Angélica Campillo
La detención del ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto N., no se trata de una persecución política del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sino un procedimiento que marca la ley tras la entrega recepción, refirió el diputado y ex secretario general de la administración de Juan Manuel Carreras López, Alejandro Leal Tovías.
El legislador se dijo respetuoso del proceso penal que se lleva en contra de Jaime Ernesto N., y para no entorpecer el procedimiento, omitió dar una opinión al respecto.
No obstante, Leal Tovías comentó que todos los secretarios, subsecretarios y encargados de direcciones descentralizadas de la administración de Juan Manuel Carreras López hicieron una entrega recepción por lo que están sujetos a una revisión.
Por lo que deben estar atentos al llamado que les haga la autoridad en cualquier observación que señale el nuevo gobierno, “eso lo marca la ley y es correcto”.
Para el exsecretario general, la detención del exsecretario no es una persecución política, sino un procedimiento que lleva a cabo la administración gallardista, y si resultan observaciones hay que enfrentarlas y resolverlas.
Respecto a si se encuentra tranquilo o teme que pueda ser sometido a algún procedimiento penal por su actuar en el sexenio pasado, Leal Tovías comentó que el gobernador Gallardo Cardona ha sido muy claro y se ha dicho respetuoso de los procedimientos que se marquen.
“Todo mundo hizo una entrega recepción y si alguna observación, aclararla, pero en ningún momento siento que sea una persecución política”, reiteró.
Asimismo, negó que el hecho que se investigue a Jaime Pineda sea una prueba de que no hay acuerdos políticos entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), que actualmente gobierna el estado, sino que es una responsabilidad del Ejecutivo la entrega recepción.
Cabe destacar que el ex secretario de Seguridad Pública Estatal fue detenido el pasado 11 de febrero, acusado por los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.
Este lunes, el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, reveló que el motivo de la detención de Jaime Ernesto N. fue por la renta de un inmueble que supuestamente estaba contratado para oficinas públicas y fue pagado con recursos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero se le dio otro uso; el daño patrimonial es de entre 3 y 4 millones de pesos.
