Abelardo Medellín
A pesar de que hace un mes Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, aceptó que la dependencia a su cargo tenía contratos con empresas vinculadas con Gabriel Salazar Soto, empresario potosino acusado de un fraude millonario, nueva información revelada por la organización civil Ciudadanos Observando señala que la dependencia declaró 111 millones de pesos menos de lo que en realidad ha erogado su dependencia a personas físicas y empresas fantasmas.
El 29 de mayo del 2020 la secretaria de Salud convocó a los medios a una rueda de prensa extraordinaria para aclarar los señalamientos que ligaban su dependencia con Gabriel Salazar Soto; esa tarde, Rangel Martínez aceptó que la Secretaría de Salud tenía mil 297 contratos celebrados, de los cuales 17 eran con empresas donde Salazar Soto era apoderado legal o proveedor, además de comentar que de los siete mil millones de pesos que ejerció su dependencia entre 2017 y 2018, los contratos con las empresas de Gabriel Salazar a penas ascendían al 0.9 por ciento de lo erogado.
DINERO DE MÁS Y DE MENOS
De acuerdo con los datos revelados entonces por la dependencia, fueron 64 millones 977 mil 396.96 lo que se gastó en contratos con Salazar soto; sin embargo, gracias las solicitudes de información con folios 0155720, 0156120, 0756210 y 0735920, Ciudadanos Observando pudo comprobar que los pagos hechos a estas empresas durante el presente sexenio por la SSSLP y la SEGE, ascienden a 176 millones 425 mil 154 pesos.
Los pagos por más de 176 millones de pesos representarían un 2.3 por ciento del presupuesto ejercido por la SSSLP entre 2017 y 2018, lo cual es más del doble de lo reportado por Mónica Rangel cuando informó lo que su dependencia presuntamente erogó a estas empresas.
DIRECCIONES FANTASMAS
Otro dato que salta a la vista es que la mayoría de las empresas a las que la Secretaría de Salud contrataba, tienen direcciones fiscales inexistentes o, en el caso personas físicas (utilizadas como comparsa en las invitaciones restringidas para proveedores), muchos de sus domicilios eran falsos o ya vivía alguien en la dirección pero desconocía la razón de por qué su vivienda aparecía como parte de un contrato con la Secretaría de Salud.
Una prueba más de cómo las direcciones fiscales revelarían un caso de empresas fantasmas vinculadas a la Secretaría de Salud, es la repetición de algunos domicilios en empresas que son muy distintas entre sí; ejemplo de esto es la empresa EMVERK INNOVATION Y TECHNOLOGY SA DE CV, que supuestamente prestó servicios de “consultoría y brindis de bienvenida” a la Secretaría de Salud y por ello facturó seis millones 306 mil 389 pesos y tiene su dirección fiscal en Victoriano Cepeda No. 84 Colonia Juan Escutia, Iztapalapa, Ciudad de México.
No sólo la dirección en Ciudad de México de EMVERK INNOVATION Y TECHNOLOGY SA DE CV no existe, sino que es exactamente la misma que la de la empresa DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA POTOSINA ABSAC SA DE CV, a la cual la SSSLP le pagó nuevo millones 305 mil 481 pesos por supuestos servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.
Esta no es la única irregularidad que reveló la investigación de ciudadanos observando sobre la empresa INFRAESTRUCTURA POTOSINA ABSAC SA DE CV, puesto que en los contratos oficiales se señala como su domicilio legal la calle Euclides #484, Colonia Progreso, misma dirección que aparece en la credencial de elector de Gabriel Salazar Soto.
LAS FIRMAS FANTASMAS
Dentro del listado de empresas y personas físicas que recibieron contratos o facturaron para la Secretaría de Salud desde que inició el sexenio de Juan Manuel Carreras López, seis de ellas tenían firmas que, a pesar de ser supuestamente de la misma persona, no se parecían entre sí.
Las empresas con firmas disimiles son Corporativo Ribe De San Luis Sa De Cv, Emverk Innovation Y Technology Sa de Cv y Desarrollo E Infraestructura Potosina Absac Sa De Cv; así mismo hubo firmas de supuestas personas físicas, como las de Alfredo García Rodríguez, quien facturó en 2018 más de ocho millones de pesos por conceptos de impresión y elaboración de material informativo y cuyas firmas son totalmente distintas entre sí en todos los documentos que reveló la Secretaría de Salud.
Caso similar al de “Alfredo García Rodríguez”, fueron los de Roberto Campechano Temich y José Alejandro Carrillo Ríos, a los cuales la SSSLP pagó en 2018 seis millones 982 mil 493.50 pesos y un millón 227 mil 860.00 pesos, respectivamente.
