Por Edgardo Pérez Alvelais
La mejor noticia de la semana pasada es que el incendio que consumió 80 hectáreas de la Sierra de San Miguelito fue controlado y abatido al 100% gracias a la heroica labor de los brigadistas que noche y día trabajaron para lograrlo. Otra de las ganancias dentro de la desgracia es que se demostró una mayor concientización por parte de la población en general sobre la importancia ambiental del Área Natural Protegida (ANP) para San Luis Potosí.
Mucho se especuló de que el siniestro pudo haber sido provocado con aviesos fines. Investigando en el lugar de los hechos y preguntando a la gente se abren dos hipótesis: O lo hizo alguien inconforme con los “tiburones del asfalto” o lo hicieron los mismos desarrolladores. Desde mi punto de vista y de un conocedor del tema que omito su nombre por obvias razones sería un absurdo.
Me explico. Si lo mandaron prender los constructores se hubiesen dado un balazo en el pie porque no podrían urbanizar esa parte. En todo caso es más factible que el fuego sea prendido por alguien que se oponga a la urbanización, ya que así asegurarían, de acuerdo a la ley, que en 20 años no les den autorizaciones para hacer cambios de suelo y urbanizar. Definitivamente un incendio no le conviene a los urbanizadores.
Aparte de los intereses encontrados entre las partes que están a favor y en contra de la urbanización de algunas partes de la Sierra de San Miguelito, muchos de los problemas se generan por cuestiones legales que se contrapuntean. Es por eso que en los juzgados se dirimen las controversias y donde está el dinero hay ventajas para ganar o perder algún juicio.
Del incendio que comenzó el domingo 7 de abril supimos que hay muchos leñeros y gente que hace campamentos y a cualquiera se le pudo haber ido una fogata. Hay auténticos comuneros en resistencia que sí quieren conservar la sierra y existen otros que sólo van por dinero. Entre ellos se difundió el siguiente mensaje: “Se está incendiando el área que quieren urbanizar”, es decir, las áreas que se conocen como “los cerros pelones” que están a un costado de la ciudad. Sigue el mensaje: “Ellos (los urbanizadores) le prendieron fuego para poder urbanizar”. Esto es un contrasentido, ya que Semarnat -insisto- se basa en el Artículo 97 de la Ley de Desarrollo Forestal que dice que no se puede otorgar autorización del cambio de uso de suelo cuando un terreno se incendia, durante 20 años o hasta que se recupere totalmente ahí la vegetación.
Hacen una ley y luego otra que se contrapone. Los municipios tienen cierta facultad sobre las áreas urbanas o territorios contiguos para crecer luego de los límites del área urbanizada. Si el centro de población tiene un espacio de reserva para crecer lo puede hacer, aunque sean cerritos. Un área forestal requiere de Semarnat la autorización del cambio de uso de suelo.
En 2018, cuando ya estaba a punto de salir el presidente Enrique Peña Nieto, se abrogó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de febrero de 2003, y se expidió una nueva ley general, al reformarse el primer párrafo del Artículo 105 y se adicionó un segundo párrafo. El cambio en el Artículo 3, del área urbanizable, indica que un territorio para el crecimiento urbano es el contiguo a los límites del área urbanizada y está determinado en los planes y programas de desarrollo urbano de los municipios.
Un centro de población es un área constituida por las zonas urbanizadas y las que se reserven para su expansión. Esto da a los municipios la facultad para determinar superficies para crecer. El margen de transas y corruptelas se dan en ese marco entre urbanizadores y autoridades municipales. Toman en cuenta esta ley que es lo que les da margen para señalar si un terreno es o no área urbanizable.
Así pasó con Monterra a fines del 2018. Como es un área contigua a la ciudad es urbanizable y no constituyó una irregularidad a la normatividad federal ambiental vigente. En la ley general indicaba que cualquier superficie que tuviera hasta desiertos podría ser área forestal que es aquella que no tiene urbanización. El Artículo 7 cambió. “El terreno forestal es el que está cubierto por vegetación forestal y produce bienes y servicios forestales. No se considera terreno forestal, para efectos de esta ley, el que se localice dentro de los límites de los centros de población en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las Áreas Naturales Protegidas”.
Estas controversias y pleitos se dirimen siempre en los juzgados. Los urbanizadores que quieren construir argumentan que las 1800 hectáreas de la Sierra de San Miguelito estaban autorizadas antes de que fuera ANP. Ya se tenía considerada esta parte como un área urbanizable que es para el crecimiento urbano contiguo a los límites del área urbanizada que está determinado en los planos o programas en términos de le ley general de asentamientos humanos.
