Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado contrató, con cargo a la Auditoría Superior del Estado (ASE), al despacho Costemalle-DFK, S.C. para “verificar si los procedimientos empleados por la ASE fueron con estricto apego a las disposiciones legales” en las auditorías practicadas a las 113 cuentas públicas 2016 y, para que lo hiciera, le dio un plazo de 60 días.
A partir de hoy, y en los próximos 11 días –la quinta parte del tiempo que requirió el despacho especializado–, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado revisará los informes finales de auditoría a las 113 cuentas públicas 2017, que implica mucho más que verificar que se hayan apegado a las disposiciones legales.
“El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión, para ello acompañará a su Dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la Comisión”, ordena la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Tanto el diputado Héctor Mendizábal Pérez como el diputado Fernando Chávez Méndez, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Directiva respectivamente, han anunciado que el próximo 7 de septiembre, en sesión extraordinaria, aprobarán los informes que la ASE apenas les entregó el pasado viernes.
Independientemente de que hacerlo en un periodo extraordinario viola el artículo 53 de la Constitución estatal, que ordena la aprobación de los informes dentro del primer periodo ordinario de sesiones, 11 días naturales no garantizan un análisis pormenorizado como ordena la Ley de Fiscalización, y una muestra es que el despacho que hizo la revisión a 2016 requirió 60 días.
Los 113 dictámenes no sólo tienen que incluir el análisis pormenorizado de los informes, sino también recuperar “las discusiones técnicas realizadas en la Comisión”, que necesariamente son individualizadas para cada uno de los informes.
Si la Comisión de Vigilancia hubiese iniciado a las 00:00 horas de este lunes ese análisis pormenorizado y las discusiones técnicas, contaría con 264 horas antes de llegar a las 00:00 horas del 7 de septiembre, día en que pretenden aprobar los informes de la ASE.
El tiempo del que dispondrían para el análisis pormenorizado y las discusiones técnicas sería de 2 horas con 20 minutos para cada uno de los 113 entes fiscalizables, y eso si trabajaran de manera ininterrumpida.
Los 113 informes finales de auditoría correspondientes al ejercicio 2016, con sus anexos, incluyeron mil 149 documentos, lo que haría suponer que para el caso de las cuentas públicas 2017 se contaría con una cantidad similar de documentos.
En las 264 horas del lapso con que cuentan los diputados de la Comisión de Vigilancia para dictaminar los 113 informes tendrían que revisar y contrastar la información contenida en ellos a un ritmo de 4.35 documentos por hora.
Si los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado tienen esa capacidad, incluso de ser cinco veces más rápidos que un despacho contable especializado, pudieron ahorrarse el millón 130 mil pesos que le pagaron a Costemalle-DFK, S.C., que al final terminó con dictámenes de “copiar-pegar”.
A menos que lo inconstitucional del procedimiento que pretenden llevar a cabo el 7 de septiembre junto con dictámenes que no cumplan con el segundo párrafo de la Ley de Fiscalización sean el preámbulo para un nuevo contrato a Costemalle-DFK, S.C., y de paso prolongar la impunidad para los entes fiscalizados.
