Abelardo Medellín
Desvío de recursos, acoso laboral, nepotismo, violación a la independencia jurídica, corrupción e ineficiencia, son algunas de las razones por las que no debería de ser ratificado el magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, Juan Paulo Almazán Cué, expusieron en un pronunciamiento Adriana Monter Guerrero, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras y Juan Fernando Salazar Hernández, en su calidad de funcionarios judiciales, ex funcionarios adscritos y ciudadanos potosinos.
En el documento, dirigido al gobernador Juan Manuel Carreras López y su secretario general, Alejandro Leal Tovías, enumeraron las mayores faltas administrativas, jurídicas, profesionales y legales en las que incurrió el magistrado Almazán Cué durante su presidencia en el STJE.
Asimismo, destacaron que el magistrado Juan Paulo Almazán incurrió en actos de desvío de recursos como el ocurrido durante diciembre del 2019, cuando el entonces presidente se desplazó a las ciudades de Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, en un vehículo oficial de perteneciente al Poder Judicial, para asistir a eventos no oficiales, específicamente: el maratón de atletismo denominado POWER ADE 2019.
En el documento también expusieron las ocasiones en que Almazán Cué incurrió en actos de nepotismo, tales como “la colocación laboral a modo de personas allegadas al círculo de interés cercano a dicho magistrado”, y en este sentido ejemplificaron que se conoce que durante la presidencia de Juan Paulo Almazán, se le dio un puesto de actuario judicial, adscrito a la Segunda Sala del Supremo Tribunal, a Enrique Alejandro Martens Pizzuto, hijo de Enrique Martens Rodríguez, gerente general del Centro de Producción El Huevo, y uno de los mejores amigos de Juan Paulo Almazán Cué.
Los que inscriben al llamado para que no se ratifique el ex presidente del STJE señalan por igual que la ineficiencia en el desempeño del magistrado Juan Palo Almazán ha vulnerado en más de una ocasión las arcas públicas, como cuando puso en marcha el programa de Unidades de Justicia Itinerante, que consistía en un supuesto proyecto que pretendía acercar la justicia a los potosinos que vivían en las zonas más alejadas del estado: “dicha propuesta jamás se concretó, y en la actualidad las unidades móviles compradas para dicho fin se encuentran fijas en la capital del estado, en la explanada de la Ciudad Judicial y en el estacionamiento de los juzgados en Ciudad Valles”.
Dentro del documento girado a la autoridades ejecutivas estatales, se pueden leer también casos de violación a las leyes del Poder Judicial, como las veces en que el magistrado Almazán Cué suscribió nombramientos de jueces a diversos funcionarios que la final no cumplieron con la duración constitucional y obligatoria que marca el artículo 102 de la constitución política local: “lo anterior quiere decir que el magistrado violentó el orden jurídico y constitucional al desatender injustificadamente el mandato supremo que le exige la constitución federal”.
Algunos de los que suscribieron la solicitud para que Almazán Cué no sea ratificado, denunciaron dentro del documento sus experiencias personales trabajando en el STJE y la forma en que fueron violentados sus derechos jurídicos y fueron víctimas de acoso laboral:
Uno de estos casos es el de Emilio Agustín Ortiz Monroy, quien dijo que fueron interpuestos en su contra procedimientos disciplinarios injustificados, además de que, como consecuencia final de la animadversión que Almazán Cué le profesaba, fue removido de su cargo como juez de primera instancia sin existir una justificación legal u objetiva.
Caso parecido es el de Adriana Monter Guerrero, quien buscaba defenderse de un acto arbitrario en la anterior legislatura cuando le revocaron su nombramiento, sin embargo, como presidente del Supremo Tribual de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el magistrado Juan Paulo Almazán Cué, valiéndose de su poder e influencia con las magistradas María Refugio González Reyes y María del Rocío Hernández Cruz, pretendieron impedir que Monter Guerrero se defendiera, con el motivo de “beneficiar con dichos actos a un tercero de nombre Felipe Aurelio Torres Zúñiga”.
Los solicitantes pidieron que las autoridades estatales tomen en cuenta las pruebas y testimonios de su documento para que no se ratifique al magistrado Almazán Cué, bajo motivos puntuales de “carecer de los requisitos de capacidad, eficiencia y probidad para seguir ejerciendo dicho cargo”.
