Abelardo Medellín
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a 14 elementos de la policía municipal de San Vicente Tancuayalab, debido a que estos carecían de su Clave Única Policial (CUP) ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública e informaban a grupos delictivos de operaciones en materia de seguridad.
Este fin de semana, la SSPC informó que derivado de una revisión aleatoria en la que participaron efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la FGE, se advirtió que este grupo de elementos no contaba con su CUP y por lo tanto no podían ejercer las funciones de policías.
La detención, que incluye al director y al subdirector de las fuerzas municipales, se debió a que en los celulares de los elementos se encontraron mensajes que apuntaban a que estos sujetos colaboraban con integrantes de grupos delictivos.
“Se difundían o compartían información acerca de movilizaciones policiales entre otras actividades”, explicó sobre estos mensajes la SSPC a través de su comunicado oficial de los hechos.
En consecuencia, los elementos fueron detenidos y puestos a disposición de la FGE para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Pese a que el comunicado expresa que la mensajería con grupos delictivos se encontró en los equipos celulares de los elementos, no explica cómo obtuvieron acceso a los teléfonos.
Esta es la segunda ocasión en que una revisión aleatoria de las fuerzas estatales de seguridad deriva en la detención del director de una corporación municipal. El pasado 11 de abril, tras una revisión a la comandancia de Matehuala en la que supuestamente se advirtió la presencia de sustancias enervantes, se detuvo al director de la policía local, además de otros tres elementos.
En el caso del 11 de abril en Matehuala, elementos de las fuerzas municipales presentaron una queja frente al cuarta visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues además de denunciar agresiones de parte de efectivos del Ejército y de fuerzas estatales, afirmaron que se les retiró ilegalmente sus celulares.
