Marcela Del Muro
Este regreso a clases ha sido complicado para la señora Jazmín Rodríguez. Con una hija en la universidad, otro en preparatoria y el más chico en secundaria, el gasto no alcanzó para los útiles de su nieto, que este año entrará a segundo de kinder. Desde la desaparición y el feminicidio de su hija Fernanda Morán, en el 2020, Jazmín tuvo que mantener y maternar a su nieto, que tenía cinco meses al momento de la pérdida de su madre.
La abuela sabe que el niño tiene derecho a una manutención del Estado hasta que sea mayor de edad. Lo sabe porque el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Miguel Ángel García Amaro, se lo dijo: “La responsabilidad era de su hija, pero como el Estado no cumplió con la responsabilidad de cuidarla, ahora nos toca a nosotros”.
Los hijos e hijas de víctimas de feminicidio son víctimas indirectas del delito y les corresponde la reparación integral del daño. De acuerdo a la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, la reparación debe ser otorgada de manera apropiada y proporcional, abarcando la restitución del daño; la indemnización apropiada, es decir, cubrir económicamente todas las consecuencias que tienen las familias a raíz del delito, incluyendo el daño mental, los perjuicios morales y la pérdida de oportunidades de empleo y educativas; la rehabilitación; la satisfacción, que es el acceso al derecho a la verdad y a la justicia; y la no repetición. El artículo 1o de la Constitución obliga al Estado a reparar de manera integral el daño de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como el feminicidio, y de acuerdo al artículo 1 de la Ley General de Víctimas la reparación debe cubrir las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
El problema, comenta Jazmín, es que la reparación del daño que le corresponde a su nieto se establecerá hasta que la sentencia del feminicida quede firme, pero el hombre ha recurrido a varios recursos jurídicos que han alentado el proceso y aún no se sabe cuándo será dictada la sentencia final. Lo último que supo es que los magistrados no lograron justificar la sentencia contra Marco Antonio Téllez Bravo, que era de 70 años y fue reducida a 43 años y 9 meses.
Aunque Jazmín no está de acuerdo con la reducción de la pena, necesita la reparación que le corresponde; la desaparición y el feminicidio de Fer devastaron a su familia. La madre dice que ella y su marido se deprimieron y esto afectó su productividad en el trabajo y, por consiguiente su nivel de vida como familia; la madre comenzó a tener problemas de salud provocados por el estrés, la depresión y una investigación y proceso penal que ha sido muy desgastante y revictimizante.
“Y encima de todo los problemas, tengo que ir a rogar que me ayuden, como si esto no fuera derecho de mi nieto”.
La señora Jazmín acudió a las oficinas de la CEEAV a pedir apoyo para los útiles escolares, sin embargo, le informaron que ahora no tienen recursos y la enviaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). “En el DIF me hicieron un documento de condonación del material, pero eso no sirve de nada, ¿con qué va a trabajar el niño en el kinder?”, cuestiona la abuela, que decidió empeñar su celular para poder solucionar el problema.
Ante la respuesta del DIF, la CEEAV se comprometió a conseguir los fondos para surtir la lista de útiles del hijo de Fer y entregarlos a mitad de la semana. Para Jazmín es incomprensible que la CEEAV no cuente con recursos para atender a las víctimas, pero que sí existan recursos para traer a grandes artistas a la Feria Nacional Potosina.
“Le he estado poniendo al gobernador en sus redes sociales, cuando me sale que promociona a los artistas de la feria, que ayude a las víctimas, que la CEEAV no tiene presupuesto, pero me quitan los comentarios”, relata Jazmín.
Un protocolo desconocido e inaccesible
El nieto de Jazmín debería de acceder al Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, publicado en agosto del 2021, que tiene como finalidad la restitución efectiva de Ios derechos humanos y fue anunciado en su aprobación como la herramienta que cumpliría con “garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social”.
La ruta de acción indica que el primer respondiente, la policía y el agente del Ministerio Público, son los encargados de informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) que existen hijos y/o hijas de la mujer víctima de feminicidio, quien brindará atención médica y psicológica de emergencia. Posteriormente, se hará un análisis de necesidades que serán cubiertos por alguna de las 10 instituciones nacionales, estatales y municipales: PPNNA, Fiscalías, Ministerios Públicos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instancias de las Mujeres, DIF, CEEAV, Comisiones de Derechos Humanos, Secretaría del Bienestar y Secretaria de Educación.
No obstante, los lineamientos del protocolo no son claros y, aunque señala que los hijos e hijas de víctimas de feminicidio deberían de recibir apoyos sociales de forma prioritaria, no indican cuáles serían los beneficios educativos que pueden adquirir. Sin embargo, para Jazmín es importante que su nieto pueda recibir apoyo psicológico, que es uno de los rubros más claros del protocolo, pues, a pesar de que el niño era muy pequeño al momento de la muerte de su mamá, ha vivido las afectaciones que el feminicidio dejó en su familia.
En San Luis Potosí, según una investigación periodística de Connectas, desde la aprobación del protocolo hasta octubre de 2023, la Fiscalía General del Estado identificó a ocho huérfanos, tres en el 2022 y cinco en el 2023, pero ninguno fue atendido con el protocolo. La PPNNA negó que el mecanismo sea parte de sus planes de atención por feminicidio.
“Son derechos que mi nieto debería tener, no es justo que tengamos que estar como limosneros pidiendo algo que le corresponde”, señala Jazmín y exige que se le brinde el apoyo a su nieto o se agilice la resolución judicial para que su familia pueda ser reparada como la ley indica.
