Por Victoriano Martínez
Considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como mucho más que una violación de los Derechos Humanos, la desaparición forzada tendría que ser uno de los delitos a cuya solución y prevención se le tendría que dar la mayor prioridad. No ha sido el caso. En los primeros once meses del actual sexenio el número de personas desaparecidas se disparó.
Entre el 26 de septiembre de 2015 y el 25 de septiembre de 2021, todo el sexenio anterior, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta mil 579 desapariciones de personas, en tanto que del 26 de septiembre de 2021 al 29 de agosto de 2022 la cifra ya es de 674 personas desaparecidas.
En 11 meses y tres días, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ya registra el equivalente al 42.68 por ciento de los casos de desaparición que se dieron durante todo el sexenio pasado. Un ritmo en la comisión de ese delito que en poco menos de 26 meses (para noviembre de 2023) habrá igualado la cifra alcanzada durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López.
Planteado de otra manera: de mantenerse las cosas igual, para el 25 de septiembre de 2027 la cifra de personas desaparecidas podría alcanzar las 4 mil 411. Un aumento del 179.35 por ciento. Alarmante.
Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora formalmente desde 2011 tras la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 21 de diciembre de 2010.
Con los días internacionales, la ONU busca sensibilizar al público en general y “llamar la atención de los medios de comunicación y los Gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas”.
“Tenemos que entender que desaparecer no es normal”, dijo Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.
El problema es que los casos aumentan a tal ritmo que resulta preocupante la indolencia de las autoridades, cual si buscaran contribuir a la normalización de un delito tan grave, que los organismos internacionales de derechos humanos consideran como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos y como un crimen de lesa humanidad.
Revisar las cifras sobre el número de personas desaparecidas en los primeros once meses del sexenio pasado y el actual muestra una idea a partir de un periodo que resulta más comparable sobre la magnitud en el crecimiento del problema.
Entre el 26 de septiembre de 2015 y el 29 de agosto de 2016, se reportaron 286 desapariciones. Entre el 26 de septiembre de 2021 y el 29 de agosto de 2022, se reportan 674. En el arranque del actual sexenio hubo 388 desapariciones más que hace seis años. Un incremento del 135.66 por ciento.
A ese alarmante aumento se le tiene que agregar la considerable reducción en la localización de las personas desaparecidas. Mientras en el arranque del sexenio pasado se localizó al 81.89 por ciento, en el actual se ha localizado al 59.94 por ciento.
Es decir, antes se lograba localizar a poco más de ocho de cada diez desaparecidos, y hoy sólo se localiza a casi seis de cada diez. Un 26.8 por ciento menos de posibilidades de ser localizado.
Este sexenio arrancó con un 135 por ciento más de posibilidades de ser una víctima directa o indirecta de desaparición forzada, combinada con un 26.8 por ciento menos posibilidad de ser localizado.
En la zona metropolitana San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez se registran dos de cada tres desapariciones (66 por ciento), en tanto que en 29 municipios más se registra el resto. Lo ocho municipios con mayores casos de desaparición de personas acaparan el 80.86 por ciento de las 674 desapariciones de los últimos 11 meses.
En el primer informe del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) se reporta a San Luis Potosí como el primer estado en firmar, el pasado 28 de abril, el “Convenio Marco de Cooperación Técnica entre la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México”.
Aunque se trata de una acción muy positiva para quienes padecen la desaparición de un familiar, se trata de una medida para el intercambio de información y asesoría técnica en materia de identificación forense, es decir, atiende las consecuencias más graves de las desapariciones, y no la prevención y sanción del delito, cuya impunidad favorece su repetición.
Un convenio importante para quienes hoy buscan a un familiar, aunque como antesala para un desenlace dramático, porque abre la posibilidad de encontrar a su desaparecido entre las 613 personas fallecidas sin identificar, de las cuales el 62 por ciento están en fosas comunes y un 33 por ciento en el Servicio Médico Legal.
La prioridad para las víctimas colaterales de las desapariciones de personas es sin duda su localización y esa es la mayor deuda del Gobierno para con la sociedad, a la que también le queda a deber –ante el grave incremento de casos– abatir esa incidencia tan generalizada que infunde terror en la ciudadanía.
Y luego buscan justificaciones para evadir su responsabilidad de que más de ocho de cada diez potosinos vivan con miedo.
