cumpliendo con su violento manifiesto de campaña de ‘cortar cabezas’, pero sin analizar los perfiles laborales, el cumplimiento de trabajo y los resultados obtenidos de nuestra labor”.
Subrayaron que era imposible de concebir que el gobernador del Estado, siendo abogado, no sepa que se incurre en una ilegalidad y en una violación hacia los derechos laborales.
Por último, le solicitaron a la titular del IMES que intervenga y les apoye, ya que temen las represalias del gobernador, además de que García Vázquez sabe y es consiente del trabajo que han realizado durante años.
“Que no nos abandone. Ella es un activista que ha luchado por años por los derechos de las personas, incluso por los de las y los privados de la libertad. Esperemos que también luche por los derechos de sus trabajadores”, mencionaron.
