Marcela del Muro
Imagina que sales de tu casa a la tienda de la esquina, esa mañana irás a comprar papas fritas y quizá un refresco. De pronto, cuatro policías te detienen, te torturan y te encarcelan sin razón alguna. Eso le pasó a Luis Eduardo Lizcano, víctima de detención arbitraria el 12 de abril de 2016 en el Barrio de San Miguelito, a unas cuadras del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí.
En un carro blanco, una mujer y tres hombres policías, sin identificación y vestidos de civiles, esperaron a que Luis saliera de la tienda. “Cuando me ven, se cuchichean algo y se cambian de acera a donde yo estaba. Sin preguntarme nada, sin decirme nada, me empezaron a agarrar contra la pared y a decirme de maldiciones, y a decirme que me subiera a su carro. Obviamente, yo me asusté. Lo primero que pensé es que me querían secuestrar”, recuerda Luis.
El joven de entonces 23 años comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los vecinos y su mamá salieron y discutieron con los policías sin identificación, mientras ellos pedían refuerzos. Llegaron dos patrullas y cerraron la calle. Los agentes bajaron de los carros apuntando con sus armas y los policías sin identificación explicaban que Luis era sospechoso de haber cometido un delito y se tenía que ir detenido.
Un oficial lo amagó y encañonó en la parte trasera del auto, mientras lo amenazaba: “Que me iban a matar si yo abría la boca, que no podía decir nada de lo que me habían hecho”, Luis estaba aterrado.
Además de la tortura física y psicológica que sufrió durante la detención arbitraria, el joven maestro de teatro también fue victima de violencia sexual en los separos. Una abogada, amiga de la familia, lo ayudó a salir libre. La única condición era que no se pusiera denuncia o queja contra la corporación policiaca, Luis aceptó. Pasó un día y medio en prisión.
Lo que le pasó a Luis Eduardo no es un caso aislado. La abogada Mariana Prieto explica que San Luis Potosí se encuentran entre los seis estados con más quejas de detenciones arbitrarias emitidas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Ella forma parte del Observatorio Nacional sobre Detención Arbitraria (ONDA), una iniciativa que recaba información, la visibiliza e incide colectivamente para evitar que esta práctica siga violando los derechos humanos de las personas.
Para que la fuerza pública te pueda detener, necesitan presentarte una orden de aprehensión o cacharte mientras cometes un delito. La detención por una revisión de rutina, porque te vieron sospechoso o porque recibieron una denuncia en contra tuya, es ilegal.
“No está permitido que te detengan porque te vieron corriendo y te describieron igualito a alguien”, lo que menciona la psicóloga Jutzui Cruz, parte del ONDA, es lo que le pasó a Luis: los policías supuestamente buscaban a un asaltante: un hombre joven, delgado y de tez morena clara, pero ¿cuántas personas con esta descripción circulan por el barrio?
El ONDA identifica a los jóvenes como la población que más es detenida de forma arbitraria, y si son migrantes aumenta aún más la cifra. Recientemente durante las manifestaciones feministas se ha visto un aumento en esta práctica, donde además “hemos identificado una variante de agresión sexual a mujeres jóvenes: toqueteo, acoso, violaciones por parte de las corporaciones policiacas, sobretodo en contexto de protesta social. Uno pensaría que estando en grupo se protegen más, pero también hemos visto cómo las agresiones son más encarnecidas”, comenta Jutzui.
En 2021, Amnistía Internacional publicó un informe llamado México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, donde analizó cinco manifestaciones contra la violencia de género en distintos estados del país.
“La respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado, las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quién las detenía y a dónde las llevaban, por lo que estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzada”, dijo Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, durante la presentación del informe.
En la detención de las activistas y defensoras de derechos humanos Claudia y Roxana Hernández Herrera, el 5 de junio de 2020 durante una manifestación contra la violencia policíaca en la capital del estado, también hubo tortura psicológica y violencia física. Ese día hubo 11 detenidos, ninguno de ellos estuvo involucrado en la destrucción del Congreso del Estado.
“A Clau y a mí nos separaron en la noche, a mí me liberaron”, Roxana recuerda que hacía mucho frío y la subieron a la caja de una camioneta policiaca. “Yo no veía nada, pero dimos muchas vueltas. Comencé a preguntar a dónde íbamos y el policía que estaba a mi lado dijo: ‘Ya los vamos a matar y a dejar por ahí en el campo, en la carretera”, este tipo de comentarios, que encajan en la tortura, fueron frecuentes durante la detención. Roxana fue liberada en una delegación de la Policía Estatal en Soledad.
“A veces se olvida que la detención arbitraria no es solamente que te detengan sin los protocolos correspondientes y los lineamientos legales, también conlleva una serie de violaciones: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura”, comenta Mariana. O puedes enfrentar un proceso judicial por un delito que no cometiste, como le pasó a Claudia.
