Estela Ambriz Delgado
Integrantes de órganos de representación y vigilancia de ejidos y comunidades, representantes de pueblos indígenas, así como de organizaciones y movimientos sociales en defensa del territorio como Guardianes de la Sierra, participaron en el foro de consulta en materia agraria realizado en la Ciudad de México, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el que se plantearon acciones para el reconocimiento de los derechos de los núcleos agrarios.
El foro “Los Ejidos y las Comunidades Agrarias en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación; rescate, defensa y revalorización”, realizado el pasado lunes 13 de enero, fue organizado por la Procuraduría Agraria en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Registro Agrario Nacional (RAN), el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
Tras las intervenciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el coordinador del PND 2025-2030 Jesús Ramírez Cuevas, el procurador agrario Víctor Suárez Carrera indicó que por primera vez los ejidos y comunidades agrarias participan en la construcción del programa, pues anteriormente los gobiernos consultaban a los organismos financieros internacionales, además de que ahora las instituciones del sector agrario trabajan unidas bajo la dirección de Edna Vega, titular de SEDATU, junto con los tribunales agrarios.
El funcionario destacó que el papel de los ejidos y comunidades es esencial para el país, por lo que se dejan atrás las políticas neoliberales que llevaron a su privatización y despojo, facilitando el acaparamiento y la depredación de sus tierras.
Al respecto, informó se han privatizado 4 millones de hectáreas y 351 mil parcelas a marzo de 2024, entre las que se encuentran las mejores tierras agrícolas y ganaderas, ejidos con playas y en zonas turísticas, ejidos para la expansión de la frontera agrícola, con riego y buen temporal, además de que se ha impulsado un cambio de destino de tierras de áreas de uso común para la deforestación y usos habitacionales.
“Hay un acaparamiento de parcelas ejidales, los mayores 18 acaparadores concentran 21 mil 580 parcelas en 45 núcleos agrarios, en 37 municipios y 19 entidades federativas. Hoy dos de los hombres más ricos de México son ejidatarios, y así ex gobernadores, senadores, diputados, los grandes capitales están en la lógica de la privatización, el despojo y la depredación de ejidos y comunidades. En cuanto acaparamiento de solares urbanos, 19 acaparadores concentran 47 mil 876 solares”.
Construcción de un nuevo sector agrario
Suárez Carrera afirmó que, pese al saqueo neoliberal, los ejidos y comunidades son vitales, pues representan la mitad del territorio nacional con más de 30 millones de personas que viven en sus territorios, custodiando el 70 por ciento de bosques y selvas, así como el 80 por ciento de las cuencas hidrológicas.
Al ser garantes de la soberanía alimentaria y guardianes de la biodiversidad, se establecerá una nueva política agraria que les considere actores prioritarios del desarrollo nacional, estableciendo en el PND una relación con el Estado basada en la justicia, los derechos, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad.
De igual forma, el procurador expresó que es pertinente reconocer a los ejidos y comunidades como sujetos colectivos de derecho público, con acceso directo a recursos presupuestales, y el derecho a su autogobierno participativo y democrático en todo su territorio, administrando sus propios recursos.
En este sentido, indicó se transitará hacia una reforma al artículo 27 constitucional que establezca el derecho de la nación a la propiedad social de la tierra junto a la propiedad privada, además de “reconocer, revalorizar y promover la vida comunitaria, el tejido social en el campo, otros modos de vida diferentes al individualismo, el egoísmo, la depredación, los modos de vida campesino- indígenas”, como una alternativa a la civilización capitalista y neoliberal de acaparamiento de la riqueza, desprecio a los semejantes y a la naturaleza.
El funcionario aseguró que se establecerá un régimen especial de estímulos económicos y fiscales en el PND para fortalecer las actividades económicas y ambientales de los núcleos agrarios, generar desarrollo económico y que la migración sea un derecho y no la única alternativa ante la falta de empleo. Además de otras acciones como la simplificación de trámites, el establecimiento de mil centros de atención agraria a nivel nacional, y un giro en el papel de los visitadores agrarios, para que colaboren en la reorganización interna y fortalezcan la cohesión comunitaria.
Las propuestas de Guardianes de la Sierra
Entre los diversos planteamientos que llevaron representantes del movimiento de defensa de la Sierra de San Miguelito, así como ejidatarios de La Pila y Guadalupe Victoria en Mexquitic de Camona, está la revisión de asambleas de dominio pleno, investigación y publicación de acciones de dominio pleno, y que se informe sobre el destino de tierras.
Asimismo, la implementación de mecanismos de aprovechamiento de uso común bajo criterios sustentables, la prohibición absoluta de proyectos inmobiliarios en tierras de origen social y el fortalecimiento de la vida en comunidad con enfoque ambiental.
Coincidieron también con el planteamiento del procurador agrario de que los ejidos y comunidades sean considerados como sujeto de orden público, y cuenten con garantías para su subsistencia y obligación del Estado a un subsidio, y añadieron el reconocimiento constitucional a congregaciones ancestrales.
Del mismo modo, propusieron la realización de auditorias a órganos de representación bajo mecanismos que faciliten su procedencia, la elección directa de titulares de Tribunales Agrarios y Tribunal Superior Agrario, la revisión y reforma al proceso de ocupación temporal de empresas mineras, y que se posibilite que las mujeres lleguen a la representación de los órganos ejidal y comunal como titulares.
