Por Victoriano Martínez
San Luis Potosí avanzó a su tercera semana en semáforo epidemiológico en color verde, y los problemas de inseguridad previos al inicio de la pandemia regresaron con condiciones renovadas y reacciones tardías por parte de la autoridad.
Dos fines de semana trágicos, con dos hombres asesinados en torno a los antros del centro de la ciudad, generaron como reacción que hasta este tercer fin de semana la policía preventiva municipal ponga en marcha un operativo de seguridad, que denominó Sello.
En su primera noche en funcionamiento, realizó supervisiones en diez establecimientos y, como confirmación de la omisión en la que se encontraban, aplicaron clausuras en cinco, la mitad.
“Por falta de permiso, fueron clausurados los bares Pócimas, Bocolito y Tampico; por violación de giro se clausuró Central Bar y por documentos vencidos la autoridad municipal selló el antro Greko latinos”, reportaron en el comunicado oficial sobre el saldo del operativo realizado la noche del jueves.
Así fue como la renovada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acompañada de las direcciones municipales de Comercio, Protección Civil, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Servicios Generales y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos comenzó a sellar el centro después de dos parroquianos muertos afuera de los antros.
El operativo bien se pudo llamar tapar el pozo para lograr un significado más acorde a su carácter reactivo al estilo del Sí incrustado como error ortográfico intencional en las nuevas patrullas, que no dejó lugar a dudas sobre el objetivo de no dar paso sin promoción con su política transversal de privilegiar la apariencia.
En las últimas dos semanas se reanudaron gran parte de las actividades presenciales en los distintos campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y también ya surgió la protesta estudiantil por la falta de vigilancia, como en septiembre de 2019, medio año antes de la llegada de la pandemia.
Otro aspecto de la inseguridad que entonces provocó la reacción de la autoridad municipal con el establecimiento de rondines y la instalación de 15 botones de pánico ubicados de manera estratégica que quedaron en el olvido ante la reducción al mínimo de la movilidad por la contingencia sanitaria.
Si entonces aquellas medidas fueron la reacción, hoy dan cuenta de que toda autoridad que llega a reinventar la gestión gubernamental, sobre todo sin medidas preventivas en materia de seguridad, como la protesta universitaria de este jueves da cuenta, está obligada a repetir el vergonzoso papel de quedar exhibida como una camada más de funcionarios reactivos.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos tardó casi cuatro meses en poner en marcha su plan de seguridad –incluida la postergación por una semana para poder salir él en la foto–, y aun así se dan estos dos casos –que seguramente no son los únicos– en los que el candidato experto policía que ofrecía servir y proteger se presenta reactivo ante lo que se supone domina y sabe poner bajo control, ¿o no?
Seguramente como parte de esa actitud reactiva aderezada con la vocación propagandística surgirá este lunes un comunicado sobre un espectacular saldo del primer fin de semana del Operativo Sello que pretenda sepultar en el olvido lo impactante de dos asesinatos al hilo en los dos fines de semana anteriores.