Si el Ayuntamiento, antes de que fuera ANP tenía esa parte de los cerros ya incluidos en sus planes de desarrollo y luego viene el ANP, entonces el área protegida está infringiendo esta misma ley que el gobierno había hecho. Y entonces viene el pleito y primero en tiempo es primero en derecho.
La parte de atrás de la sierra donde hay encino es donde se registró el incendio y no estaba dentro de esos planes de desarrollo municipal. Eso ya no va a ser urbanizable porque no estaba considerado ni contemplado. Pero para unas personas se les pudo haber hecho fácil ir y prenderle fuego sólo por fastidiar. Saben que todo indica que después de los comicios viene el veredicto a favor de los urbanizadores y están en contra de ello.
Las 1800 hectáreas que les van a autorizar a los desarrolladores vienen desde que Xavier Nava estaba al frente del municipio. Es la parte de la llamada Cañada del Maguey Blanco. Es lo que les van a otorgar. Hay un juez que así lo está determinando. Entonces el incendio pudo haber sido provocado por una acción humana pero al final son patadas de ahogado.
Simultáneas
- Gallardo incrementa su ritmo de trabajo. En la semana que hoy inicia, el gobernador Gallardo tiene gira en la Huasteca potosina donde arrancará obras importantes. En Tampamolón Corona, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles iniciará caminos y carreteras. También iniciará acciones de rehabilitación y equipamiento a los hospitales generales de Rioverde y Ciudad Valles. La semana pasada entregó el puente elevado de la calle 71 y Circuito Potosí donde le puso una arrastrada a la herencia maldita a quien criticó por tocar puertas de nuevo pidiendo el voto de la gente cuando sus gobiernos no hicieron nada por San Luis Potosí y sólo se la pasaban robando el erario. Dijo que en dos años su gobierno ha hecho más que en 30 años de administraciones prianistas.
- Para ser hay que parecer. La señora Ruth González Silva está muy contenta porque su campaña al Senado prendió, tiene un gran arrastre y su aceptación entre la gente sigue creciendo, ya hasta le dan trato de gobernadora como ocurrió con su encuentro con empresarios en el hotel Fiesta Americana. ¿Quién iba a pensar que los mismos que en un principio rechazaban a su marido, financiaron y promocionaron en sus medios de comunicación al malogrado Octavio Pedroza Gaytán, ahora le pusieron alfombra roja? No cabe duda que el capital no tiene religión ni partido político, sólo intereses. La esposa de Gallardo sabe que deberá seguirse preparando académicamente. Aparte de sus futuras labores en el Senado, la joven comunicóloga cursará diplomados y especialidades en legislación, políticas públicas y gobierno para ser la próxima gobernadora de San Luis Potosí. Al tiempo.
- Sheinbaum de nuevo en SLP. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, nuevamente visitará San Luis Potosí. El miércoles 24 de abril estará en Ciudad Valles y el jueves 25 en Tamazunchale encabezando sendos eventos masivos con la gente que en esas zonas quieren mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado fin de semana Claudia defendió al ex ministro y colaborador de su campaña, Arturo Zaldívar, quien está sufriendo una persecución política por parte de Norma Piña al dar por válida una “denuncia anónima” por supuesta “coacción de jueces”. Zaldívar Lelo de Larrea explicó que se trata de una “cacería de brujas” porque la presidenta del Poder Judicial ya siente pasos en la azotea y dan por descontado que la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, va a perder las elecciones del domingo 2 de junio y vendrá la reforma a ese poder que le ha jugado las contras al presidente AMLO. Todo parece indicar que es un tema político y una venganza por lo que viene. Ya ocurrió en otra ocasión. El 1 de enero de 1995 al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León no le tembló la mano para cerrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a sus 26 ministros que en ese entonces conformaban la tremenda corte. Viene algo parecido y están temblando, de ahí esos movimientos que se interpretan como acciones desesperadas ante lo que viene.
¡Hasta el próximo lunes!
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UASLP. Comenzó como reportero en Canal 13 y para la revista Jaque. Dirigió Canal 9 de SLP y conoció de cerca el modelo de Radio Canadá en Montreal. Ocupó cargos de producción audiovisual, monitoreo, síntesis y análisis en Comunicación Social de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital. Fue ejecutivo de Proyectos Técnicos y Especiales del Centro Nacional de Supercómputo del IPICYT y en la iniciativa privada participó en Seguros ING y AXA. Actualmente se desempeña en el sector inmobiliario y es director de Ajedrez Político SLP. Twitter: @AlvelaisPerez.
