Angélica Campillo
Hasta que se cuente con opiniones jurídicas de tres instancias se podrá votar en comisiones unidas la iniciativa de Movilidad para el estado de San Luis Potosí, reveló el diputado René Oyarvide Ibarra.
Este martes 31 de mayo en comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Territorial Sustentable, Puntos Constitucionales, y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, se presentó a discusión la iniciativa de Movilidad para el estado de San Luis Potosí.
Sin embargo, se entró en debate porque algunos diputados, como Juan Francisco Aguilar Hernández, señalaron que sería inconstitucional expedir una nueva Ley de Movilidad para San Luis Potosí, mientras que algunos otros, como René Oyarvide Ibarra, manifestaron lo contrario, ya que aseguran que no puede ser posible que obliguen al estado a tener las mismas condiciones de trabajo y de uso que en las demás entidades de la República.
Al respecto, René Oyarvide recordó que existen dos iniciativas en el Poder Legislativo relacionadas con el tema de movilidad: una firmada por el diputado Antonio Lorca Valle y por él, que se presentó antes de que en el Senado de la República fuera presentada, analizada y votada la Ley General en esta materia; y la otra que impulsa el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández referente a la modificación de algunos artículos, así como una en conjunto de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) relacionada con la Ley de Tránsito.
“Hoy surgió la duda de que si el camino correcto que se estaba trabajando en las comisiones unidas era crear una nueva ley o solamente adecuar las reformas”, argumentó el legislador.
A consideración de René Oyarvide, la adecuación que se tenga que hacer debe ser acorde a las necesidades de San Luis Potosí porque se entra a un tema particular y metódico.
“La movilidad de la capital potosina no es la misma que en Ciudad Valles o Tamazunchale y tenemos que ser bastante técnicos para ver la ruta que se vamos a trazar”.
Ante el contraste de ideas, los integrantes de las comisiones unidas acordaron pedir una opinión técnica jurídica sobre la constitucionalidad de la expedición o no de una nueva ley, o únicamente la adecuación de ciertas normas.
Está opinión se pedirá a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); al Congreso de la Unión al haber sido la instancia que votó esta ley; así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que expliquen si realmente la ruta que se va a seguir en el Congreso del Estado va a ser apegada al marco jurídico.
Una vez que se cuente con dichas opiniones se va a votar en comisiones unidas.
Por separado, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández refirió que la Ley General de Movilidad, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, en su transitorio segundo especifica que los congresos de las entidades federativas deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, es decir, la Ley Orgánica del Municipio Libre, de Tránsito, de Desarrollo Territorial, entre otras, a efecto de armonizarlas con la legislación federal.
Según lo referido por Aguilar Hernández, la Ley General de Movilidad tiene aplicación en todo el territorio nacional y los diputados se preguntaron por qué hay un Código Penal federal y local, y en ese sentido les explicó los alcances de las diferentes leyes y reglamentos.
Si bien la Ley General de Salud tiene aplicación en todo el territorio, en su transitorio segundo menciona que las entidades federativas tendrán que expedir su propia Ley General de Salud, más no adecuar las leyes.
De acuerdo con el legislador, si el Congreso del Estado comete el error de tener una Ley de Movilidad Estatal, se podría caer en una inconstitucionalidad, toda vez que ya hay una Ley General, y en su artículo transitorio no menciona que se debe crear una nueva, sino que se deberán modificar las Leyes de su competencia, al ser armonizada con la Ley General.
Apuntó que es ahí donde tiene validez la iniciativa que él presentó, en la que propone modificar la Ley de Tránsito, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, atendiendo a la Ley General de Movilidad.
En ese contexto, Aguilar Hernández manifestó que como legisladores tienen que “entrarle al toro por los cuernos” y no basarse en consultas a diferentes instancias y lavarse las manos, ya que todos tienen que atender sus responsabilidades.
Para finalizar, el diputado expuso que el Congreso del Estado tiene 180 días naturales, posteriores a que fue aprobada la Ley General de Movilidad, para realizar las adecuaciones a las leyes de su competencia.
