Adriana Ochoa
Gobierno del Estado construyó una arena de espectáculos. El espacio pertenece al pueblo de San Luis Potosí, puesto que el recurso utilizado en ella es de origen público. La administración del lugar está descentralizada. Y el “pueblo” que pagó la arena debe costear su boleto cada que se presenta un cantante, grupo musical o evento de su interés. Aunque sea “del pueblo”, el “pueblo” en general no va gratis a la Arena.
Hagiógrafos y admiradores del gobernador pueden decir que sí, que hay entradas gratis para ir a la Arena. Para conseguirlos hay que participar en los concursos, “realities” y demás métodos de selección que el gobernador tenga a bien organizar. El contribuyente que quiera boleto, debe estar dispuesto a servir de variedad en las redes sociales del mandatario.
El “pueblo potosino” del gobernador no va gratis cuando quiere a la Arena, que así debiera ser, puesto que toda la población sin distingos contribuyó para hacerla, le gustara o no: sin filtros, trivias, concursos ridículos ni exposición pública. Sin embargo, a ningún potosino se le ha ocurrido dar portazo en la Arena en algún concierto para reclamar, con sentido de justicia, su entrada gratuita como es debido, ni amenazar con arrebatarle a gobierno estatal ese centro de espectáculos.
Al menos esa sería la lógica cuando en tono de inflamada indignación, el mandatario potosino ha anunciado que propondrá al Congreso del Estado que los propietarios de parajes como El Jardín Escultórico de Sir Edward James, en Xilitla, y el manantial de La Media Luna, en Rioverde, no les cobren a los residentes de los municipios donde estos sitios turísticos y recreativos se encuentran.
Hay, además, como ya es costumbre en esta administración, una amenaza a ladrido de perro: si no acceden a la gratuidad, les quitarán “el control” de esos lugares. “Si los ejidatarios siguen cobrándole a la gente de aquí para entrar a la Media Luna, se las vamos a quitar”, declaró el mandatario.
El gobernador también anunció que atenderá una solicitud del alcalde de Xilitla, Óscar Humberto Márquez Plascencia, para “regresar la administración del Jardín Escultórico Edward James al municipio”. El Jardín Escultórico de Sir Edward James en Xilitla, conocido como “Las Pozas”, es administrado por la Fundación Pedro y Elena Hernández, AC.
La fundación adquirió el jardín en 2007 con el propósito de preservar las esculturas y conservar el ecosistema del lugar. Antes de esto, el espacio surrealista y natural languidecía en el deterioro.
Con la regeneración y ordenamiento que la fundación realizó, el jardín fue declarado Monumento Artístico de la Nación en 2012. La administración y gestión directa recaen en la Fundación Pedro y Elena Hernández. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene un papel en la supervisión y protección del patrimonio cultural de México, lo que incluye “Las Pozas”. Atraído por la combinación naturaleza exuberante-surrealismo, el turismo aumentó, pero ni así el gobierno invierte en infraestructura turística para Xilitla. La oferta hotelera es deficiente y los servicios muchas veces decepcionantes.
Ricardo Gallardo Cardona aduce que el conjunto escultórico surrealista no debe cobrar a los locales la entrada. Puso de ejemplo el parque urbano Tangamanga, que es gratuito: grandes extensiones de áreas arboladas y recreativas sostenidas por el Estado. El entusiasmo decae bastante cuando se hace necesario ingresar a un sanitario, viejo o nuevo da igual: siempre sucios, sin agua en los lavabos y la mayoría de ellos sin luz por la noche.
El Jardín Escultórico no es el único paraje en la mira del gobernador. Apunta también al Sótano de las Golondrinas y las cascadas de Tamul, en Aquismón y las cascadas de Tamasopo, propiedades ejidales. Según Gallardo, están “desatendidos” y cobran a los visitantes locales.
Afirmó que buscarán recuperar los parajes turísticos y que se trabajará para regresar la administración de estos lugares a los municipios. El gobernador no precisó los mecanismos legales a los que recurrirá para para quitarle a los ejidatarios las tierras. En varios casos se trata de áreas naturales protegidas.
Desde luego, falta que los ejidatarios se dejen arrebatar lo que es suyo por las fiebres populistas o inmobiliarias del gobernador. Los ejidatarios y comuneros tienen derechos específicos sobre sus tierras, aunque la propiedad final reside en la nación.
En caso de expropiación, la Constitución exige una indemnización justa a los propietarios afectados. Determinar el valor justo de la tierra y los posibles daños y perjuicios puede ser un proceso complejo. ¿Quién va a pagar esas tierras?: ¿los ayuntamientos?
La Constitución, en su artículo 27, permite la expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La definición de “utilidad pública” en la ley es crucial y no le toca al gobierno estatal validarla.
La expropiación debe ser una medida excepcional y justificada por un interés público superior. Quién sabe si su alegato de “fomento al turismo” local y el acceso público cuelen para que la Federación avale el despojo a ejidatarios.
Enfocado en la distracción permanente, el gobierno de Gallardo no hace lo que verdaderamente le toca en materia de Turismo: invertir en infraestructura por un turismo sustentable; promover al estado como destino; incentivar la inversión en servicios; facilitar los procesos para inversionistas en el ramo; mejorar la seguridad en caminos de acceso a sitios turísticos y apoyar a las comunidades dueñas de parajes y sitios de interés para mejorar los servicios que prestan.
La Secretaría de Turismo de Gallardo es quizá la de peores resultados a la vista de todos. ¿Por qué mejor no le invierte a los parajes y en compensación que se haga el acceso gratuito a visitantes locales de escuelas y población vulnerable?
Pretender que se va de justiciero social con la propiedad ajena es vulgar despojo, le ponga el moño que le ponga.
ROLLOS SUELTOS
AUREA MEDIOCRITAS. La bancada Verde con el PRI, el PAN y MC, ratificaron con 20 votos a Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pudieron muy bien ahorrarse el prolongado proceso que le dedicaron para acabar en otra oportunidad perdida para la ya muy decadente comisión. Se entiende la indignación de las organizaciones defensoras de derechos humanos por ese premio a un desempeño gris, afónico y consecuente.
COMPACTA MORENA. La bancada morenista en el Congreso se mantuvo opuesta con su propuesta por el activista Enrique Rivera Sierra, navista activo y destacado en los años noventa. Bien por la bancada, aunque un activista no fuera lo más indicado porque el activismo sectariza mucho. Los morenistas se encastraron en afinidades ideológicas y no voltearon nunca a perfiles de experiencia y trabajo en la materia.
NOMÁS FALTA. En la Comisión, con la ombudsperson reelecta, ya se esperan la “purga” porque la titular y asesores que la acompañaron son algo vengativos. Y nada menos en la Casa de los Derechos Humanos…
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