CASO KUBAL
Kubal Zf Comercializadora Integral SA De CV es una empresa con domicilio en Avenida Carranza, 990, Piso 12 ( Edificio M), Colonia Moderna, en San Luis Potosí, creada en noviembre del 2015, cuyos socios originales son Gustavo Salazar Fraga, Juan Carlos Flores Zambada y Juan Guadalupe Salazar Fraga, quienes terminan por entregar los poderes legales de la empresa a Gabriel Alan Salazar Soto para dirigir y administrar la sociedad, la cual tiene como nombre comercial “Proshine” y que ha recibido pagos de la Secretaría de Salud por 50 millones 478 mil 588.84 pesos.
Proshine no sólo es la empresa que ha recibido la mayor cantidad de dinero por contratos con la SSSLP, sino que el año pasado fue demandada por la dueña de la empresa Quickshine del Potosí, quien acusó a Gabriel Salazar y sus socios por el delito de fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE); cabe resaltar que dicha denuncia sigue detenida en la Fiscalía desde el 2019.
La propietaria de Quickshine ha comentado que la empresa de Gabriel Salazar Soto expidió facturas, sin su consentimiento, a la Secretaría de Salud por 3.5 millones de pesos, esto a pesar de que la empresa que usó para facturar nunca fungió como proveedor de esta dependencia.
EL DINERO SUCIO SE INVESTIGA EN CASA
Durante la rueda de prensa del 29 de mayo, la secretaria Mónica Rangel, con el apoyo del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, aseguró que la dependencia a su cago se somete a seis auditorías anuales, es una institución auditada por tres entes fiscalizadores, tanto estatales como federales, lo que le daría la transparencia y certidumbre en el ejercicio de los mismos, razón por la cual tiene toda la capacidad para auto investigarse.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación de Ciudadanos Observando, la Contraloría General del Estado le indicó a la Secretaría de Salud que los conceptos contratados a las empresas de Gabriel Salazar se trataban de servicios no comprendidos en los artículos 3° y 4° de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; pese a ello, la SSSLP, con el aval de los integrantes del Comité de Compras, invocó el artículo 25, que en realidad no aplica en el caso de estas revisiones puesto que sólo especifica:
“En aquellos casos, en que de cuya resolución inmediata y expedita dependa la preservación del orden social, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública, así como en los casos de siniestros o desastres producidos por fenómenos naturales”.
BAJO LA TUTELA DE ‘CACO’
En aquel 29 de mayo, Rangel Martínez fue acompañada por el secretario general de Gobierno, quien intervino por ella y dijo durante la rueda de prensa que “hasta este momento, como lo ha revisado el propio contralor y la propia Auditoría Federal y la propia institución, pues no hay absolutamente nada”.
Leal Tovías no sólo negó que hubiera pruebas sobre contratos irregulares o empresas fantasma, sino que tachó de “distracciones” los señalamientos de corrupción y contratos apócrifos y dijo que “no debemos caer en estas distracciones”.
Además, en esa rueda de prensa señaló que posiblemente estas acusaciones contra la dependencia de Salud podrían responder a una estrategia partidista de sus contrincantes de cara al proceso electoral del 2021: “como ustedes saben, en todos los procesos electorales se vale todo o se usa todo o hacen de todo […] yo creo que es un tema de distracción donde intentan presionar a alguien”, arguyó.
A pesar de la reciente información revelada por Ciudadanos Observando, la postura del secretario de Gobierno no ha cambiado mucho, pues en una entrevista este martes aseguró: “yo lo que he estado viendo es que la Secretaría de Salud está aclarando todos los temas y es algo interno de los Servicios de Salud”.
El secretario comentó en esta reciente entrevista que, hasta donde él sabe, la Secretaría de Salud se ha investigado y revisado dentro del marco legal, pero agregó que, si existiera una observación, esperaba que se resolviera en tiempo y forma.
LA AUTO AUDITORÍA NO BASTA
De acuerdo con Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ya está en proceso de planeación la revisión de la auditoría especial a la Secretaría de Salud que solicitó en días recientes la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado por la vinculación con el grupo empresarial Infinte, el cual dirige Gabriel Alan Salazar Soto, quien estaría ligado a las 19 razones sociales con las que tiene contrato la SSLP.
Tras el proceso de análisis en la ASE, y después de que esta emita una recomendación técnica, el Congreso del Estado estaría en posibilidades de enviar el caso de la Secretaría de Salud y sus contratos irregulares a autoridades sancionadoras como lo son la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control.