“No hay justificación para la detención de una persona, mucho menos bajo condiciones de violencia. No hay justificación ni bajo la comisión de algún delito, falta administrativa o pertenecer a cierta área geográfica de la ciudad, llevar algún tipo de vestimenta o tener cierto color de piel”, asevera Mariana.
Al graffitero potosino Craso lo han detenido varias veces, pero la más violenta fue en la Plaza del Milenio, ubicada en Uresti y Reforma, también en pleno centro de la ciudad. Fue una detención arbitraria aunque minutos antes hubiera rayado una fachada y tuviera los aerosoles a cuestas, porque a Craso lo encontraron sentado en las jardineras frente a la casa, no haciendo el graffiti.
Antes de subirlo a la camioneta policiaca, lo golpearon en la cabeza con las latas de pintura, después lo esposaron y le vendaron los ojos. Ya arriba de la unidad, lo siguieron golpeando, le vaciaron una botella de agua en el estómago y le dieron choques eléctricos. Mientras la camioneta circulaba por la ciudad, Craso perdió la orientación, treinta minutos después el terreno comenzó a ser pedregoso.
“Por mi cabeza pasaban muchas cosas, yo pensé que ya era mi fin”, recuerda Craso. Lo bajaron de la camioneta, lo pusieron boca abajo y le cortaron cartucho en el oído, mientras los policías se burlaban y vaciaban la pintura sobre él. “Me quitaron la venda de los ojos y con un tono firme me dijeron: ‘No nos mires. A la carretera sales por este camino todo derecho”, y lo dejaron desnudo en un campo a 30 minutos de la gasolinera del aeropuerto y a más de 3 horas caminando del Centro Histórico de la ciudad.
Craso compartió su experiencia en Facebook, en la mayoría de los comentarios que recibió se justifica el exceso de violencia que sufrió durante la detención, pero si analizamos un poco su caso: los agentes policiacos no hicieron valer la ley, con muchos de los mensajes celebran, porque no hubo una detención o sanción después de la tortura. “Las corporaciones policiacas no están encargadas de aleccionar, y menos con exceso de violencia, a las personas que cometen una falta administrativa”, agrega Jutzui.
“Si vamos analizando caso por caso, vemos que estas detenciones, que acarrean una forma específica de violencia, son una constante. El espacio público para las personas jóvenes tiene una restricción: no está disponible para la recreación, para la diversión e incluso para la apropiación”, reflexiona Mariana.
Si hay números altos de forma oficial, seguramente los casos de detención arbitraria no reportados son aún mayores. “Mucha gente desiste por el trabajo que implica hacer la denuncia o porque hay amenazas de por medio y mucho miedo de las corporaciones”, dice Jutzui.
Durante el primer semestre de 2021, el ONDA analizó 84 quejas por detenciones arbitrarias hechas ante la CEDH, obtenidas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Los municipios donde más quejas existen son: Ciudad Valles con 16, Matehuala con 11 y San Luis Potosí con ocho. La mayoría de las quejas, 32, señala a los policías municipales como los principales perpetradores.
Pero también existe otro problema para conocer de forma certera cuántos casos de detención arbitraria existen en México. Jutzui dice que han identificado que cada comisión estatal procesa de manera diferente el delito.
“Las comisiones estatales no tienen homologados los criterios. Entonces, un delito puede ser considerado detención arbitraria para una, pero para otra no entra o no se nombra así. Esto es porque el delito de detención arbitraria no está catalogado como tal en México, existe la detención ilegal”.
Al no nombrar la detención arbitraria como un delito grave, muchas personas e incluso el propio Estado, reconocen este exceso de fuerza policiaca como consecuencia de una falta, normalizando este delito que atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía.
“Nosotros vemos a la detención arbitraria como una problemática institucional, no solo desde la individualidad de un elemento policiaco que la cometió”, comenta Mariana. El ONDA está trabajando en la identificación y análisis de protocolos de actuación policial, pero la respuesta en las solicitudes de información ha sido más lenta y menos sustanciosa. Para el observatorio es muy relevante este punto, porque si existen tantas denuncias es porque algo falla en los protocolos, en los talleres de sensibilización o en la forma como se transmiten los conocimientos.
“Es muy importante que se reconozca a la persona como víctima de violación a sus derechos humanos y es importante resarcir el daño. Si bien las vidas humanas no tienen un precio monetario, las consultas médicas y la atención psicológica cuestan. Reponerse de una detención arbitraria de un familiar también cuesta. Y si en la detención hay una ejecución extrajudicial, también cuesta”, comenta Mariana.
Pero ¿qué hacer si te encuentras frente a un policía que te quiere detener de forma arbitraria? Jutzui dice que lo primero es conservar la calma e intentar dialogar y cuestionar a los agentes, siempre recordando que nadie puede pasar por encima de tus derechos. Mariana recomienda utilizar la aplicación de Sindea, ahí puedes documentar la detención, mandar tu geolocalización a un contacto de confianza y envía una alerta al ONDA, en caso de que requieras asesoría legal.
“No hay justificación para que una persona sea detenida de forma arbitraria y violenta”.
