Antonio González Vázquez
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emprendió una limpia de consejeros estatales que no son afines a Sara Rocha Medina, diputada local y actual dirigente del partido a nivel local. La maniobra ha sido denunciada ante el Tribunal Electoral del Estado.
El órgano jurisdiccional publicó este martes en estrados electrónicos acuerdos respecto de cuatro Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos en contra de actos del Consejo Político Estatal y del Comité Directivo Estatal del PRI.
Los medios de impugnación fueron presentados por los consejeros Alma Gabriela Coronel Torres, José Antonio Ortiz Toranzo, José Manuel Jonguitud Flores y Enrique Malacara Martínez.
Por separado, combaten “la notificación efectuada por el Secretario Técnico del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, respecto a la resolución de fecha 22 de noviembre de 2024, dictada por la Directiva del Consejo Político Estatal, en la que se me notifica un acuerdo en el cual se determina sustituirme de inmediato en mi calidad de consejero político y llamar a ocupar a dicho cargo a mi respectivo suplente”.
El Tribunal acordó el registro de las demandas en los expedientes TESLP/JDC/79/2025, TESCLP/JDC/80/2025, TESLP/JDC/81/2025 y TESLP/JDC/82/2025.
En ese sentido, ordenó remitir copia certificada de las demandas al Consejo Político Estatal del PRI, a fin de que realice inmediatamente el trámite de publicación de los medios de impugnación y la rendición de su informe circunstanciado, mismos que deberá remitir al Tribunal.
Los consejeros sustituidos apoyaron en su momento la candidatura de Margarita Hernández Fiscal a la presidencia del partido, a la que le negaron el registro para contender con Rocha Medina.
La medida va orientada a sustituir a las y los consejeros que estén vinculados con el grupo del alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, hoy expulsado de las filas del tricolor.
Es probable que se presenten más juicios contra el Consejo Político y dirigencia estatal, pues la solicitud de remoción fue acordada por ambas instancias internas de ese partido.
