Carlos Rubio
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó la auditoría realizada a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 del Ayuntamiento de San Luis Potosí que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, con la que concluyó que se produjo un daño al erario de 63 millones 659 mil 288.50 pesos, los cuales fueron desviados mediante el pago en efectivo a trabajador que había sido dado de baja, caso que fue denunciado con el nombre de la “nómina maestra”.
El documento identificado con el número DN20004 detalla la revisión realizada por la ASF a la gestión de los recursos provenientes de participaciones federales transferidas al gobierno capitalino durante el mandato de Gallardo Juárez, esto derivado de una denuncia presentada por el exalcalde Xavier Nava Palacios.
La gestión de Nava Palacios bautizó este fraude como la “nómina maestra” y, según explicó en aquel entonces oficial mayor del Ayuntamiento, Óscar Valle Portilla, la extracción de recursos públicos se llevó a cabo mediante el trabajador con número de nómina 13503, quien fue dado de baja al final de la administración de Mario García Valdez, y que posteriormente fue habilitado sin su consentimiento durante el gobierno de Gallardo Juárez, bajo un esquema de pago quincenal, sin que laborara más en el Ayuntamiento.
Quincenalmente a este empleado se le generaban sus pagos, sin embargo, al ya no trabajar para el Gobierno, estos nunca fueron recogidos, por lo que la Tesorería Municipal determinaba que no fueron cobrados y emitía recibos que señalaban que el dinero había sido reintegrado al Ayuntamiento, sin embargo, el recurso nunca regresaba a las arcas municipales y simplemente desaparecía.
Cabe destacar que el tesorero municipal era Emmanuel Ramos Hernández, quien hoy se desempeña como secretario de Ecología y Gestión Ambiental en el gabinete del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hijo de Gallardo Juárez.
Este modo de operar prevaleció en el Ayuntamiento durante 62 quincenas: 24 de 2016, 24 de 2017 y 14 de 2018, tiempo en el que se lograron sustraer un total de 63 millones 659 mil 288.50 pesos.
Según se describe en el documento de ocho páginas de la Auditoria Superior de la Federación, en 2016 el Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió un total de 947 millones 239 mil pesos de participaciones federales a municipios; en 2017 se le entregaron mil 017 millones 281.4 mil pesos, mientras que para 2018 recibió mil 132 millones 125.6 mil pesos; cifras que suman 3 mil 096 millones 646 mil pesos.
Del total, 2 mil 986 millones 214 mil pesos fueron destinados al capítulo 1000 de las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018, el cual refiere a las remuneraciones del personal.
Derivado de un análisis de diversa documentación referente al pago de personal, la ASF encontró que en 24 quincenas de 2016 el Ayuntamiento destinó 786 millones 296.8 mil pesos para el pago de salarios, sin embargo, únicamente se pagaron 769 millones 535.1 mil pesos. La Tesorería emitió recibos de ingresos por devoluciones por los 16 millones 761.8 mil pesos que no se cobraron, no obstante, este dinero no se localizó en las cuentas del municipio.
Lo mismo ocurrió para 2017, año en el que se destinaron 762 millones 290.7 mil pesos para el pago de salarios, pero la plantilla de trabajadores solo recibió 735 millones 401.3 mil pesos; los 26 millones 889.5 mil pesos restantes desaparecieron, a pesar de que la Tesorería emitió recibos de ingresos por devoluciones.
En 14 quincenas de 2018 se repitió el fraude: de un total de 429 millones 125.5 mil pesos para salarios, únicamente se pagaron 409 millones 117.4 mil pesos, y la diferencia de 20 millones 008 mil pesos desapareció, mientras la Tesorería emitió los mismos recibos de ingresos por devoluciones.
En los pliegos de observaciones 2016-D-24028-19-4-06-001-DN-2020, 2017-D-24028-19-4-06-001-DN-2020 y 2018-D-24028-19-4-06-001-DN-2020, la ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública Municipal por montos de 16 millones 761 mil 789.50 pesos, 26 millones 889 mil 462 pesos y 20 millones 008 mil 037 pesos, respectivamente.
De acuerdo con el dictamen que presenta la ASF, el Gobierno de la capital violó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios de San Luis Potosí.
“En conclusión, el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente ni transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios de los ejercicios 2016, 2017 y 2018”, finaliza el documento.
La denuncia por este hecho fue presentada en 2019 ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado, sin embargo, ambas instancias la remitieron a sus homólogos a nivel Federal, y desde entonces ha estado “congelada”. A pesar de que la ASF ya determinó el modo en que fue desviado el dinero, nada ha ocurrido.
En noviembre de 2021, mediante un oficio, la Fiscalía General de la República requirió al Ayuntamiento capitalino el expediente laboral de Emmanuel Ramos Hernández, esto en relación con una denuncia presentada por la administración anterior.
En ese momento, Ramos Hernández se dijo dispuesto a dejar el actual cargo que ocupa en la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en caso de que el gobernador Ricardo Gallardo se lo pidiera, debido a la investigación que lleva la Fiscalía en su contra.
Además, el funcionario gallardista cuenta con otra denuncia por un presunto fraude a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un monto de 267 millones 633 mil 289.71 pesos, que habrían sido retenidos del pago de nómina a los trabajadores del municipio, pero no habrían sido entregados a la SHCP, en el trienio 2015-2018.
