Antonio González Vázquez
Es el cáncer de siempre, el de la impunidad. No importa que se denuncien irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, ni importa que las auditorías arrojen resultados negativos para todo tipo de servidores públicos. Nunca les pasa nada, nunca les ha pasado nada.
Es la impunidad.
Como cada año, la Auditoría Superior de la Federación da a conocer los informes de auditoría a la Cuenta Pública 2016 de la federación. Y como cada año, la nota periodística del día y el escándalo político y la indignación social tiene que ver con el gigantesco desvío de recursos públicos.
Pero de ahí no pasa.
Del comprobado mal uso de los recursos públicos federales no hay consecuencias para nadie. Hay denuncias penales, muchas denuncias que involucran a muchos funcionarios de los tres niveles de gobierno, pero esas denuncias no concluirán en nada.
Es la impunidad en la que se cobijan unos a otros en el gobierno federal, estatal y municipal.
Como cualquier delincuente común que es detenido, incluso en flagrancia, al ser presentado ante la autoridad judicial asegurará que es inocente, los servidores públicos siguen el mismo guión. Se asumen víctimas de complots, de campañas sucias o de francos golpes políticos que solo existen en sus rateriles cabezas.
Del trabajo siempre riguroso y muy profesional de la ASF en San Luis Potosí, se identificaron afectaciones al erario público federal por un monto de 723.4 millones de pesos, de los cuales, 440.8 millones correspondieron al ayuntamiento de San Luis Potosí y al alcalde Ricardo Gallardo Juárez.
El daño al erario federal en todo el país fue descomunal: alcanzó los 6 mil 879 millones de pesos. Para alcanzar esa suma tan agraviante de irregularidades, contribuyeron decenas y quizá centenares de funcionarios públicos.
En San Luis el que más contribuyó con esa cifra atroz que refleja la corrupción de nuestros gobernantes, fue Ricardo Gallardo Juárez, cuyo municipio contribuyó con el 60 por ciento de todas las irregularidades localizadas en San Luis Potosí.
Pero en este país de simulación, corrupción e impunidad, no pasa nada. Se pueden desviar cientos o miles de millones de pesos y nadie pisará la cárcel. Al menos nadie que sea alcalde, gobernador o secretario de Estado.
La Auditoría Superior de la Federación se avocará a recuperar el monto del daño al erario y en muchos casos presentará demandas ante la Procuraduría General de la República. Ahí se archivarán y luego quedarán sepultadas en el olvido.
Esa misma historia tan despreciable, se repite cada año con la Auditoría Superior del Estado. Se dan a conocer los informes finales, se hacen públicos los datos de observaciones administrativas y financieras y luego, se anuncia con bombo y platillo que se presentarán denuncias ante la Procuraduría General de Justicia y tampoco pasa nada.
¿Está en la cárcel Victoria Labastida o Mario García o cualquiera de sus colaboradores?
No.
¿Habrá castigo para Ricardo Gallardo Juárez por haber malgastado 440 millones de pesos que envió la federación?
No. Eso no pasará.
Es la impunidad.
